Con el Congreso en receso por la temporada estival, la actividad política en Chile estos días se centra casi exclusivamente en los preparativos para el 11 de marzo, día en que Sebastián Piñera (centroderecha) asumirá el Gobierno como sucesor de Michelle Bachelet. Sin embargo, un crimen con gran repercusión mediática reavivó un debate que parecía olvidado: la restitución de la pena de muerte, que se dejó de utilizar hace 30 años.
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Fue a finales de enero cuando la pequeña Sophia, de un año y 11 meses, murió tras los reiterados golpes y abusos de su padre. Aunque inicialmente la madre informó de que la lactante había sufrido un impacto accidental, los informes médicos preliminares dan cuenta de lesiones previas con intervención de terceras personas.
Según se supo en la audiencia en que Francisco Ríos Ríos fue acusado de parricidio y violencia intrafamiliar, él habría agredido a la niña aplastándola y dañando seis de sus órganos. Después de que el sujeto quedara en prisión preventiva mientras dura la investigación, la jueza Teresa Mora, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, explicó que si bien la pena de muerte está derogada en Chile, los tratados internacionales que impiden reinstaurarla plantean una excepción para países en los que sigue existiendo. "En el caso de Chile, como permanece vigente en el Código de Justicia Militar, se podría restablecer la pena de muerte", explicó la magistrada.
El fiscal que lleva la causa, el persecutor regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, se comprometió a conseguir la pena máxima para el autor del crimen de la pequeña Sophie.
En el caso del sospechoso del crimen de Sophie, el abogado Cruz enfatiza en que “si el autor tiene 20 años, estamos diciendo que no va a salir de la cárcel antes de los 60 años, si es que es condenado”.
De esta forma, podría estar más años y morir recluido, ya sea por causas naturales, como también ser víctima de un ataque debido al “código carcelario” donde los reos toman la justicia por sus propias manos en estos casos. Por lo mismo, Gendarmería debe tomar precauciones y aislarlo del resto de la población penal durante su condena.
La brutalidad del crimen contra la lactante generó malestar general en la ciudadanía de Chile e incluso se articuló un movimiento pidiendo una "Ley Sophia" que endurezca las penas a quienes agredan a menores de edad. Aunque rápidamente se empezó a difundir la idea de instaurar la pena de muerte para estos delitos, desde el movimiento que apoya una "Ley Sophia" se han empeñado en decir que ello sería "un retroceso" y, como explicó la vocera de esta agrupación Silvana Tobar en radio Cooperativa, se aspira a una cadena perpetua efectiva y la pérdida de beneficios carcelarios.
La idea de ejecutar a cierto tipo de criminales reabrió el debate. El exprecandidato presidencial y senador Manuel José Ossandón (derecha) manifestó su indignación por el caso en Facebook y planteó que "con la pena de muerte, los niños no volverán, el daño no se reparará, pero al menos con nuestros impuestos no alimentaremos a estas bestias ni existirá riesgo de fuga alguna", aunque reconoció que la moción es "imposible".
Pena de muerte en Chile (Tomado de BioBioChile)
Para Jorge Tarud (PPD), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, la cosa es no es tan simple. "En la Unión Europea ya no existe la pena de muerte y en América Latina sólo la tiene Cuba, entonces es un tema que está superado. Sería un retroceso enorme en términos de imagen como país. Sería volver a una práctica que es desechada por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Es algo tan del pasado, que nos dañaría".
El diputado Ignacio Urrutia explicó que es difícil porque hay que modificar la Constitución y, sobre todo, porque Chile tendría que analizar su permanencia en el Pacto de San José de Costa Rica o "Convención Americana sobre Derechos Humanos". Aún así defiende la idea.
El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha planteado su desacuerdo con la iniciativa. La vocera Paula Narváez, reconoció que esperan "las penas más altas" contra el agresor, pero clarificó que "la pena de muerte no resulta ser una medida disuasiva".
Especialistas se han pronunciado sobre el tema, Máximo Quitral, doctor en Ciencia Política explica que "El impacto puede limitar al país de cierta manera, en términos de pertenencia a organismos y más de algún actor internacional no vería con seriedad a las autoridades chilenas o la forma de hacer política en el país".
Sin embargo, en el hipotético caso que se repusiera la pena de muerte, esto no podría tener efecto retroactivo, es decir, no se podría aplicar al caso de Puerto Montt y otro delito perpetrado de manera previa a su entrada en vigencia.
mlmt