Xalapa, Ver. – El 19 de febrero de 2019, Edel Humberto Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presumió en medios de comunicación -incluidos dos de su propiedad- que el 90 por ciento de magistrados y consejeros había aceptado reducir sus salarios en respaldo a la política de austeridad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Pero solo se trataba de una verdad a medias. LA SILLA ROTA mediante el análisis de amparos federales y el acceso a recursos legales promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de una investigación descubrió que el magistrado y amigo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, 23 días antes ya había presentado una controversia constitucional contra la Ley de Austeridad replicada en Veracruz, por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Álvarez Peña también omitió mencionar que la aprobación de los magistrados y consejeros solo constaba en cartas compromiso, y que, no obstante, 15 de 26 togados promovieron amparos para que sus sueldos no fueran reducidos, entre 19 mil y 28 mil pesos.
Secretarios de Cuitláhuac ganan más que sus antecesores con Yunes
(Edel Humberto Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia)
Ello al considerar que los ajustes que contempla la Ley de Austeridad atenta contra la autonomía del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) y además es discriminatoria y priva el derecho de los magistrados de “progresar” profesionalmente.
El pasado 7 de marzo, Cuitláhuac García causó polémica al declarar que servidores públicos que representan organismos autónomos lo amenazaron con emprender acciones legales debido a que no aceptarían la austeridad republicana, comandada por el gobierno federal. El mandatario no reveló los nombres de estos funcionarios que, según él, oponen resistencia.
Metí la Ley de Remuneraciones (al Congreso local), la cual dice que nadie puede ganar más que el gobernador. Mi salario se había fijado en 57 mil pesos. Entonces me amenazaron de que la iban a suspender (…) Pegaron el grito en el cielo, pues unos (funcionarios) ganan más de cien mil pesos (mensuales); y empezaron a hablar”, dijo el morenista en entrevista.
LA SILLA ROTA presenta la cronología de acciones legales tomadas por 15 magistrados quienes se ampararon contra el gobernador veracruzano, el congreso local, el titular de la Secretaría de Finanzas y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que indica que nadie ganará más de 108 mil 656 pesos, percepción mensual de López Obrador.
Edel Álvarez: De la promesa de austeridad a la controversia ante SCJN
“Todo lo que sea para bien de Veracruz estamos de acuerdo”, dijo el presidente del TSJ, Edel Álvarez, tras ser cuestionado el 05 de diciembre de 2018 sobre la Ley de Austeridad Republicana propuesta por legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El 28 de diciembre se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, la cual incluye, entre otras cosas, la reducción de salarios y prestaciones en todas las dependencias, entidades y órganos de los poderes, incluido el Judicial, que es autónomo.
“Los ahorros y economías obtenidos con motivo de la aplicación de la presente Ley serán destinados a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado y demás leyes aplicables”, dice la Ley en su artículo 1º.
Con esta inercia, el 22 de enero de 2019, Edel Álvarez hizo público que, por acuerdo de los integrantes del Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial pondría en marcha el Plan de Austeridad 2019, que estaría acorde con la nueva realidad del país y en solidaridad con las medidas de austeridad impulsadas por los gobiernos federal y estatal.
Entre los ajustes, se contempló una reducción salarial del 20 por ciento a magistrados y consejeros, lo que generaría un ahorro de casi 100 millones de pesos que a su vez se usarían en apoyo de Infonavit y becas para hijos de los trabajadores del PJEV.
El salario mensual neto más bajo de un magistrado es de 132 mil 330 pesos y el más alto, que corresponde al magistrado Edel Álvarez, alcanza los 142 mil 363 pesos. Ello con base en el portal de Transparencia del PJEV.
No obstante, una fuente de ese organismo aclaró que el anuncio del titular solo se basó en cartas compromiso -de las cuales este medio posee copias- que firmaron los togados, pero que carecen de cualquier valor legal.
El Plan de Austeridad del PJEV, fue presentado formalmente un día después, el 23 de enero, como “una aportación muy importante de los servidores públicos para solidarizarnos con la política del presidente de la República y del gobernador de Veracruz en materia de austeridad y en lo que en estos momentos está reclamando el país”.
Sin embargo, el mismo 23 de enero, Edel Álvarez citó al Pleno del Tribunal Superior del Poder Judicial, en una sesión extraordinaria, donde los magistrados acordaron presentar una controversia constitucional contra esas medidas y fue dirigida el 29 de ese mes al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN.
Lo anterior, pese a que el 08 de enero de 2019 el propio pleno de la Suprema Corte acordó disminuir en un 25 por ciento los sueldos de cada uno de los 11 ministros en relación a lo presupuestado en el ejercicio fiscal de 2018.
