La ampliación del catálogo de delitos meritorios de prisión preventiva oficiosa es un hecho que resulta lamentable para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) debido a que automatiza el encarcelamiento de cualquier persona acusada de un determinado crimen, sin permitir a un juez decidir conforme a las circunstancias de cada caso.
De acuerdo con el organismo, durante el proceso legislativo distintos organismos internacionales especializados advirtieron sobre la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado mexicano
Aplaude AMLO ampliación de catálogo de prisión preventiva oficiosa
Se trata de una figura que favorece el injusto encarcelamiento de las personas, lesiona el derecho a la libertad personal, violenta la presunción de inocencia, vulnera el derecho a la defensa adecuada, trastoca la independencia judicial y favorece la tortura y los malos tratos”, expone un comunicado.
En la Cámara de Diputados, tras 6 horas con 20 minutos de discusión, este 19 de febrero se aprobó, sin cambios, la minuta del Senado de la República que reforma el artículo 19 de la Constitución Política, para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
En adición, la ONU-DH alentó al Estado mexicano a adoptar medidas eficaces que permitan resolver los niveles de criminalidad e impunidad existentes.
En cuanto a la ampliación del catálogo, se refirió que la prisión preventiva oficiosa, además de ser una herencia negativa del sistema penal inquisitivo, debilita las capacidades de investigación del delito, la adecuada implementación del sistema penal acusatorio y la construcción de un auténtico Estado democrático de derecho.
De igual forma instó al favorecer la instrumentación de medidas alternativas a la privación de la libertad para las personas que no han sido condenadas en juicio, además de robustecer a la defensoría pública, combatir el retraso en los procesos judiciales, fortalecer la independencia judicial, mejorar las condiciones de detención y garantizar el derecho a la reparación integral a toda persona que haya sido injustamente encarcelada.
Los delitos que se adicionan al catálogo son nueve: uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento mediante actos corrupción, robo de hidrocarburos, feminicidio, abuso sexual contra menores, robo de casa habitación, robo al transporte de carga, desaparición forzada de personas y cometida por particulares e ilícitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
djh