En México, como sucede en varios países del mundo, la historia ha estado marcada por diversas expresiones de violencia y discriminación en razón de género, presentes de manera estructural en diversos planos sociales. Así, desde la infancia de las mujeres, el camino para su desarrollo está trazado cuesta arriba, de manera diferenciada con respecto a las circunstancias de los hombres, lo que provoca que las capacidades y oportunidades de la mitad de la población se vean limitadas por condicionantes que se encuentran fuertemente enraizadas en prácticas, conductas y esquemas sociales.
El colectivo femenino ha dado la lucha por cambiar este entorno, en un esfuerzo continuo que le ha permitido obtener el reconocimiento del derecho al voto, el acceso a la educación universitaria y su inclusión en el mercado de trabajo, cuestiones que hasta hace unas décadas le eran vetadas o regateadas. Sin embargo, los avances se distinguen por ser restringidos en aspectos esenciales, por ejemplo, los casos de violencia política hacia las mujeres que resultan en la erosión del ejercicio de sus derechos político electorales; la sub-representación femenina en los puestos de mando tanto en el sector público como en el privado; y la brecha salarial que persiste entre hombres y mujeres.
Además, aún hay un amplio listado de pendientes por atender en materia legal, cultural e institucional. Algunos ejemplos son la doble o triple jornada; los esquemas que atribuyen la obligación reproductiva y sexual a las mujeres; y la alarmante violencia feminicida que ha escalado en los últimos años. Ante esto, es tiempo de integrar una agenda más prolija y ambiciosa en materia de igualdad, que permita incidir de manera efectiva en las formas como nos conducimos socialmente en las relaciones de género y en sus vinculaciones con los ámbitos social, económico y político.
Recientemente han tenido lugar ciertos eventos que pueden constituir una base para propiciar la necesaria transformación en la materia. El pasado 21 de noviembre, el Presidente López Obrador firmó el Acuerdo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual contiene seis puntos para poner en el centro de la 4T a las mujeres y niñas, particularmente aquellas más pobres; además de que se plantean propósitos de mejorar las condiciones laborales, educativas y de salud, en un contexto de cambio cultural orientado hacia la igualdad entre hombres y mujeres.
Las enunciaciones del Acuerdo requieren ser dotadas de contenido, de acciones y metas, con indicadores que permitan verificar su efectividad para cambiar el carácter desigual de la realidad nacional cotidiana. En este sentido, una acción concreta tuvo lugar el 25 de noviembre, cuando la Secretaria de la Función Pública presentó las mejoras a los protocolos para atender el hostigamiento y el acoso sexual en la Administración Pública Federal, en los que ahora se incorporan mecanismos efectivos para combatir y castigar la violencia hacia las mujeres, en lugar de limitarse a prohibirla, mediante la actuación de los órganos internos de control en las dependencias federales.
A nivel local es de reconocerse también la decisión de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México de decretar la Alerta por Violencia en contra de las mujeres en la CDMX, con cinco acciones esenciales que implican el envío de una iniciativa de ley al Congreso local, para crear el Registro Público de Agresores Sexuales con sentencia firme; la emisión de un exhorto al mismo legislativo para que sean aprobadas la iniciativa Olimpia, que establece consecuencias penales para quien comparta imágenes íntimas de una persona sin su consentimiento, o bien acose a través de medios digitales a mujeres –propuesta que acaba de ser aprobada a nivel federal en la Cámara de Diputados y turnada a la de Senadores-, y la iniciativa de la Ley para la creación el Banco de ADN de agresores sexuales; otorgar mayor presupuesto en el siguiente ejercicio fiscal para mejorar los Centros de Atención Integral para las Mujeres; profesionalizar y certificar al personal relacionado con la procuración de justicia que atiende delitos de carácter sexual e, incrementar el número de acciones relacionadas con el programa Senderos Seguros: camina libre, camina segura, que busca mejorar la seguridad y la infraestructura de espacios públicos con mayor afluencia de mujeres.
Otro aspecto resaltable de la coyuntura actual, se refiere a la ocupación de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En marzo del año en curso, el Senado de la República nombró a Yasmín Esquivel Mossa como ministra en el máximo tribunal. Recientemente, el titular del Ejecutivo decidió enviar a consideración de la misma cámara una terna integrada por tres juristas mujeres, con la intención de cubrir el lugar dejado por Eduardo Medina Mora. De esta forma, la integración de la más alta instancia judicial, encargada de velar por la regularidad constitucional y la vigencia de las libertades de las personas, se estaría orientando hacia la paridad, algo sin duda significativo material y simbólicamente.
Es importante hacer notar que estas acciones se dan en un marco de constantes reivindicaciones de las mujeres que, mediante marchas, comunicados y exigencias se han posicionado ante un escenario nacional que ofrece alarmantes datos, que, según el INEGI, arrojan que de 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, el 66.1% (30.7 millones), ha enfrentado violencia de algún tipo por lo menos una vez en su vida; y que en 2018 se registraron 3 mil 752 homicidios de mujeres, el número más alto registrado en los últimos 29 años, que implica 10 mujeres muertas diariamente a consecuencia de agresiones intencionales.
Ante las cifras, es fácil entender la exigencia e, incluso, el malestar y el enojo que se expresan desde algunas posiciones de colectivos de mujeres al marchar. La visibilidad de los problemas que tienen que ver con la desigualdad de género en nuestro país ha logrado posicionar el tema en la agenda social y merece la respuesta inmediata de las instituciones. Las mujeres merecemos un cambio positivo ya.