Monterrey, N. L.- Nuevo León agrava su crisis penitenciaria que se evidencia con recientes disturbios que permiten suponer la existencia de extorsiones y cobro de cuotas de piso al interior, en tanto en poco más de dos años han muerto 78 personas en los tres centros penitenciarios.
Ante ello, organizaciones civiles y de derechos humanos, así como el sector privado demandan solución al viejo problema que en la actual administración se agrava con al menos una veintena de sucesos en el interior de los reclusorios en lo que va de la actual administración estatal.
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Ante las protestas de internos de los penales de Apodaca y Topo Chico respectivamente, el 25 y 26 de septiembre, por el presunto cobro de cuotas y piso y el traslado de internos a otros centros penitenciarios la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas precautorias a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado pidiéndole que se les garantice la integridad y seguridad de las personas trasladas y al resto de la población penitenciaria.
Asimismo, se solicitó se informe de manera oportuna a los Jueces de Ejecución y a las familias de las personas privadas de la libertad que fueron trasladas al penal de Cadereyta, además de que se adopten las medidas necesarias e inmediatas, a fin de erradicar los riesgos de pérdida de la vida y de atentados a la integridad personal, tanto a las personas trasladas como a las que ya se encuentran en dicho centro.
Para Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos, hay preocupación la situación de violencia que se vive en Nuevo León que en dos años ha dejado 78 muertos en los penales en tanto se observa total falta de compromiso del Gobernador Jaime Rodríguez para garantizar la seguridad de la ciudadanía en general, y de manera muy lastimosa, las condiciones de los centros penitenciarios, en donde se han y siguen cometiendo graves y continuas violaciones a derechos humanos, explica la Hermana Consuelo Morales, que preside la citada organización.
“En tan solo dos años han ocurrido 8 eventos violentos que han dejado al menos 78 personas privadas de la libertad asesinadas y cientos heridas. Aunado a esto, todos los días las y los internos ven vulnerados sus derechos a una vida digna, a la alimentación, atención médica adecuada, a su integridad personal mediante el cobro de cuotas y amenazas, también son víctimas constantes de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones precarias en las instalaciones que viven”.
A esta grave situación, sumó la falta de transparencia y voluntad política de las autoridades estatales para atender la situación con base en la legalidad. “Los asesinatos, torturas, extorsiones al interior, no pueden, no deben quedar en la impunidad, ya que rompe todos nuestros anhelos de justicia y de reconocer nuestra fraternidad”, menciona Morales.
El sector privado, a través de la plataforma “¿Cómo Vamos Nuevo León?” ha demandado la exigencia de revisar el sistema penitenciario y mantener el control definitivo de los penales y al mismo tiempo respetar los derechos humanos. Comerciantes, industriales y patrones coinciden en que pareciera que se perdió el rumbo y los penales están sin control.
Durante el sexenio del anterior gobernador Rodrigo Medina (2009-2015) murieron 67 reos en los penales y en hechos entre 2010 y 2012, como un incendio provocado en el penal de Apodaca donde fallecieron 14 internos.
Al respecto, el gobierno estatal indica que se invierte en los tres penales para evitar hacinación y separar a los presos. Por tal motivo en el de Apodaca se destinan 890 millones de pesos en la ampliación y su equipamiento tecnológico, en tanto se buscan recursos para seguir con el proyecto de mejorarlos.
mvf