PACHUCA.– En Hidalgo suman 40 denuncias relacionadas con servidores públicos que cobran un porcentaje económico a los habitantes de la región Huasteca que son beneficiarios de programas federales para adultos mayores y discapacitados, informó Jesús Roberto Robles Maloof, titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Durante su visita al estado, el funcionario federal refirió que, de septiembre al 3 de diciembre de 2019, la SFP detectó 40 denuncias en Hidalgo de corrupción que involucran aquellos servidores públicos encargados de entregar dinero a los habitantes de la Sierra y Huasteca, como parte de los recursos que otorga el gobierno federal.
Robles Maloof abundó que esta práctica se conoce como “piquete de ojo”, toda vez que los funcionarios se quedan con aproximadamente 20 ciento de lo que le corresponde a los beneficiarios, principalmente del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas, que se otorga a los habitantes de zonas indígenas mayores de 65 años.
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Lo mismo ocurre con la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, dirigido a infantes y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad permanente, también para la población indígena discapacitada de hasta 64 años, quienes reciben 2 mil 550 pesos bimestralmente.
Es doloroso para la gente porque si el presidente (Andrés Manuel López Obrador) anuncia todos los días los montos, que se queden con 20 por ciento, es muy triste (…), les han cobrado o les han retirado un porcentaje de programa federal”.
Sin embargo, Robles Maloof enunció que hasta el momento dichas acusaciones no están ligadas directamente con Abraham Mendoza Zenteno, delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Hidalgo, ya que los funcionarios identificados “son los que entregan en el último tramo los recursos”; es decir, servidores de la nación o personal habilitado para dicha acción.
INDICIOS A LA SECRETARIA DE BIENESTAR
Las quejas de Hidalgo son parte de 3 mil 470 denuncias registradas a nivel nacional, de agosto a diciembre de 2019, acusaciones que detectó la Secretaría de la Función Pública y fueron notificadas a la Secretaría del Bienestar, que es el ente encargado de la operación de dichos programas federales.
Robles Maloof puntualizó que se requiere dar a las personas “íntegramente sus recursos” para posteriormente continuar con las investigaciones.
Sin embargo, el titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP dijo que, aunque estos hechos son de corrupción, no están considerados como “graves” a comparación de ilícitos como cohecho o desvió de recursos, ya que estos implican cantidades mayores de dinero.
Ante las irregularidades, Robles Maloof llamó a las personas a denunciar ante la Secretaría de Contraloría de Hidalgo o bien, a través de la plataforma de la SFP: Ciudadanos Alertadores de la Corrupción, cuyo objetivo es alertar actos graves de corrupción, violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual, en los que se encuentren involucrados servidores públicos federales.
ÍNDICE DE DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN
Jesús Roberto Robles Maloof indicó que las 3 mil 470 denuncias por actos de corrupción localizados en México superan los indicios de otros países; ejemplificó que lugares como Gran Bretaña tienen de 400 a 500 denuncias de este tipo al año. En tanto, una comunidad como Valencia, España, puede alanzar 105.
Jesús Roberto Robles Maloof, titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
(Fotografía: Lorena Rosas)
emh