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Pese a la solidaridad expuesta por Edel Álvarez con las iniciativas morenistas, el 28 de enero presentó la controversia constitucional 24/2019 contra Cuitláhuac García, su secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco y el Congreso local.
Mediante ese documento, del cual LA SILLA ROTA tiene una copia, Álvarez impugnó la Ley de Austeridad de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial del Estado bajo el número extraordinario 520, el 28 de diciembre de 2018, y contra el Oficio número SFP/189/2019, emitido por José Luis Lima Franco, en su carácter de titular de la Secretaría de Finanzas del Estado.
El también presidente de la Judicatura del PJEV, expone que la Ley de Austeridad violenta la autonomía e independencia judicial, toda vez que en su artículo 1 establece que “sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes del Estado de Veracruz, así como a los organismos públicos a los que la Constitución Estatal otorgue autonomía, en sus respectivos ámbitos de competencia”
Sobre los artículos 2 y 3, que convergen en que ningún servidor público ganará más que el presidente de la República y recibirá únicamente los beneficios del sistema público de seguridad social, el Poder Judicial expone que se vulneran los derechos a la igualdad de sus trabajadores, a la no discriminación, seguridad jurídica, principio de inmutabilidad salarial, principio de legalidad, de progresividad y prevención de violaciones a los derechos humanos.
La parte quejosa también se opone a lo dispuesto en los artículos 4,8,10 y 12, que prohíben la creación de plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado; restringe viajes oficiales, prohíbe la compra de boletos de viaje aéreos en servicio de primera clase, la contratación de servicios privados de autotransporte; la constitución de fideicomisos, fondos, mandatos o análogos, públicos o privados.
Todo ello, con la facultad otorgada a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (Sefiplan) para emitir y regular disposiciones administrativas.
Álvarez Peña solicitó a la SCJN conceder la medida cautelar de suspensión respecto de la aplicación de la Ley de Austeridad, para que los descuentos y desaparición de sus privilegios no surtan efecto en tanto no se resuelva de fondo la controversia
“El Poder Judicial busca protegerse de la subordinación de la presente someterle, con la cual se vulnera el principio de división de poderes, al limitarle su gestión presupuestal de manera arbitraria (…) Se correría el riesgo de ralentizar la justicia y frenar el desarrollo institucional, lo que perjudica a su vez lo pretendido por el artículo 17 constitucional”, argumentaron los magistrados.
Lo anterior, contrasta con las apreciaciones de la SCJN la cual expuso el 8 de enero en un comunicado que si bien, “las percepciones que reciben los Ministros no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros Poderes, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la SCJN ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece”.
Magistrados también promueven amparos para mantener sueldos
(Poder Judicial del Estado de Veracruz)
El 8 de marzo de 2019, Edel Álvarez, reiteró que la reducción de salarios a magistrados sigue en pie. No obstante, esta vez dijo que solo un 80 por ciento de magistrados aceptaron esta reducción de entre el 15 y 20 por ciento, es decir, entre 19 mil y 28 mil pesos. El resto de togados, dijo, “lo sigue analizando”.
“Los magistrados del Poder Judicial establecieron un programa en el que cerca del 80 por ciento aceptaron por voluntad propia descontarse un porcentaje de su salario”, declaró.
Esa fue otra verdad a medias. Pues de 26 magistrados y consejeros activos en el PJEV, 14 promovieron amparos ante la justicia federal para que sus sueldos y prestaciones no se vean reducidos.
Los togados amparados son: Alejandro Gabriel Hernández Viveros, Vicente Morales Cabrera, Amadeo Flores Villalba, Beatriz Rivera Hernández, Raúl Pimentel Murrieta, Martha Ramírez Trejo, Alberto Sosa Hernández, Roberto Dorantes Romero, Fluvio César Vista Pérez, Patricia Montelongo Guerrero, Lizbeth Hernández Ribbon, Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín, Carla Rodríguez González y Gladys De Lourdes Pérez Maldonado.
Un caso peculiar es el de la magistrada consejera, Carla Rodríguez González, quien el 4 de febrero ofreció una entrevista donde sostuvo que la austeridad en el Poder Judicial de Veracruz, específicamente el descuento del 20 por ciento a sus salarios era una medida acorde con la realidad que exige el país.
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Es importante destacar el esfuerzo que está realizando el Poder Judicial en todos los órdenes para optimizar los recursos y eficientar los gastos; la medida impulsada por el Magistrado Presidente ha sido bien recibida por los integrantes no sólo del Consejo sino también por los magistrados, pues coincidimos en la necesidad de sumarnos al llamado tanto del gobierno federal como estatal para optimizar recursos”, dijo Rodríguez González.
