Ninguna persona en su sano juicio podría considerar negativa la decisión de procesar penalmente a los servidores públicos que han cometido delitos relacionados con la corrupción.
Procesar a ex funcionarios delincuentes con apego a la legalidad fortalece al Estado de Derecho y debe permitir la recuperación de los recursos públicos desviados. Es, además, la única manera de recomponer al país, agraviado por la rampante corrupción que deja la administración de Enrique Peña Nieto.
Suponer que la acción legal apegada a derecho generará inestabilidad al grado de determinar que es más conveniente no proceder, implica reconocer que las instituciones del Estado son sumamente débiles o de plano inexistentes. Y también que la administración federal que comenzará está a merced de dicha corrupción.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador parece ignorar que —como presidente constitucional— no tiene facultades para "perdonar" a quienes eventualmente han delinquido, así que el resultado de la encuesta que propone para indagar si procede o no en contra de los ex presidentes es irrelevante y sólo constituye un instrumento de engaño de la opinión pública.
Es facultad y obligación del Ministerio Público investigar la comisión de delitos, a partir de que tiene noticia de ellos; y de iniciar el ejercicio de la acción penal ante tribunales. La intervención del presidente de la República para "frenar" una determinada investigación implicaría la invasión de competencias y, en sí mismo, un acto de corrupción idéntico al que el presidente electo se ha propuesto erradicar.
De allí la importancia y la urgencia de que el país cuente con una fiscalía autónoma, cuya designación de su titular no esté amarrada a los afectos del presidente, por más que divulgue a los cuatro vientos la supuesta imparcialidad de quien la encabece.
Quizá por ello ha cambiado su discurso y ha dicho ahora que someterá a consulta pública la posibilidad de proceder penalmente contra los ex presidentes de la República, desde 1988 hasta la fecha.
Si la mayoría de los votantes se manifestara a favor de que el presidente de la República procediera legalmente contra los ex presidentes, López Obrador se encontraría impedido de hacerlo en la mayoría de los casos, en razón de que muchos de esos supuestos delitos ya han prescrito.
Pongamos como ejemplo el delito de abuso de autoridad, descrito en el artículo 215 del Código Penal Federal, por el que —de probarse en algunos de sus supuestos— el servidor público imputado recibiría una sanción de dos a nueve años de prisión. La prescripción para dichos delitos sería de menos de cinco años, de lo que se concluye que los delitos cometidos en sexenios anteriores a Enrique Peña Nieto simplemente habrían prescrito.
La investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, corresponde al Ministerio Público, por lo que los dichos del presidente electo sólo pueden ser interpretados como un peligroso intento de invadir atribuciones que no le corresponden, o bien de forzar a que el propio MP se comporte de manera ilegal, al frenar investigaciones a petición del titular del Ejecutivo.
Presiones y compromisos
Por si fuera poco, López Obrador, también reconoce y acepta que estará a merced de otras dos fuerzas antagónicas, con quienes pretende un pacto de impunidad: la primera, los empresarios.
Algunos de ellos beneficiarios del erario, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego, cuya falsa filantropía ha sido documentada por Quinto Elemento Lab, mediante una investigación en la que se asegura que ha recibido “cientos de millones de pesos de recursos públicos que provienen del Congreso, de secretarías de Estado, de empresas públicas, de más de 20 gobiernos estatales y de un puñado de municipios”. Salinas Pliego ha sido invitado a fungir como asesor del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Apenas el viernes pasado, el presidente electo acudió a develar una placa en el evento del 25 aniversario de TV Azteca; desde luego, lo hizo acompañado de Esteban Moctezuma Barragán, ex presidente ejecutivo de Fundación Azteca y próximo Secretario de Educación Pública, lo que evidencia el interés de Salinas Pliego por intervenir en el ámbito de la educación durante el próximo gobierno, sin importar el hecho de que éste ha formado parte de la cadena de corrupción que López Obrador asegura que combatirá.
El segundo caso —más grave aún— es el de la delincuencia organizada, a quien López Obrador ha ofrecido amnistía, a pesar del reclamo de cientos de familias que se ha visto afectadas por este flagelo al perder a sus seres queridos. Desde luego, su perspectiva del problema ha cambiado a partir de escuchar de viva voz el reclamo de los ofendidos.
A escasos días de iniciar la nueva administración federal sólo se percibe un conjunto de ocurrencias, la ausencia de proyectos lo suficientemente evaluados, el desinterés por investigar y proceder legalmente contra la delincuencia organizada y contra servidores públicos de cualquier nivel y la convivencia con empresarios más interesados en lo suyo —que es el dinero— que en sacar a flote este país que va a la deriva.