Puebla, Pue.- El 3 de mayo del año pasado, los campesinos que lavaban sus cebollines en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, perteneciente al municipio huachicolero de Quecholac fueron confundidos por personal del Ejército Mexicano, quien según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ejecutó civiles y sembró armas en el lugar para justificar los hechos a través de una historia oficial.
Quecholac está ubicado a 90 minutos de la capital poblana y forma parte del denominado Triángulo Rojo, donde el año pasado se concentró la ordeña y comercialización de combustible robado, liderado en esa región por “El Toñín”, detenido en el penal de Tepeaca, según la versión de su primo, Alejandro Martínez Fuentes, presidente municipal electo que en la reciente campaña fue acusado de ser su hermano.
Mientras las autoridades federales y estatales expusieron que en los enfrentamientos niños y mujeres fueron utilizados como escudos humanos, la CNDH estableció que fue personal castrense el que abrió fuego contra una camioneta y su conductor, al cual un soldado terminó ejecutando.
La Comisión en la recomendación 12VG/2018 acreditó que militares y policías estatales solaparon la ejecución arbitraria de dos personas; el trato cruel contra 12 civiles, incluidos menores de edad; la detención ilegal de dos infantes y hasta manipularon un cadáver y sembraron armas a las víctimas fatales.
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LAS EJECUCIONES
Según la recomendación emitida, alrededor de las 22:00 horas del 3 de mayo del año pasado, miliares detuvieron a cinco personas que viajaban en una camioneta BMW, cerca de la esquina de la avenida Hidalgo y la calle 10 Norte, en la colonia La Inmaculada de la junta auxiliar.
Al bajar del vehículo, el conductor sin poderse sostener en pie fue trasladado a la acera por un miliar, identificado como AR54, donde le disparó y le colocaron armas para que pareciera un agresor.
Sin embargo, un soldado que también era parte del operativo, admitió ante el Ministerio Público Federal que la víctima no representaba riesgo alguno y desconocía por qué su compañero le había disparado.
Escuché un disparo de arma de fuego sobre mi costado derecho, cerca de mí, y al escuchar el disparo inmediatamente volteo (...) en esos momentos veo a (AR54) que le disparó…me dirijo hacia donde estaba (AR54) para preguntarle (...) porque había disparado en contra de la (persona) pero él se volteó a verme (...) y se dirigió hacia la esquina y en ese momento se fue."
La segunda persona ejecutada, de acuerdo con la CNDH murió al interior de una camioneta Lincoln, Navigator, la cual fue rafagueada para detener su marcha, pero la víctima fue ultimada por un militar.
(El civil) Permaneció en el interior del vehículo en cita, el cual fue rodeado por elementos del Ejército Mexicano, advirtiéndose que el militar que se ubicó en la ventana posterior del lado derecho, presumiblemente colocó su arma de fuego en una ranura ubicada en la parte superior y disparó en contra."
Tras las indagatorias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que el cuerpo fue manipulado.
LO OFICIAL
El 3 de mayo, de acuerdo con el parte oficial, los dos enfrentamientos en la junta auxiliar arrojaron un saldo de 10 muertos -4 militares y 6 civiles (entre ellos un adolescente y una mujer)-; 26 heridos -11 militares, un policía estatal y 14 civiles- y 13 detenidos –incluidos cuatro menores de edad.
Los soldados asesinados fueron identificados como Rolando Martínez Hernández, Máximo Maya Hernández, Miguel Vázquez Álvaro y José Manuel Larumbe Rayón, el último, con sólo siete meses de servicio.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional y las autoridades estatales, hubo dos enfrentamientos la noche del miércoles 3 de mayo. El primero a las 20:15 horas con dos militares muertos y un herido, cuando los presuntos delincuentes usaron de escudo a mujeres y niños.
El segundo ataque fue a las 22:00 horas en inmediaciones del poblado, luego de que personal militar realizara un reconocimiento en la zona. El Ejército afirmó que su personal fue agredido con disparos de arma de fuego lanzados desde cinco camionetas, tres blindadas.
En su momento, los pobladores negaron que hayan sido ellos los agresores e indicaron que soldados dispararon cuando un grupo de campesinos huía de un enjambre de abejas. Momento en que los confundieron con huachicoleros, incluida una mujer de nombre Alejandra que fue asesinada.
LA OTRA HISTORIA
A diferencia de lo descrito por la Sedena y las autoridades locales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso en la recomendación 12VG/2018 que dos hombres fueron ejecutados de manera arbitraria y otros 12 fueron privados de la libertad con crueldad. Además de la violación de los derechos de dos menores de edad.
Posterior al enfrentamiento, un video circuló por redes sociales, donde se observó la ejecución de un civil por parte de un soldado de nombre José, quien fue detenido y liberado en junio del año pasado.
Y, aunque en tribunales no validaron el video, ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos expone que además de las ejecuciones, el Ejército sembró armas y manipuló la escena del crimen al mover el cuerpo, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.
También instancias como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría General de la República (PGR), la otrora Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Puebla incurrieron en ilegalidades.
DETENCIONES MANIPULADAS
De los enfrentamientos 13 personas fueron detenidas, incluidos 4 menores de edad, pero las instancias competentes no lograron acreditar la responsabilidad penal de seis, porque no hubo orden de aprehensión previa ni elementos para justificar las aprehensiones.
Uno de los adolescentes, fue acusado de circular por la zona en una motocicleta vinculada al enfrentamiento, pero el organismo autónomo estableció que lo bajaron de una camioneta Ford Ranger sin que hubiera motivos que justificaran su detención.
Otros dos jóvenes fueron acusados de incitar a civiles a privar de la vida a los militares, pero al final se desvirtuó el actuar de los menores y no pudieron ser acusados penalmente, describe la CNDH.
Incluso, horas después del enfrentamiento, pobladores de Quecholac cerraron la autopista Puebla-Orizaba para exigir la liberación de los detenidos que, argumentaban, no tenían nada que ver con las historias narradas por las autoridades.
Incluso, hubo menores de edad aprehendidos la mañana del 4 de mayo y presentados al Ministerio Público casi un día después, lo que es violatorio a los derechos de los niños.
RECOMENDACIONES DE LA CNDH
- Al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda y al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad les pide reparar el daño a todas las víctimas, considerando indemnización y asistencia médica y psicológica. Además de colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal responsable de manipular el cuerpo de una víctima y colocar armas deliberadamente.
- Al gobernador de Puebla implementar políticas públicas para combatir el crimen en la “franja del huachicol”.
- A la PGR, continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones. Además de abrir la carpeta de investigación contra personal militar, actualmente reservada.
- A la FGE colaborar en el procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de 4 menores de edad. Y continuar la investigación por el asesinato de tres personas.
- Al TSJ colaborar en la queja ante la Comisión de Disciplina de dicho Tribunal por las imprecisiones observadas en las necropsias que peritos practicaron a 9 cadáveres.
- A Pemex coadyuvar en la investigación sobre los servidores públicos que autorizaron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan.
mlmt