Xalapa, Ver.- Policías de la Fuerza Civil de Veracruz no solo habrían torturado y sembrado armas a una familia estadounidense que celebraba el fin de año en una casa de Actopan. También construyeron una historia ficticia sobre la detención de siete personas para consignarlos ante un juez federal; versión que fue desechada por la Procuraduría General de la República (PGR) que terminó por liberar al grupo extranjeros.
LA SILLA ROTA tuvo acceso a una copia del Informe Policial Homologado (IPH) que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) redactó sobre estas detenciones, el cual describe supuestas detonaciones de armas largas provocadas por los siete hombres -tres de ellos menores de edad. Dicha versión terminó por ser desacreditada luego de que los estadounidenses dieran negativo en la prueba de Rodizonato de Sodio. Esto fue confirmado por una fuente de la Policía Ministerial de la Fiscalía de Veracruz.
Los hechos se registraron la noche del 31 de diciembre de 2018 en la comunidad de Santa Rosa, a unos 40 kilómetros de la capital, Xalapa. Los agraviados José Aniceto R, de 54 años; David R, de 24; Abraham R, de 58; Israel Kevin C, de 18; Héctor M, de 54; Abraham R, de 25, y Paul Sergio R, de 17, permanecieron detenidos 48 horas en el cuartel Heriberto Jara Corona bajo los señalamientos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Los siete hombres recuperaron su libertad luego de que, contrario a la versión de la SSP, demostraran que los uniformados ingresaron a su domicilio trepando cercas y bardas sin una orden de cateo, donde además agredieron a los ciudadanos americanos y despojaron de visas, pasaportes, dinero, alhajas y hasta bebidas alcohólicas.
Sobre este caso se le enteró a la Embajada de los Estados Unidos de América, misma que habría solicitado a las autoridades mexicanas la liberación de sus representados. Al respecto, el gobierno estatal, a cargo de Cuitláhuac García Jiménez, aseguró en un comunicado que la SSP abrirá investigaciones contra 10 oficiales para deslindar responsabilidades.
Una de las contradicciones más graves asentada en el Informe Policial es que los siete familiares fueron aprehendidos luego de que ignoraran una indicación de policías, quienes les marcaron el alto tras notarlos sospechosos por conducir una camioneta Toyota tipo Tundra con placas de California, Estados Unidos.
Según el Informe Policial Homologado, las personas realizaron al menos cuatro detonaciones al aire y posteriormente se dieron a la fuga por no más de 70 metros para finalmente refugiarse al interior de su domicilio.
Sin embargo, en una grabación hecha por parientes de los siete detenidos, se muestra que los elementos de la Fuerza Civil fueron quienes ingresaron a la propiedad privada interrumpiendo una celebración de Año Nuevo. Allí los policías sometieron a los estadounidenses y según la versión oficial aseguraron armas cortas, largas y cuchillos.
De esta manera, las armas supuestamente decomisadas sin permiso de portación -que fueron aportadas como pruebas ante PGR- perdieron validez al violentar las garantías de los ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con el artículo 16 “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, es decir, sin la presentación de una orden judicial.
En el Informe Policial, las autoridades también manifiestan que superaban 10 a 7 a los “sospechosos”, lo que provocó que todos pusieran sus armas sobre el suelo. No obstante, los policías consignaron actitudes violentas de los familiares y justificaron el uso de la fuerza pública, causándoles lesiones en el rostro, pecho y espalda.
“Mientras hacíamos -el aseguramiento de armas- uno de los masculinos que ahora sabemos se llama Paul Sergio R. se comenzó a comportar agresivo, forcejeándose y lanzándome golpes con el puño en la cara al suscrito Salvador de la Cruz Gabriel, logrando pegarme en el pómulo del lado derecho y en el forcejeo lesionándome la mano izquierda, por lo que ante tal agresión comencé maniobras para someter al sujeto y evitar que continuara agrediéndome, en ese momento los demás sujetos comenzaron de igual manera a comportarse agresivos, forcejando y lanzando golpes, por lo que se tuvo que hacer uso de la fuerza para lograr calmarlos y asegurarlos”, se lee en el Informe Policial.
La última contradicción en este aparente caso violatorio de derechos humanos fue desatada con una declaración del gobernador Cuitláhuac García, quien dijo en un evento público que si bien fueron encontradas armas en el domicilio de los extranjeros, estas eran destinadas para la “cacería de venados”, es decir para una actividad deportiva y no criminal.
El mandatario aseguró que los diez oficiales de la Fuerza Civil se encuentran bajo investigación “De inmediato lo que se hizo fue suspenderlos y están bajo investigación, hay un proceso que se inicia en Asuntos Internos para que se aclare esta situación”, expuso.
JGM