PACHUCA.- En caso de que el Congreso de Hidalgo no legisle la participación de personas con discapacidad como candidatos a partir del proceso electoral 2021 –cuando se renovará la legislatura–, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) emitirá lineamientos al respecto, señaló el consejero Francisco Martínez Ballesteros.
Esto, durante un foro celebrado de manera virtual sobre la participación de este sector, en la que recordó que en noviembre de 2019 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Poder Legislativo establecer acciones afirmativas para garantizar que los ciudadanos en esta condición sean postulados a un cargo público.
Cabe recordar que debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma del 9 de septiembre de 2019 porque no se realizó una consulta indígena con respeto a los derechos de los pueblos originarios, los diputados tendrán que rehacer la ley antes del inicio del proceso comicial del próximo año.
Nosotros (los consejeros del IEEH) consideramos muy oportuna la inclusión de este tema y comenzamos a retomarlo cuando llegó el asunto de la pandemia y se quedaron truncos los trabajos. Estamos al pendiente de la determinación de la autoridad sanitaria. Nuestra petición al Congreso es retomar el tema de comunidades indígenas y la inclusión de personas con discapacidad”.
NORMA ES IMPOSTERGABLE: MAGISTRADO
En el foro participó Alejandro David Avante Juárez, magistrado de la Sala Toluca del TEPJF, sostuvo que la normativa en este sentido es “impostergable”; sin embargo, consideró que debe cuidarse no discriminar de manera indirecta, es decir, que se establezcan requisitos para comprobar quién puede ser postulado por una cuota para personas con discapacidad.
Sí resultaría más factible que existiera una ponderación por parte de los legisladores que incluyera qué condiciones se deben cumplir para poder ser considerados en este espacio y una acción afirmativa para que los partidos tuvieran que postular”.
Asimismo, consideró que, para incentivar la participación del sector en la toma de decisiones y la vida política, los partidos podrían destinar una parte de su financiamiento público a su capacitación, como ocurre con el 8 por ciento para la participación de las mujeres.
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