El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, pidió no demonizar la publicidad oficial.
Cuestionado sobre la reducción de recursos para publicidad oficial anunciada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el periodismo es una institución de la democracia y si el nuevo presidente cree en la democracia, en la participación y en la rendición de cuentas, debe saber que fortalecer a la prensa es una cosa positiva.
PUBLICIDAD OFICIAL Y LA ¿NUEVA? RELACIÓN CON LOS MEDIOS
“Me parece que no hay que demonizar a publicidad oficial. El periodismo es primero una institución de la democracia y si un presidente, cualquiera, el nuevo cree en la democracia, en la participación y en la rendición de cuentas, bueno, fortalecer a la prensa es una buena cosa”.
Añadió que también un presidente debe saber que la publicidad oficial es un recurso importante para los medios, y aunque reconoció que el Estado no tiene la obligación de sostener a los medios de comunicación, tampoco un nuevo gobierno puede dejar de observar que si retira toda, muchos medios van a cerrar, muchos periodistas van a quedar sin trabajo y se va a debilitar la democracia en ese sentido.
Reconoció que había denuncias que la publicidad oficial se otorgaba de manera formal y a discrecionalidad, pero para evitarlo hay criterios como transparentarlo y auditar a los funcionarios encargados de darlo.
“Si bien había una denuncia, creemos que era justa, de un exceso en el uso de ese recurso, hay que racionalizar; segundo, además de la racionalización que no significa quitar todo el recurso de publicidad oficial a los medios, tiene que ver con la transparencia, cómo se asigna, pasar de un régimen de premio y castigo, o de amiguismo a uno transparente. Decir ‘bueno, vía lectoría, audiencia, piso local’. Hay varios criterios a nivel internacional que se pueden establecer, en el caso de México. Después, es que haya un mecanismo de transparencia y auditoría que no quede a discrecionalidad de un o unos funcionarios políticos, sino que haya un mecanismo de auditoría”, concluyó.
ams