La cualidad suprema del liderazgo es la integridad. En el desarrollo de nuestra sociedad mexicana influyen diversos factores en la salud, considerándose entre los principales: el ambiente social, el medio ambiente, la herencia genética, las enfermedades y el bienestar. Con base al art. 4/o. de la C.P.E.U.M., el deber primordial del gobierno es materializar políticas públicas de prevención, difusión, promoción y saneamiento público. Mediante estas acciones se podrán crear soluciones y crear condiciones sanitarias del entorno, condiciones biológicas ante las epidemias y/o pandemias, condiciones socioeconómicas ante la crisis económica, condiciones de acceso a la información de manera transparente y la atención preventiva de seguridad pública para atender actos de violencia e índice delictivo. Recordemos que “…El mejor ejecutivo es aquél que tiene el sentido suficiente para escoger hombres buenos para hacer lo que quieren hacer y la moderación suficiente para no meterse con ellos mientras lo hacen”: Theodore Roosevelt.
Ahora bien, a pesar de que la salud es parte de un derecho humano tipificado en nuestra carta magna, no ha recibido en México un trato formal. Observándose que los asesores han actuado con cierta falta de transparencia y omisión en la supervisión en diversos niveles de funcionarios de alto nivel y servidores públicos que fungen como responsables de los nosocomios.
Todo comienza desde el desarrollo y ejecución de políticas sanitarias, la implementación de metodologías que no arrojan las proyecciones para una mejor toma de decisión, el clientelismo en la contratación pública para adquisición de ventiladores y la deficiente logística para dotar de los insumos que no se entregan oportunamente al personal médico (ellos mismos han tenido que comprar con sus propios medios su equipo), sin olvidar la falta de humanismo en la complejidad del procedimiento para garantizar el desarrollo del consentimiento informado que brinde la información oportuna del estado de salud, y posible tratamiento a los familiares del paciente, aunado con el alza de costos de los servicios funerarios que pasa por encima del dolor humano.
Toda esta serie de probables negligencias han estado provocando más caos e inconformidades entre la población. Lamentablemente el gobierno no desea hablar ni que le pidan explicaciones de los daños colaterales (abusos laborales, desempleo, índice delictivo, violencia intrafamiliar, etc.) hasta el momento no hay una explicación eficaz de ¿qué va a suceder con los mexicanos que NO van a recibir ayuda por no estar en un padrón? para enfrentar la severidad de la crisis. Muchas ideas irracionales son surgidas por las asesorías o sugerencias de un séquito político de bufones, arlequines y floreros, quienes solo buscan mantener su cargo y vivir del erario de los impuestos, abusando de su puesto, cargo o comisión y alimentan una psicopatía neoliberal, conservadora, fifí y demás teorías de conspiración.
Por ese motivo, estos asesores primero trataron de venderle al ejecutivo un Golpe de Estado, el cual fue una falacia y un insulto a los altos mandos de SEDENA y SEMAR, por la falta de tacto, de lógica y razonamiento de lo que conlleva este tipo de escenario y el impacto que se genera a nivel nacional e internacional decir que existe la posibilidad de un Golpe de Estado en México. Esto ya quedó explicado en anteriores columnas. Ahora están tratando de justificar su chamba con un supuesto “Golpe de Estado blando”. Este concepto fue creado en 1973 por el politólogo, filósofo y escritor estadounidense Gene Sharp, quien define la expresión, como el uso de “estrategias conspirativas que no son violentas ni frontales” y sirven para deponer un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. Como ejemplo, esta teoría fue retomada de manera reciente por medios de comunicación afines al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, para quitarles fuerza a las manifestaciones de los estudiantes en su contra.
Esta modalidad de desestabilización se desarrolla con determinadas condiciones políticas (internas o externas), incluso tendría que existir el apoyo de una gran potencia de esta era moderna con capacidad nuclear para trazar una estrategia política, y generar una resistencia que sea contrapeso en contra de un gobierno, como ha sucedido con otros países. Por lo tanto, en México no podríamos hablar de un golpe de estado blando, ante la falta de información fidedigna de citadas condiciones.
Señores asesores, dejen de mentirle al ejecutivo, no vean moros con tranchetes, su guerra con los tuiteros es un simple uso de la libre expresión de ciudadanos que dan su punto de vista por las precariedades y problemas que están viviendo en este momento y que nadie se las resuelve. Lo que sí es un hecho cierto, es que se aproximan las elecciones y a río revuelto ganancia de pescadores, cuestión que ha provocado que sean exhibidos y juzgados por los inmensos errores y posibles actos de corrupción.
La solución es muy simple, todos los funcionarios públicos deben cumplir sus funciones y responsabilidades, atribuciones y facultades establecidas en su contrato laboral. Si tienen pruebas de un cochinero en sus dependencias, inmediatamente tomen acciones y denuncien, procediendo conforme al Artículo 214 del Código Penal Federal, denunciando el ejercicio ilícito del servicio público.
Asimismo, pongamos por caso la reciente actuación del comandante de la 4/a. Z.M. el general Cruz Isaac Muñoz, quien minimizó el brote de covid-19 de un destacamento militar de su jurisdicción, observándose la probable violación al derecho a la salud, a las políticas de salud de la Fase 3 de la pandemia, así como la infracción a los deberes militares, y un abuso de autoridad en contra del personal de sanidad que dieron parte del contagio en tiempo y espacio. Lamentablemente, en vez de tomar acciones a la altura de la investidura del grado, hizo gala de prepotencia y falta de liderazgo entre sus tropas. Esperemos que el General Secretario sea imparcial y no solo quede en un regaño, ya que se puso en riesgo la vida de las tropas ante el diagnóstico del oficial médico militar especialista.
