Veracruz (La Silla Rota).- Una decena de candidatos en Veracruz tiene alguna investigación ministerial abierta o fueron denunciados por la presunta comisión de un delito. Los involucrados buscan tanto el Senado de la República, la diputación federal o van por la reelección, pese a que la representación ya no les garantiza el fuero Constitucional, pues ya se analiza eliminar dicha figura que hasta hoy los protege.
Sin importar las siglas partidistas, los candidatos fueron vinculados a una carpeta de la Fiscalía General del Estado (FGE )o la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la FEPADE, o ante instancias civiles, y en casi todos los casos se desconoce el estatus que guardan.
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Nombres como el de Juan Nicolás Callejas Roldán, Rocío Nahle García, Jesús Guzmán Avilés, Luis Daniel Olmos, Ernesto Cuevas Hernández, Francisco Manuel Martínez, se mencionaron en alguna investigación de las autoridades encargadas de procuración de justicia.
Candidatos al Senado tienen denuncias
La denuncia más reciente fue la que interpuso la diputada local Eva Cadena Sandoval contra Rocío Nahle, candidata de la primera fórmula al senado de Morena, a quien le esta exigiendo el pago de 10 millones de pesos, por concepto de reparación del daño.
A raíz de la publicación de videos en donde se ve a Eva Cadena recibiendo dinero a nombre de Andrés Manuel López Obrador, la entonces legisladora federal -según el dicho de Cadena Sandoval- inició una campaña de desprestigio, por lo que ahora pide que pague por difamarla.
Otro candidato que tiene un expediente abierto es el priista, Juan Nicolás Callejas Roldán candidato de la Coalición Todos Juntos por México. En junio de 2016, una sobrina del entonces coordinador de la fracción del PRI en la LXIII Legislatura, se manifestó en el Recinto Oficial de Sesiones.
La presunta agraviada acusó que el actual aspirante al Senado le pidió “las nalgas” para recibir su pensión por invalidez de parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
El señalamiento contra el priista derivó en una investigación al interior de la Fiscalía General del Estado, pues su “prima” lo acusó de haberla amenazado.
“Tengo más de 3 años enferma, soy hija del hermano del maestro Juan Nicolás, hija de Adolfo Callejas Arroyo (…); su hijo, Juan Nicolás Callejas Roldán, nunca tramitó ante Fianzas mi pago como enferma”, reclamó.
En mayo de 2017 los diputados locales intentaron iniciar juicio político contra el Fiscal General, Jorge Winckler, en ese sentido, el priista justificó que la “investigación” en su contra fue como represalia por querer separar del cargo al abogado de los veracruzanos.
En diciembre del 2017, en la comparecencia de la Glosa del Primer Año del Gobierno Estatal, el entonces titular de la Secretaría Infraestructura, Julen Rementería del Puerto, informó que, en su primera acción como funcionario estatal, fue tramitar un amparo, pues había una orden de aprehensión en su contra.
El entonces funcionario detalló que la instrucción de un Juez se giró en 2016 contra el titular de la SIOP, ante el incumplimiento en el pago de obras de la pasada administración.
Exalcaldes que buscan diputación federal también son investigados
En el caso de los candidatos a diputados federales, está el candidato del PAN-PRD-MC en el distrito de Tantoyuca, Jesús Guzmán Avilés, acusado de lesiones en 2007. Versiones periodistas informaron que el panista fue inculpado junto con Ricardo Camargo, por lesiones en perjuicio de Bernardino Monsalvo, según consta en el expediente 581.
Ese mismo año se abrió un segundo expediente contra los hermanos Joaquín y Jesús Guzmán (609) –presuntamente lesionaron a Ignacio Díaz–, y el mismo Jesús aparece también como acusado en la carpeta de investigación 555, por lesiones y amenazas.
El exalcalde priista Manuel Rosendo Pelayo, tiene en su historial varias denuncias por irregularidad administrativas. Entre las más publicitadas fue la acusación de su sucesor, el alcalde Octavio Pérez, que lo acusó de asignar un contrató de 36 millones de pesos para el cambio de luminarias a una empresa “fantasma”.
Además, forma parte de la lista de expresidentes municipales que no justificaron ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el manejo financiero del año 2017, por lo que en breve podría ser denunciado por el daño patrimonial por16 millones de pesos.
Diputados locales también tiene historial ante la FGE
El candidato del PRI-Verde a la diputación por Tantoyuca, Manuel Francisco Martínez, fue señalado autor intelectual del secuestro exprés del excandidato de MORENA a la alcaldía de Chicontepec, Gonzalo Vicencio Flores quien fue privado de su libertad en la elección del 2017.
El también dirigente de Morena en Tantoyuca, se presentó en el Congreso local -durante la comparecencia de Jorge Winckler Ortiz, Fiscal General, para exigir que se avance en las investigaciones.
En su defensa el diputado aseguró que los señalamientos en su contra eran políticos, pues encabezaba la preferencia del electorado en Tantoyuca y había rechazado la invitación del partido de izquierda para ser su candidato.
En la lista de panistas que tiene alguna investigación pendiente, esta Luis Daniel Olmos Barradas, quien busca la reelección por el distrito de Emiliano Zapata. Es acusado por el asesinato de Pedro Hernández Rivas, quien fuera su chofer.
El joven murió a finales de octubre de 2016 y como parte de las investigaciones dijo que existen indicios para considerar como móvil del homicidio la relación que éste tenía con la hermana del diputado, razón por la que recibió amenazas.
También se abrió una investigación en la que se involucraba al presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández, quien fue acusado por su compañera Cinthya Lobato Calderón de desviar los recursos de la bancada para sus casas de enlace.
Finalmente, el candidato del PRI-Verde por el distrito de Misantla, Ernesto Cuevas Hernández, fue acusado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié de conducir en estado de ebriedad, por lo que se le ha detenido en más de una ocasión en retenes de la SSP.
El legislador no fue remitido a los separos, sin embargo, se le acusó de usar “la charola” para evitar ser revisado por los elementos de seguridad.