Legisladores de Morena presentaron un acuerdo para que los titulares en Hidalgo de la Procuraduría de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Arroyo González y Blanca Sánchez Martínez, respectivamente, revisen el actuar de servidores públicos en el caso de comerciantes de Tlaxcoapan contra el edil Jovani Miguel León Cruz, la directora de Desarrollo Social del municipio, Rocío Adilene Acosta Hernández y la tesorera Julisa Ortega García.
El acuerdo elaborado por los diputados José Antonio Hernández Vera y Ricardo Raúl Baptista refiere lo siguiente:
El 12 de marzo de 2018 locatarios del mercado municipal de Tlaxcoapan individualmente aportaron 65 mil pesos a una cuenta bancaria a nombre del ayuntamiento para el proyecto del Inadem, convocatoria 1.4, para la rehabilitación y acondicionamiento de locales comerciales.
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Los comerciantes señalaron que Rocío Acosta les señaló que en caso de no aportar el dinero perderían el derecho de su local comercial, y que fueron presionados para contraer un préstamo con la financiera Desarrollo Progreso Familiar S. A. de C. V. SOFOM ENR.
El 8 febrero de 2019, el alcalde refirió al director de Gobernación región Tula, Gonzalo Hernández Hernández García, que los locatarios no son beneficiarios del proyecto para el cual se solicitó la aportación referida.
León Cruz se comprometió a devolver el recurso y liquidar los intereses producto del préstamo con fecha limite 5 de marzo de 2019, pero al cumplirse el plazo el edil no pagó.
El 8 de marzo de 2019, 14 locatarios iniciaron la carpeta de investigación 16-tlax-1-2019-236 ante la Unidad Tercera del Ministerio Público de Tlaxcoapan por los delitos de fraude, negociaciones indebidas y abuso de confianza contra el presidente municipal y la directora de Desarrollo Económico.
El 25 junio 2019, empezó la etapa de justicia restaurativa penal, en los juzgados de Tula.
El 4 de julio se registró en el expediente la documentación probatoria del fraude, proveniente de la Secretaría de Economía municipal, firmada por Jorge Martínez Ojeda, director de Análisis Legal.
El 2 de agosto, con oficio PGJEH/CJRP/SR/0924/2019, la subdirectora regional de Justicia Restaurativa dio por terminado el proceso, debido a la falta de voluntad de los implicados y el asunto de judicializó la carpeta de investigación y se radicó en la causa penal 155/2019, en el Juzgado de Control y Ejecución de Tula.
La audiencia inicial fue diferida en dos ocasiones, el 4 y el 20 de septiembre, luego de que los implicados no lograron llegar a un acuerdo mediante mecanismos alternos.
El 13 de octubre, se inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción por la malversación de 6.5 millones de pesos autorizados en 2017 por el Inadem al municipio de Tlaxcoapan para el equipamiento del mercado municipal, lo cual quedó radicado en el expediente MFEDC/UNIDAD2/007/2019.
El 18 octubre, por tercera ocasión la audiencia inicial fue diferida porque los imputados depositaron 330 mil pesos al mediador sin consentimiento ni acuerdo de las víctimas, además, la cifra fue inferior en comparación con el monto total de reparación de daño integral, por un millón 181 mil 7 pesos.
El juez de control señaló que procedería a retirar el dinero depositado, pese a que no había acuerdo entre las partes.
Los imputados se comprometieron ante el juez que iban a depositar 100 mil pesos más al término de la audiencia y que firmarían un acuerdo reparatorio con las víctimas; no obstante, los imputados se han negado a firmar acuerdo y no han realizado el depósito al que se comprometieron.
emh