En consecuencia, recordemos que dentro de la historia universal ya existieron errores pasados, que habla de aquellas derrotas de Mariscales de Campo que no tomaron en cuenta información verídica, valuada e interpretada por los especialistas, para estimar mejor su situación y cursos de acción dentro de sus estrategias, así como los efectos de cada uno de los objetivos. Al final, sacrificaron a su personal sin una razón lógica que los llevara a una victoria.
Después de la publicación en el Diario oficial de la Federación (DOF) del acuerdo del 11 de mayo de este año, donde el presidente de la República podrá hacer uso de las Fuerzas Armadas Permanentes para realizar funciones de seguridad pública y ciudadana de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, se ha utilizado el término de que México se ha militarizado, haciendo referencia a la seguridad pública del país. Otra vez se vuelve a caer en la tentación de utilizar a las Fuerzas Armadas para que, nuevamente, contrario a su naturaleza, realicen trabajo de seguridad pública y ciudadana contrarios a su formación y misiones generales, pero lo que más me sorprende es que este acuerdo no es algo nuevo, ya que todos los diputados locales del país, los federales y senadores aprobaron el decreto de fecha 26 de marzo del 2019 donde se le daban las facultades al presidente para hacer lo que precisamente está haciendo. ¿Me pregunto?, ¿que nadie leyó lo que autorizaron?, se les advirtió que esto podría suceder y ya sucedió, pero como siempre no tenemos el interés por conocer el trabajo legislativo y solo nos gusta criticar sin conocer qué hacen nuestros legisladores, mismos que no saben ni qué aprueban, como se demuestra ahora.
Pero la realidad es que desde el 2006 la corte interamericana de derechos humanos, tiene documentado el uso de personal militar en la lucha contra la delincuencia organizada, convirtiéndose en una práctica recurrente mediante la implementación de los denominados “operativos conjuntos”. Asimismo, aunque se le trate de legalizar el uso de militares en funciones de apoyo a la Seguridad Pública en el país, la realidad es que el estado mexicano está violando lo establecido por la misma corte interamericana en la resolución del CASO ALVARADO ESPINOZA Y OTROS VS. MÉXICO. Para que se pueda utilizar al personal militar se debe forzosamente cumplir como regla general que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser:
a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso;
b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;
c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y
d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
Asimismo, la Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido que el Estado debe brindar recursos sencillos y expeditos para denunciar la violación de los derechos humanos, así como que tales denuncias deben ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria y no militar, las cuales deberán ser efectivamente investigadas y, en su caso, deberán ser sancionados los responsables.
Como podemos observar de la simple lectura, no cumplimos con los puntos establecidos por la corte internacional, ya que en México la participación de las Fuerzas Armadas no será extraordinaria, ni restringida a un caso en específico, a su vez no será subordinada a la Guardia Nacional por obvias razones de mando y jerarquías militares, no está regulada ya que no se ha publicado ninguna ley que regule dicha coadyuvancia, y solo se utiliza el acuerdo publicado en el DOF el 11 de mayo de este año. No se ha dado capacitación para las nuevas funciones que deben realizar el personal militar, aunado al hecho más importante de todos, no existirá fiscalización de órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces, ya que serán los mismos organismos internos de control de cada dependencia quienes harán la fiscalización, aunado al hecho de que se manejara esta supuesta fiscalización por un comité confirmado por los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.
Pero la realidad es que las Fuerzas Armadas siguen siendo la columna vertebral donde se basa la transformación de la 4T, son quienes construyen el aeropuerto, las sucursales de banco del bienestar, contienen migrantes, combaten al crimen organizado y desorganizado ahora, también, realizan plan DN-III-E, radican plantíos, hacen labor social, custodian unidades hospitalarias, insumos médicos, sin olvidar cumplir con todas las obligaciones propias de las actividades militares, como guardias, rondines, imaginaria de guardia, cuarteleros, más un largo etc,, etc. y etc.
Rápidamente cambiamos de la idea de desaparecerlos, a que sean la herramienta de cambio más importante de este gobierno, por lo que la pregunta sería y ¿por qué no mejor militarizamos a la 4T? Sería mucho más fácil y con mejores resultados por parte del gabinete federal. Lo digo así porque entonces el gabinete podría comportarse como lo hacen las instituciones militares, donde se tiene que ser especialista en cada tema para poder ocuparlo, solo aquellos que tengan una carrera militar podrán ocupar esos altos cargos. Además, solo aquellos que después de varias décadas de trabajo y experiencia podrán estar en puestos claves, donde no solo se necesita ser honestos, además se necesita ser especialistas, ya que de lo contrario se considera un delito realizar una función que se desconoce o no se está preparado para realizar.
Se tendría que fiscalizar constantemente y en caso de encontrar anomalías se le daría vista de forma inmediata a los órganos internos de control y a la fiscalía de justicia militar, para que se realicen las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. Solo aquellos que tengan carrera militar podrán ocupar los cargos correspondientes, respetando en todo momento la ley de ascensos y recompensas del Ejército y Marina, por lo que no sería posible hacer generales o almirantes a los amigos y compadres. Además, estaría prohibido criticar al mando e ir contra las leyes y reglamentos militares, situación que he hecho que la imagen de la SEDENA y SEMAR sean, ante los mexicanos, como las mejores evaluadas y respetadas, situación que se trata de aprovechar para nuevamente tratar de utilizar a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad pública y ciudadana.
¿No valdría la pena militarizar la 4T para que tuviera esta buena imagen ante la sociedad y no necesitara utilizar la de las Fuerzas Armadas mexicanas? Se los dejo al aire, y ojalá lo hicieran una realidad, para pasar del discurso a los hechos.