No obstante, a la par de sus declaraciones, ella y el magistrado consejero Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín, promovieron los juicios de amparo 74/2019 y 75/2019 ante el Juzgado 1ro de Distrito en el Estado, contra la iniciativa, promulgación, discusión, aprobación, expedición y publicación, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
Carla Rodríguez y Pedro Luis Clemente, se pronunciaron en contra de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, inciso c) y los anexos 23.1.2 y 23.1.3.; por cuanto hace a la fijación de las cantidades de $108,656.00 (Ciento ocho mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), $1, 663,050 (Un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos 00/100 M.N.) como tope de la remuneración neta mensual y anual respectivamente del presidente de la Republica; así como su ejecución. Se concede la suspensión definitiva.
Alejandro Gabriel Hernández Viveros, magistrado de la segunda sala en materia civil es el único de los 14 togados a quien le fue negada la suspensión definitiva, luego de no presentar argumentos suficientes en el juicio de amparo 90/2019 presentado ante el Juzgado 2do de Distrito en Veracruz, contra la Ley de austeridad del Poder Judicial del estado.
El resto de los magistrados recurrieron al Juzgado 1ro de Distrito: Vicente Morales Cabrera, magistrado de la Segunda Sala en materia civil, juicio de amparo 84/2019; Amadeo Flores Villalba, magistrado de la Tercera Sala en materia Penal, juicio de amparo 117/2019; Beatriz Rivera Hernández, magistrada de la Quinta en materia penal, juicio de amparo 117/2019; Alberto Sosa Hernández, magistrado de la Tercera Sala en materia penal, juicio de amparo 127/2019; y Fluvio César Vista Pérez, magistrado de la octava sala en materia familiar, juicio de amparo 133/2019.
Al juzgado decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz acudieron Martha Ramírez Trejo, magistrada de Sala del Tribunal Superior de Justicia, juicio de amparo 120/2019; y Gladys De Lourdes Pérez Maldonado, magistrada Visitadora de la Visitaduría Judicial, juicio de amparo 114/2019.
Los demás magistrados presentaron sus amparos ante el Juzgado decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz: Alejandro Gabriel Hernández Viveros, magistrado de la primera sala en materia penal, juicio de amparo 119/2019, Raúl Pimentel Murrieta, magistrado de la primera sala en materia penal, juicio de amparo: 119/201; Roberto Dorantes Romero, magistrado de la octava sala en materia familiar, juicio de amparo 120/2019; Patricia Montelongo Guerrero, magistrada de Sala de Responsabilidad Juvenil, juicio de amparo 121/2019; y Lizbeth Hernández Ribbon, magistrada de Sala del Tribunal Superior de Justicia, juicio de amparo 122/2019.
En una estrategia casi idéntica a la presentada por el magistrado presidente en la controversia ante la SCJN, los 14 togados se ampararon contra “La discusión, aprobación y refrendo de la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave particularmente la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 11 y 12 de la citada ley, al fijar el tope máximo mensual para los jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado en su carácter de servidores públicos, y los efectos que de ella deriven”.
EL PODER JUDICIAL DE VERACRUZ RESPONDE:
En relación al mensaje que hiciera llegar relativo al reportaje “de los sueldos de los magistrados del TSJ Veracruz”, se hace de su conocimiento lo siguiente:
1. El pasado veintitrés de enero del año en curso, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado, autorizaron el Plan de Austeridad 2019, el cual tiene como objetivo de eficientar y reducir el gasto publico, además de armonizar con el nuevo paradigma de gobierno.
2. El Plan de Austeridad 2019 para el Poder Judicial del Estado, si bien converge en la motivación, es completamente independiente del Poder Ejecutivo y Legislativo; es por ello que el descuento voluntario del salario autorizado por Magistrados y Consejos, no tiene relación con la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, ya que el mismo deviene del programa mencionado mismo que fue autorizado por los servidores públicos.
3. Los amparos que menciona, fueron motivados por la entrada en vigor de la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, publicada el día veintiséis de diciembre del año pasado, por el Congreso del Estado, misma que algunos Magistrados -cuyos nombres no son divulgados pues no cuento su autorización para ello- decidieron acudir al juicio de garantías al considerarla perjudicial su esfera de derechos humanos.
4. En dicho sentido, se reitera que El Plan de Austeridad 2019 para el Poder Judicial del Estado de Veracruz, no tiene vinculación jurídica alguna con dicha Ley de Austeridad de la que se duelen los ahora quejosos.
5. El Gobernador y el Congreso del Estado tienen conocimiento pleno de los amparos interpuestos pues al ser la Ley en cuestión propuesta y publicada por el primero y aprobada por el segundo, son autoridades responsables en los amparos referidos y son por ello notificados personalmente por las autoridades jurisdiccionales federales.
Atentamente
Licenciada Iresine Calzada Rivera
Coordinadora de Comunicación Social del
Poder Judicial del Estado de Veracruz
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