Ha llegado el momento de asumir responsabilidades. Ante el clima de corrupción e impunidad que se vive en nuestro país desde hace varios años, resulta indispensable que cada uno asuma la responsabilidad que le toca en este tema.
Las autoridades y funcionarios públicos han generado un clima de impunidad, en el que todo está permitido, sin ninguna consecuencia negativa para la actuación corrupta y violatoria de los derechos humanos. Los mexicanos vemos una y otra vez que nada pasa con los casos que se conocen pública y mediáticamente, cuando tenemos la suerte los ciudadanos de conocerlo, porque muchas de las cosas que suceden en este país no llegan a ver la luz nunca. En este México sale gratis robarse el dinero del pueblo y actuar al margen de la ley.
La dolorosa complicidad entre las autoridades y personajes de la política y el sector empresarial para nadie es desconocida en este país. El poder y el dinero sirven en México para alimentar la corrupción y pavimentar el camino de la impunidad. Los nexos de la clase política con el crimen organizado no son una novedad en nuestro país, hay mucha historia que contar desde hace más de tres décadas. Los Abarca son uno de los casos recientes.
¿Por qué un alcalde y su esposa se sienten con el derecho de disponer de la vida de al menos, 43 personas?
La respuesta es sencilla: en México nunca pasa nada.
La red de complicidades que tenían tejida esta pareja y, desde luego, las cosas que ya tendrían que haber hecho antes de Ayotzinapa, les aseguraban las condiciones idóneas para actuar sin ninguna consecuencia política o jurídica. Seamos claros, los Abarca fueron detenidos por las autoridades por la presión social y mediática, tanto nacional como internacional, que ha generado el caso de Iguala, de no ser por eso, la pareja hoy detenida estaría gozando fuera del país de la riqueza amasada durante su paso por la política.
Seguramente veremos a Abarca, como ahora vemos a otros funcionarios públicos acusados de nexos con el crimen organizado dentro y fuera del país, imputados de diversos delitos, con inmensas fortunas, ocupando un cargo público: legislador, gobernador, secretario de estado y, como es común, muy cercanos al poder, alguien les debe algo siempre. En este país, el pasado no importa y los políticos siempre se reciclan. Ahora, incluso, podrán reelegirse para conservar el fuero.
En México parece que nadie es responsable por nada. Señores legisladores, ustedes son responsables por la forma en la que nombran a los titulares o integrantes de los diversos órganos autónomos con base en los acuerdos a los que llegan en privado en beneficio de sus intereses, son responsables de infringir una y otra vez su competencia y autonomía con reformas legales y constitucionales con el único propósito de mantener el poder. Son responsables de violentar los plazos legales y constitucionales para el cumplimiento de sus funciones legislativas, de legislaciones deficientes, entre otras cosas.
En lo que respecta a los partidos políticos y la selección de sus candidatos a puestos de elección popular, sin ninguna duda, la responsabilidad es de los partidos políticos. Los institutos políticos tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde. De conformidad con el artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder públicos de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.
De lo anterior resulta evidente la responsabilidad de los partidos políticos como única forma, hasta el año pasado, en la que los ciudadanos podían llegar a ejercer un cargo de elección popular en este país.
¿Cómo entonces los partidos políticos no se responsabilizan de los métodos, procedimientos y requisitos establecidos en sus documentos básicos para la selección de sus candidatos y cómo, cuando éstos están en el ejercicio de un cargo público, se deslindan como responsables de ser la maquinaria, la forma o el canal por el que este tipo de personas se hacen de un cargo público?
Seamos claros, las candidaturas independientes en nuestro país surgen para hacer frente al poder de los partidos políticos en la determinación de quienes ocupan un espacio público. El miedo de los partidos a perder el monopolio de las candidaturas hizo que las reformas en materia político electoral publicadas este año encarecieran los requisitos para ser candidato independiente, muy por encima a los establecidos en la ley para constituir un partido político.
Los partidos políticos deben sufrir las consecuencias de sus deficientes procesos de selección de candidatos. Deben constituirse en potentes filtros, en celosos guardianes de la puerta de acceso al poder público en este país. La autoridad electoral puede coadyuvar con ellos en esta labor pero los principales responsables son los institutos políticos. La ley debe establecer sanciones para los partidos políticos que hayan propuesto candidatos vinculados con el crimen organizado o que, en el ejercicio del encargo, hayan actuado en contra del Estado de Derecho.
Las sanciones para los partidos pueden ir desde las multas hasta la imposibilidad de participar en la siguiente elección que se trate con un candidato propio, en coalición o candidatura común. Adicionalmente, los Estatutos de los partidos políticos deben establecer procedimientos expeditos para la determinación de responsabilidades y las sanciones a las que se aplicarán a estos funcionarios. La opción de seguir perteneciendo al partido político que lo postuló y volver en el mediano plazo a ocupar un cargo público debe estar impedida por la ley y por los documentos básicos de los institutos políticos.
Los ciudadanos estamos cansados de contar muertos, ver la corrupción por todas partes, conocer las inmensas fortunas que los políticos amasan a la sombra de su encargo y la impunidad con la que operan.
Los mexicanos estamos unidos con el caso Ayotzinapa. La respuesta a los problemas y podredumbre que no quiere o no se atreve a ver la clase política está en la sociedad.
¿Hasta dónde tendremos que llegar los ciudadanos para que en México se respete la ley y los que la infrinjan paguen las consecuencias por ello?
En la clase política que está en el poder y en los escaños públicos a lo largo del país, no encontraremos la respuesta.
Si no pueden asumir ninguna responsabilidad, que se vayan.