Hidalgo (La Silla Rota).- Nueve militantes priistas de Hidalgo –cinco exfuncionarios de la administración del exgobernador Francisco Olvera Ruiz, y cuatro exalcaldes– enfrentan procesos por peculado, negociaciones indebidas y falta de comprobación de recursos por 1 mil 92 millones 189 mil 871 pesos.
Aunque consideró “no gratos” a dos sentenciados culpables, y aseguró que el resto no representa a su partido, el presidente del PRI en Hidalgo, Leoncio Pineda Godos, justificó que su dirigencia no inicia procesos de expulsión contra ellos por falta de una queja formal de las bases, las cuales, expuso, no han manifestado sentirse agraviadas por el desempeño del cargo que hicieron estas personas.
El líder estatal requirió una sentencia condenatoria para promover ante la Comisión de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI la pérdida de derechos como militante de los involucrados; sin embargo, aunque ya existen dos, delegó a un militante la responsabilidad de presentar el recurso de inconformidad para la expulsión, o a un externo que "como ciudadano” se haya sentido afectado por el ejercicio de gobierno priista.
“Vamos a proceder siempre y cuando haya alguien que dentro de nuestro partido nos haga saber que no es una persona grata”.
Así lo dijo a La Silla Rota el exdelegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato, cuando fue inquirido por qué no actuó contra Sergio Islas Olvera, director del sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, que se declaró culpable de negociaciones indebidas por 77 millones 919 mil pesos, el 13 de septiembre.
Islas Olvera, sentenciado a dos años seis meses de prisión por ese delito, y a pagar el monto imputado, sigue bajo otro proceso por peculado; sin embargo, el apoderado legal de RTVH, Carlos Arozqueta Solís, informó que, al haber aceptado su responsabilidad y debido a que su condena no supera los cuatro años, el Nuevo Sistema de Justicia Penal le permite enfrentar su situación jurídica fuera de prisión preventiva.
Carlos Becerril Vargas, exdirector de la Coordinación Financiera y Planeación de Radio y Televisión, también fue encontrado culpable de negociaciones indebidas por 500 millones de pesos; no obstante, en la audiencia del 14 de marzo de 2017 ofreció pruebas de corrupción para dar con otros posibles responsables. Cuatro meses después, el 18 de julio, la Policía Investigadora capturó en el Estado de México a Sergio Islas, su superior.
Entre prófugos y posibles culpables
Sustraído de la justicia –pero, según la Procuraduría de Hidalgo, buscado en 190 países por la Interpol– Pablo Pérez Martínez, subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Francisco Olvera, tiene dos órdenes de aprehensión por probables desvíos de 68 y 126 millones de pesos.
“Tendrá que proceder la justicia, detenerlo, juzgarlo, y tendremos que esperar que las leyes determinen (si existe culpabilidad)”, expuso el líder del PRI en Hidalgo al ser inquirido sobre el motivo por el cual no inician el procedimiento de expulsión.
El hijo del exsubsecretario, el también priista Pablo Pérez Velasco, que fungía como director de Administración de Recursos Materiales y Financieros de la Secretaría de Salud, fue a prisión preventiva al ser acusado de transferir 51 millones 209 mil 90 pesos de las arcas públicas a sus cuentas personales entre el 1 de mayo de 2011 y el 31 de agosto de 2015.
Asimismo, a José Antonio Turrubiarte Delgadillo, exdirector general de Recursos Financieros de la SEPH, se le imputa el presunto manejo irregular de 194 millones 795 mil pesos.
Leoncio Pineda, que emuló el discurso de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia de la República, sobre Javier Duarte, declaró que estos exfuncionarios “no nos representan, para nada”, y que “son más de 546 mil priistas que votaron en el último proceso electoral (para la gubernatura de Omar Fayad).
“Yo creo que no representan nada”, insistió, al tiempo que expuso que su partido “no se ha equivocado”, sino las personas que lo conforman, como estos militantes acusados por corrupción.
Sólo por los procesos abiertos contra los cinco exfuncionarios del gobierno de Olvera, el posible daño al patrimonio estatal asciende a 1 mil 17 millones 923 mil 90 pesos.
Los alcaldes que “ya no nos representan”
Cuatro expresidentes municipales son investigados por peculado y la presunta falta de comprobación de 74 millones 266 mil 781 pesos.
Contra el priísta Filiberto Hernández Monsalvo, que mandató en Mineral de la Reforma en el periodo 2011-2016, la actual síndico procurador municipal Johana Monserrat Hernández Pérez presentó el pasado 5 de junio una denuncia por presunto peculado de 23 millones 525 mil 393 pesos, por retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 850 trabajadores que, acusó, no fueron reportadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además de este caso, documentado en la carpeta de investigación 12-2017-07400 que inició la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, la Auditoría Superior del Estado (ASEH) denunció, el 3 de octubre, un posible daño a la hacienda pública por 15 millones 550 mil pesos, no justificados de la cuenta pública 2015.
Por faltante de un millón 724 mil 145 pesos en el mismo periodo, el ente fiscalizador también solicitó a la fiscalía el inicio de un procedimiento contra Jaime Allende González, exedil de Tula, inmerso en otra indagatoria por irregularidades en el manejo de 21 millones de pesos de las cuentas de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism); de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDEP), así como en el de Contingencias Económicas.
Esa denuncia, que interpuso la actual administración, a cargo de Gadoth Tapia Benítez, quedó asentada en la carpeta de investigación 16-2007-02041.
La Auditoría, de acuerdo con la diputada María Luisa Pérez Perrusquía, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, también promovió la acción penal contra los expresidentes municipales de Tepetitlán, Melchor Jiménez, y Fidencio Gachuz, de Santiago de Anaya –ambos emanados del Revolucionario Institucional–, por no acreditar la disposición de 4 millones 765 mil 331 pesos y 7 millones 701 mil 912 pesos, respectivamente.
Aunque los calificó como “personas no grata” para el priismo, el dirigente Pineda Godos insistió que no puede tomar la determinación de proceder estatutariamente contra ellos, “sin la queja ex profeso”.