Opinión

Zaldívar, el ministro alineado

Los pronunciamientos del presidente de la SCJN vulneran la división de poderes, por más que los haga a título personal. | Adolfo Gómez Vives

  • 30/12/2019
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Dos elementos del Informe Técnico de la Investigación iniciada sobre el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, elaborado por la Secretaría de la Función Pública, adelantaron lo que sería su infortunada conclusión: el primero, el “apego a la legalidad” por cuanto a que Manuel Bartlett sólo sería investigado a partir del 1o de diciembre de 2018 —fecha en que asumió el encargo— y el segundo, el sostenimiento de la afirmación relativa a que entre el titular de la CFE y su pareja sentimental no hay concubinato ni matrimonio, por más que dicha “afortunada relación” —como la calificara en un tuit el propio Bartlett— exista desde hace más de 20 años.

Si ocurriera que un servidor público federal dejara de trabajar, por la razón que fuera y luego de algunos años decidiera volver al gobierno, pero dicha persona hubiera omitido elaborar su declaración de conclusión del encargo anterior, Función Pública lo sancionaría, lo que demuestra que su apego a la legalidad es convenenciero.

Ocurre lo mismo en asuntos como las consultas públicas llevadas a cabo por la Secretaría de Gobernación en relación a temas como la termoeléctrica de Huexca, Morelos, que se han realizado sin apego a los preceptos establecidos en la fracción VIII del 35 constitucional y, sin embargo, nadie ha sido sancionado por dichas prácticas.

Función Pública confió en la “buena fe” de Manuel Bartlett, quien acreditó su residencia en un determinado lugar, mientras su pareja sentimental lo hizo en otro, con lo que llegó a la conclusión de que no se encuentran en el supuesto de concubinato y, con ello, no entró al fondo del estudio relativo al origen de los bienes.

En este contexto, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea tuiteó el 22 de diciembre que “no me corresponde pronunciarme, ni siquiera indirectamente, sobre un asunto tramitado en instancias de otro poder”; palabras que constituyen un claro pronunciamiento en torno de la actuación de Irma Eréndira Sandoval, a quien se refiere como “mi amiga”.

El tuit del ministro Zaldívar no es ingenuo en modo alguno. Desde luego que su intención es mandar un claro mensaje relativo a su alineamiento al gobierno de López Obrador. Jamás se manifestó respecto del congelamiento-descongelamiento de las cuentas del ex ministro Eduardo Medina Mora, como mecanismo de chantaje para que renunciara.

Por el contrario, Zaldívar Lelo de Larrea es claro al hacer patente su “afecto y respeto” a quien se encargó de cuadrar una indagatoria de carácter administrativo que derivó en la exoneración del ex secretario de Gobernación y actual titular de la CFE.

Si quedaba duda de dicho alineamiento, el ministro Zaldívar volvió a manifestarse en twitter respecto de los señalamientos del expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, quien calificó a López Obrador de “cobarde”, “cínico”; “sumiso” y “servil” ante Donald Trump y Nicolás Maduro.

Pretende el ministro que “cuando se ataca e insulta al Jefe del Estado Mexicano, todas y todos los mexicanos debemos estar unidos”. Ello, desde luego, sin considerar que en los argumentos mañaneros de López Obrador hay suficientes elementos que no juegan en torno de la unidad nacional, sino de su división, como lo son “conservadores”, “fifís”, “fantoches” y “corruptos”, entre otras linduras.

Muy lejos de defender la constitucionalidad y los derechos humanos, al ministro Zaldívar le ha dado por pronunciarse en relación a temas que no caen dentro de su esfera competencial, por más que alegue respetar “la independencia judicial y la división de poderes”. En estricta legalidad, la defensa de los “agravios” contra López Obrador vertidos por el expresidente boliviano, corresponde al secretario de Relaciones Exteriores y no al ministro presidente de la Suprema Corte.

Haría mejor en guardar sus argumentos para cuando tenga que entrar al estudio de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Es allí a donde deberá demostrar que no es un ministro alineado, como lo ha dejado ver en sus afectos a la titular de la Función Pública y en su defensa al titular del Poder Ejecutivo.

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