El pasado jueves 16 de marzo el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), presentó el Reporte de Delitos de Alto Impacto 2016 de la Ciudad de México, documento que analiza el comportamiento de la incidencia de homicidio (doloso y culposo), secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a transeúnte y violaciones como entidad y por delegaciones.
Este reporte se construye con la información de las investigaciones que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) reporta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con base en esta información pública oficial, resulta difícil negar que, para la Ciudad de México, 2016 fue un año violento:
- La Ciudad de México vive la segunda peor crisis de homicidios dolosos desde 1997. La tasa de casos de homicidios dolosos reportada para 2016 fue de 10.78 por cada 100 mil habitantes, la mayor desde 1997 cuando fue de 10.98.
- La violencia también posicionó al 2016 como el año con más homicidios por arma de fuego y el año con más víctimas de homicidio doloso desde que la información es desagregada públicamente.
- El comportamiento al alza del homicidio doloso no es algo coyuntural, inició en 2014 y así se ha mantenido. Lo mismo ha sucedido con los delitos de robo a negocio, robo a casa habitación y robo a transeúnte, los cuales de 2015 a 2016 aumentaron en un 7%, 13%, 9% respectivamente, y que traen un comportamiento al alza desde 2014.
- En materia de robo a negocio, la Ciudad de México ocupa el tercer lugar en el ranking nacional en tasas por cada 100 mil habitantes después de Tabasco y Baja California.
- 10 de las 16 delegaciones vieron aumentar por lo menos cinco de los 9 delitos reportados (considerando que debido a la carencia de información no podemos hacer comparativas con el delito de secuestro), donde destaca Milpa Alta que aumentó en 8 de los 9.
- Las condiciones de la delegación Cuauhtémoc en particular son de gravedad y urgencia absoluta, debido a la magnitud de las tasas con respecto a su comparativa con el promedio de misma ciudad o de otros municipios del país.
En este contexto, en la rueda de prensa que ofrecimos para la presentación del documento, también dimos a conocer que durante 2016 signamos un convenio de colaboración con la PGJCDMX -y otras procuradurías y fiscalías estatales: Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Sonora y Veracruz- que tenía tres objetivos:
1. Generar un sistema de monitoreo de los procesos desde la denuncia y la clasificación del delito, hasta la publicación de la estadística (permitiendo entender qué sí y qué no investiga la PGJ), para entender cómo fortalecer el acceso a la justicia para las personas y sistemas de información útiles para hacer inteligencia.
2. Presentar un manual de buenas prácticas que promueva acciones que sí funcionan en las diversas procuradurías y fiscalías, al tiempo que se subsanan las deficiencias internas en lo que no funciona.
3. Fortalecer la integridad profesional a través de la Cultura de la Legalidad.
Y que este proyecto, a costo 0 para la autoridad, donado por el ONC con el interés de contar con una mejor procuración de justicia para los habitantes de la capital, fue cancelado por la PGJCDMX tras la presentación de los datos de incidencia delictiva del primer semestre 2016.
Los medios de comunicación dieron amplísima cobertura a las graves condiciones de inseguridad de la capital y delegaciones, ocasionando respuestas de la autoridad donde se buscó minimizar, justificar e incluso negar los datos oficiales, al tiempo en que la población flotante y el Sistema de Justicia Penal Adversarial, se volvieron los chivos expiatorios de por qué el delito aumentó en 2016 en la capital. Ningún comentario de por qué el gobierno capitalino a través de la PGJ, optó por cerrarle las puertas a la sociedad civil que quería participar y se asumía corresponsable.
De la misma manera, nadie asumió la responsabilidad de admitir fallas en estrategias y operación en materia de seguridad y justicia, a nadie se le pidió que explicara qué cambiarán, cómo mejorarán, ni siquiera se les pidió su renuncia ante la gravedad del segundo peor año en materia de homicidios dolosos desde 1997.
La autoridad insiste en que México requiere de una sociedad que ayude activamente en materia de seguridad. Sin embargo, lo que se hace evidente es que la autoridad no quiere cuestionamientos ni le interesa rendirle cuentas a la sociedad.
En el ONC seguiremos insistiendo que una sociedad sin contrapesos corre el riesgo del autoritarismo, de la autocomplacencia, de la ineficiencia e incluso de la corrupción, en espera de que los titulares del gobierno de la CDMX, la PGJ y las delegaciones decidan trabajar juntos para mejorar las condiciones de esta ciudad.
Lo dijimos y lo repetimos, no importa cuántos artículos a modo hagan publicar o cuántas cuentas falsas de Twitter echen a andar para minimizar las objetivas alzas de incidencia delictiva, en el ONC seguiremos pidiendo rendición de cuentas del actuar de toda autoridad de seguridad y justicia en el país.