Un desafortunado momento del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, vino a confirmar lo inoportuno del nombramiento, luego de dos años de su mandato en designar a Virgilio Andrade Martínez como titular de la Función Pública, cuando seguramente pensando que se encontraba fuera de micrófono, se alcanzó a escuchar que dijo: “Ya sé que no aplauden”, en referencia a los asistentes a la rueda de prensa en las que anunció las medidas anticorrupción.
Dichas medidas consisten en que los servidores públicos federales, a partir de mayo, deberán presentar una declaración de posibles conflictos de intereses, la creación de una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflicto de Intereses, la presentación de reglas y protocolos para evitar la corrupción.
El infortunio viene cuando el mensaje trae consigo el anuncio de que el gobierno se investigaría a sí mismo en la controversia originada con motivo de la presunta adquisición de la denominada Casa Blanca que hizo la esposa del presidente, así como por otra casa presuntamente propiedad del titular de Hacienda en las que se presume que ambas fueron adquiridas con facilidades otorgadas por Grupo Higa, lo que ha provocado una oleada de críticas a dicho procedimiento así como al nombramiento del exconsejero del extinto IFE, como titular de la Función Pública.
Por otra parte y aún cuando la ley lo prevé de esa manera, suena incongruente que el nuevo Zar Anticorrupción, como lo es Andrade Martínez, que en su anterior cargo como titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) no haya permitido hacer públicos sus datos patrimoniales, porque entonces, ¿dónde se encuentra el compromiso como servidor público encargado de la anticorrupción si no empieza consigo mismo?
Por otra parte y de conformidad con el Artículo segundo transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2013, la desaparición y transeferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.
Sin embargo, no ha prosperado la creación del órgano constitucional autónomo al que se hace referencia, porque ha dormido el sueño de los justos. Pero además, ha salido el propio Andrade a declarar que no investigará la compra de las casas del mandatario y su esposa, Angélica Rivera, ni la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sino que su trabajo será indagar los contratos de particulares con el Gobierno federal. Háganle como quieran.
Sobre el organismo autónomo, no es suficiente cuando estas medidas son tibias porque no son presentadas junto con una legislación con penas punitivas para los servidores públicos del Ejecutivo Federal, pero también que alcancen a los integrantes de las Cámaras del Poder Legislativo, aficionados a los moches y subvenciones sin comprobar, así como a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial que sean alcanzados a corromperse.
Este organismo autónomo constitucional propuesto no puede ser dirigido o integrado por personaje alguno de la clase política, sino por ciudadanos o académicos sin vínculo político o partidista.
El desencanto de la ciudadanía con el desempeño de la clase política trae como resultado la crítica, el desprecio y la descalificación hacia sus actos, cuando saben que la percepción ciudadana es de enojo y molestia por el estado en que se encuentra la economía, la seguridad o la ausencia de justicia por la inacción o ficción en los actos de la clase política y claro, la ofensiva corrupción y la tibieza con que la autoridad aborda y simula combatirla.
Y ahora que se acercan las campañas electorales, mientras el titular de la Secretaría de la Función Pública no considere obligar a los candidatos a presentar su declaración de impuestos de los últimos cinco años, junto con su declaración de conflicto de intereses y su declaración patrimonial, y que además el mismo Zar Anticorrupción se sujete a estas disposiciones, no es posible aplaudir el nombramiento citado.