Antes de que arrancaran las campañas presidenciales, en noviembre de 2017, Andrés Manuel López Obrador presentó el proyecto de nación 2018-2024 de su partido, Morena.
El tema sobre migración estaba incluido en el apartado de la Comisión de Política y Gobierno, cuya titular era la ahora jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y se enfocó en que su gobierno insistiría en que no era un problema en sí, sino un fenómeno inherente a la humanidad misma.
AMLO LLAMA A UNIDAD DE NORTE Y CENTROAMÉRICA EN TEMA MIGRATORIO
Es decir, que buscarían no criminalizar la migración y, en cambio, se tendría que encarar a profundidad y con base en sus orígenes, como es la pobreza, la falta de oportunidades, la inseguridad, los conflictos y hasta el cambio climático.
Este martes AMLO sostuvo su primer encuentro con el mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, donde acordaron trabajar de raíz -tal como planteó hace 8 meses- en un programa de desarrollo y cooperación que ayude a frenar el fenómeno sin el "uso de la fuerza".
En el proyecto de nación 2018-2024, el punto 6 refiere que la Frontera Sur sería una prioridad migratoria, aunque se tenía la previsión errónea de que aumentaría el flujo de personas provenientes de El Salvador y Honduras, principalmente.
Ante la innegable presión de Estados Unidos por sellar el paso desde ese punto, las acciones se concentraron en renovar las estaciones migratorias y a su personal, suscribir convenios de
empleo temporal, crear un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec, así como impulsar caravanas de traslado seguro sin participación del gobierno.
Del plan del año pasado destacó que se pidió detectar a los migrantes deportados por Estados Unidos con perfil criminológico alto “para evitar su reinserción o absorción por la delincuencia organizada”.
Durante todo 2017, México presentó ante las autoridades a 36 mil 337 guatemaltecos. La cifra para este país de Centroamérica fue la más alta, incluso por arriba de Honduras (31 mil 349) o El Salvador (12 mil 074).
Dicha cantidad representa a los extranjeros que fueron llevados a las estaciones migratorias tras no acreditar su estancia en nuestro país, como consta en un informe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
Aunque en esta reunión no se abordó el tema, se había propuesto sustituir el Instituto Nacional de Migración por una Oficina Nacional de Migración y Refugiados, además de trasladar la Policía Migratoria a una sección especializada de la Policía Federal.
Otras acciones que destacaron son programas de integración digna de migrantes retornados, suscribir convenios de empleo internacional, que se extendería a los mexicanos que radiquen en Estados Unidos y Canadá, además de atención a grupos vulnerables.
También se pretende evaluar la eficiencia de los diversos programas, iniciativas y acciones gubernamentales en curso, como es el programa Paisano o los del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por mencionar algunos.
Otro punto que será álgido con el gobierno de Trump será por el planteamiento de apoyar en litigios en tribunales norteamericanos e instancias internacionales (ONU, OEA o CIDH) la defensa de los derechos humanos fundamentales de los migrantes.
Todo ello, sin dejar de lado el combate a las prácticas de corrupción en el trato a los migrantes nacionales y extranjeros, así como de mayor nivel de respeto a los derechos humanos que el
gobierno mexicano exige a los gobiernos extranjeros.
ams