Después de tres meses, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM) remitió a la Procuraduría General de la República, el expediente de los hechos registrados el pasado 22 de mayo en el municipio de Ecuandureo, en el que perdieron la vida 42 civiles y un elemento de la Policía Federal.
El expediente que entregará la procuraduría del estado a la PGR costa de pruebas periciales especializadas en medicina forense, criminalística, balística, química, incendios y explosivos; dactiloscopía, planimetría, mecánica de hechos, genética, fotografía, inspección ocular, ingeniería y reconstrucción de hechos.
La Fiscalía, puntualizó, que con este acuerdo, será el Ministerio Público de la Federación quien continúe con la investigación correspondiente, al estar involucrados elementos de las fuerzas federales.
Esta medida ya había sido advertida hace unos días por el gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, quién tajante advirtió que ya había dado carpetazo al “Caso Tanhuato”.
Los 42 civiles que murieron al interior de ese predio de 112 hectáreas, ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Zamora, han sido relacionados por las autoridades federales como integrantes del Cartel Nueva Generación (CJNG), que opera principalmente en Jalisco y que se ha extendido a Michoacán, Colima, Guanajuato y recientemente al Distrito Federal.
Al menos 39 de los muertos a tiros, eran originarios de Ocotlán, Jalisco, uno del municipio de Tala y los otros dos de Michoacán
De los 42 civiles muertos, falta uno por identificar quién a pesar de sus características corporales, no ha sido reclamado por sus familiares.
En su momento, el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, explicó, que en el lugar, las autoridades aseguraron ocho vehículos, seis de ellos calcinados, seis armas largas, dos armas cortas, un lanza granadas activado, un fusil 10 calibre 50, así como un número aún indeterminado de cartuchos útiles.
Esta versión ha sido contradicha por los abogados y familiares de las personas fallecidas, quienes si bien reconocieron que varios de los ejecutados a tiros trabajaban directa o indirectamente para el crimen organizado.
Con información de El universal
glc