El primero de diciembre de 2012 en la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, también asumía su cargo como diputado Ricardo Monreal. Furioso, manoteó y calificó al Poder Judicial de ser una “justicia putrefacta”, ahí estaba presente el Ministro Arturo Zaldívar… nueve años después, su discurso dio un giro de 180 grados y todo lo que entonces criticó, ahora apoya.
El jueves pasado en la sesión del Senado, Monreal exigió calma y serenidad ante el desbordamiento de reclamos cuando se aprobó en la Cámara Alta un artículo transitorio de la Reforma al Poder Judicial que ampliaba por dos años más el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.
El madruguete que se orquestó de manera magistral bajo la complicidad de Arturo Garita, secretario de Servicios Parlamentarios del Senado, puso en jaque al poder político y judicial mexicano; la medida, incluso, sorprendió a varios de los Ministros de la Corte.
El mismo Ricardo Monreal admitió que sabía de la maniobra un día antes. Entre los legisladores hay la certeza de que se planeó para que los senadores no tuvieran tiempo de conocer el contenido de la reserva, la que por cierto, nunca se discutió en comisiones ni se incluyó en el orden del día.
Pero lo que más sorprendió fue la respuesta del presidente López Obrador quien defendió la ampliación en el periodo de Zaldívar, cuando él mismo 5 años antes -–el 3 de noviembre de 2016– como dirigente de Morena, presentó una Controversia Constitucional para impugnar una ampliación en el plazo de cuatro de los siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En esa época, por cierto, el primero que votó en contra de ampliar el plazo fue el ahora presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. La pregunta es ¿recordará el Ministro que hace casi 5 años consideró inconstitucional la medida? ¿Qué respondió cuando se le propuso la ampliación de su mandato?
Lo que sí es una realidad es que por la gravedad del asunto, sentará un mal precedente para el presidente de la Corte y para los diputados que apoyen la medida, que a todas luces atenta contra el estado de derecho y la injerencia del poder Legislativo sobre la actuación del poder judicial.
Muerta, la propuesta del padrón de usuarios de celulares
Otra de las propuestas que nacerá con pocas expectativas de sobrevivir es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. A pesar de que ya se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal no cuenta con los recursos para ponerlo en marcha, ya que su costo estimado es de mil millones de pesos sólo para el arranque y cerca de 200 millones de pesos al mes para mantenerlo.
Sólo por dimensionar el tema, el presupuesto del Instituto Federal Telecomunicaciones (IFT) es de alrededor de 1,500 millones de pesos para el 2021 que incluye toda la operación del organismo. Los únicos países que cuentan con una medida similar a la que se aprobó son: Venezuela, China y Arabia Saudita.
El padrón obliga a las empresas a recabar: el número de línea telefónica móvil, fecha y hora de la activación de la línea en la tarjeta SIM; nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario; nacionalidad; número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea.
También se agregarán datos biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el instituto; domicilio del usuario; datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados; esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea pospago o prepago.
Así las cosas…