Los análisis y comentarios críticos que generó el poder demostrado por el crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre son abundantes. Sin embargo, muy poco se ha dicho sobre los daños que provocó la falta de aplicación de protocolos operativos y de comunicación en el escalamiento del conflicto.
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El protocolo es un conjunto de reglas, criterios y procedimientos estandarizados y bien definidos que orientan el actuar de una persona, grupo o institución en una determinada situación de conflicto o crisis. En materia de seguridad pública, los protocolos de una estrategia formalizan y fortalecen el cumplimiento de los objetivos constitucionales que están bajo la responsabilidad del Estado mexicano y las operaciones que lleva a cabo el gobierno en sus tres niveles.
Los protocolos de seguridad pública y los manuales que los acompañan cumplen varias funciones. Para empezar, son muy importantes en las tareas específicas que las leyes establecen para cumplir en forma eficiente y eficaz con la prevención, investigación y persecución de los delitos. La experiencia ha demostrado que su correcta aplicación reduce los riesgos, las fallas y evita que las acciones precipitadas impidan el cumplimiento de las misiones que les son encomendadas.
Además, los protocolos facilitan las labores de articulación y coordinación táctica entre las instituciones, no solo para evitar duplicidad de acciones o toma de decisiones de algunos funcionarios sin consultar a la cadena de mando, sino para armonizar la institucionalización en el uso de la fuerza pública. En el caso de lo establecido por la legislación vigente, las instancias principales son la Secretaría de Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales.
Por otra parte, es necesario insistir en la relevancia que representa para las instituciones de seguridad pública contar con protocolos detallados de comunicación social para el manejo de situaciones de conflicto y crisis. El cambio que ha provocado el nuevo ecosistema en la relación entre autoridades y sociedad así lo exige. Sucesos como el de Culiacán —en el que hasta ahora suman 14 muertos y 21 heridos— confirman que es urgente su creación o actualización.
Las improvisaciones, contradicciones, omisiones, informaciones falsas, datos incorrectos, titubeos, versiones diferentes, descalificaciones, mentiras o juicios de valor no deberían tener cabida en la comunicación de crisis. Por un lado, porque alimentan la desconfianza de la gente. Por el otro, porque pueden convertirse en una variable que incrementa los riesgos y las amenazas para los gobiernos y/o la población afectada.
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Lo que sucedió en las redes sociales el mismo día de los tiroteos tiene que revisarse a fondo. Sin demérito de los alcances que tiene la libertad de expresión en nuestro país, hay que reconocer que ese día los ánimos entre los usuarios se exacerbaron, que se promovió la difusión de imágenes y videos falsos y que algunos grupos políticos activaron el uso de bots, lo que contribuyó a generar cierto caos y la viralización focalizada de algunos hashtags que pretendían dañar más la imagen del gobierno al tratar de catalizar el pánico, la zozobra y la incertidumbre.
Ante la falta de información que tenían los medios audiovisuales tradicionales, en los que eran más las preguntas que planteaban a los hechos concretos que presentaban, las redes sociales se convirtieron en una de las fuentes principales de información de la población, sobre todo la de Culiacán, que era la más afectada. Una vez más, la carencia de protocolos produjo vacíos de información oficial y abrió el margen a la especulación y a los enfrentamientos desafortunados entre algunos de los usuarios.
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Ante la carencia de protocolos de seguridad y de comunicación, es comprensible que los especialistas y analistas cuestionen el trabajo de inteligencia que existe detrás de una estrategia. O peor aún, que critiquen la falta de una estrategia acorde con las circunstancias complejas que hoy vive el país en el tema de la inseguridad.
Los esfuerzos que se han realizado en los últimos tres sexenios no permitieron consolidar la Normativa institucional que se requiere. Y aunque se han elaborado algunos protocolos importantes, es evidente que no son suficientes hoy para hacer frente de manera efectiva a los grupos criminales. Así quedó demostrado, por ejemplo, con el decálogo que presentó el expresidente Enrique Peña Nieto en agosto de 2013, el cual incluiría los protocolos que hacían falta al país en materia de seguridad y procuración de justicia.
Los acontecimientos lamentables de Culiacán quedarán registrados en la historia de México. Y, de una u otra manera, marcarán al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Confiemos en que la investigación que hará la Fiscalía General de la República sobre el operativo fallido de Culiacán no cometerá los mismos errores que en las indagatorias del caso Ayotzinapa.
A pesar de todo, el presidente aún cuenta con tres recursos invaluables para corregir y revertir el golpe de imagen que recibió su administración: tiempo suficiente para corregir la Estrategia de Seguridad Pública, el poder legítimo que le dio la ciudadanía con su voto y la facultad de hacer los cambios en su equipo para cumplir con los compromisos asumidos.
Recomendación editorial: Ignacio García Bárcenas. Primer respondiente, Fundamentos legales y protocolos para quienes desempeñan funciones de seguridad pública en el sistema penal acusatorio, Editorial Flores, 2016.
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