Obra pagada, mas no ejecutada; trabajos inexistentes o que no cumplen con especificaciones de contratos; material faltante y servicios cobrados de los cuales no existe evidencia, son irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la construcción de cuatro hospitales en Guanajuato, Chiapas, Durango y Yucatán, en los cuales presume un posible daño al erario público por 170 millones 383 mil 881 pesos.
Del dinero por el que exige aclaración o reintegro 59% fue destinado a la edificación del Hospital General Regional de 250 camas en León, proyecto en el que identificó un pago de 100 millones 403 mil 200 pesos que efectuó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por concepto de factor de actualización, sin acreditar que éste se calculara conforme al artículo 59 de la Ley de Obras Públicas.
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Además, pidió al IMSS que justifique 98 mil 793 pesos que la empresa de supervisión externa que contrató cobró por Mantenimiento y Renta, Fletes y Acarreos, Gastos de Oficina, así como Trabajos Previos y Auxiliares, ya que el personal realizó una inspección física del 20 al 22 de marzo de 2018 y constató que la compañía se había instalada en el área de cafetería del nosocomio.
Este presunto uso indebido del erario fue documentado en la auditoría 253-DC, una de cinco que consultó LA SILLA ROTA para cuantificar el probable daño al patrimonio federal destinado a población que requiere servicios médicos, y que son parte de la primera entrega de la Cuenta Pública 2017, cuyo informe presentó la ASF el 29 de junio a la Cámara de Diputados.
En la cimentación del Hospital de Especialidades en Gómez Palacio, que incluye área de oncología, el órgano fiscalizador constató que el gobierno de Durango autorizó 44 millones 30 mil 698 pesos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato de obra SECOPE-CNPSS-ED-153-15.
Por ello, con base en las observaciones de la auditoría 833-DS-GF, solicitó a la Contraloría del Estado que investigue y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y pagaron este monto.
En la inspección que hizo al dinero destinado a esta obra, también descubrió un gasto de 627 mil 884 pesos por el suministro y colocación de un despachador de jabón, de sensor, de la marca SLOAN, modelo SJS-1050; no obstante, éste no posee sensor, sino que es mecánico.
Por más servicios de los cuales no hay documentación, como aplicación de impermeabilizante con durabilidad de 12 años, cuyas características no coinciden, además de que –apenas aplicado– “está levantándose de la superficie y ya efectuaron reparaciones”, aunado a penas convencionales no aplicadas por incumplimiento de contratistas, la ASF reclamó 12 millones 372 mil 153 pesos más.
Dos auditorías, 243-DS y 665-DS-GF, dan cuenta de presuntas anomalías por 4 millones 549 mil 711 pesos y 879 mil 612 pesos en las que habrían incurrido el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el gobierno de Chiapas durante la construcción del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez.
A este último, el ente federal pide justificación de tres elevadores contemplados dentro de telecomunicaciones especiales del contrato SOPyCOBRA-2016-001 F, pero que no están colocados, mientras que al ISSSTE demandó reintegro o comprobación por cantidades de obra estimadas y pagadas contra lo realmente ejecutado en el contrato DA-SOC-C-039-2013, que incluyen muebles de madera y el panel para terapia intensiva; además de la aplicación de penas convencionales a contratistas incumplidos, que no realizó.
En tanto, en Mérida, por el Hospital Materno Infantil de 160 camas, demanda 7 millones 421 mil 832 pesos al Poder Ejecutivo de Yucatán por cobrar, pero no ejecutar, conceptos como colocación de luminarias, lo cual suma a diferencias entre la calidad de productos pagados y los que recibió, de acuerdo con la auditoría 1518-DS-GF.
JGM