Opinión

¿Y el combate a la corrupción?

Es imprescindible una reorientación y mayores controles en la lucha contra la corrupción. | Fernando Díaz Naranjo

  • 25/05/2020
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Uno de los principales referentes en los discursos políticos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde que fuera candidato a dicho cargo en 2006, 2012 y 2018, puntualizó como uno de sus objetivos de gobierno sería el combate a la corrupción.

Hoy ostentando el cargo del Ejecutivo Federal, en un sinnúmero de eventos públicos y, cada vez que puede, se refiere al combate a la corrupción como una de las acciones que, a su decir, han sido punta de lanza de su gobierno y, en particular, del proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza. En alguna medida lo ha logrado, pero no así para el sentir generalizado de la población cuando se enfrenta a otra realidad. 

Ante los resultados presentados por el INEGI, en su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG-19), las cifras revelan un aumento del número de víctimas y actos de corrupción gubernamentales, toda vez que la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017, a 15 mil 732 en 2019.

La ENCIG-19 muestra información sobre la satisfacción de la población mexicana sobre los servicios públicos básicos y su experiencia en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios y el vínculo con las distintas autoridades de nuestro país. Con ello, el INEGI expone información sobre la percepción de la ciudadanía respecto a actos de corrupción en la realización de los servicios referidos.

Asimismo, durante 2019 la tasa de incidencia de la corrupción se incrementó al pasar de 25 mil 541 actos diversos de este fenómeno por cada 100 mil habitantes en 2017, a 30 mil 456 actos de corrupción en 2019.

Ejemplos de lo manifestado por la población se encuentran en muchos supuestos. Así, en cuanto servicios básicos, como el arreglo de calles y avenidas, servicio policial, alumbrado público, entre otros, la gente refirió un menor grado de satisfacción a nivel nacional durante 2019. Lo mismo opinó respecto a los servicios de salud estatales y del servicio de transporte público.

Es importante resaltar que el mayor porcentaje de insatisfacción se registró en las experiencias de corrupción en el contacto de la población con autoridades de seguridad pública con un estimado del 59.2% de los casos, seguido de los trámites correspondientes a los permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites.

Estas cifras expresan, por un lado, la relación de personas afectadas y, por el otro, las experiencias de corrupción registradas en trámites, pagos y solicitudes de servicios, así como otro tipo de contactos conservidores públicos”.

Asimismo, es de hacer notar que el costo de la corrupción en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios, entre otros, de acuerdo con lo publicado por algunos medios de comunicación, significó un estimado de más de 12 mil 770 millones de pesos, equivalente a 3 mil 822 pesos promedio por persona.

Sin duda alguna, la información revelada por el INEGI, parece ir en sentido contrario al discurso político tanto del Gobierno de México como al proyecto de la 4T, sobre todo tratándose de información relacionada al año 2019, es decir, en la gestión de la presente administración.

Por ello, es imprescindible una reorientación y mayores controles en la lucha contra la corrupción para que el quehacer político no se quede solo en el discurso, sino sea demostrado en las acciones cotidianas que la población en general realiza día con día en trámites y servicios de primera necesidad principalmente.

También, hace falta una auténtica evaluación de diversas instituciones que, desde la opinión de un servidor, han abandonado a la ciudadanía en sus legítimas demandas por contar con una mejor sociedad. Así, tan sólo para poner un ejemplo, tenemos un dato por demás demoledor dado a conocer también por el INEGI en la ENCIG-19 respecto a la confianza que la población tiene ya sea en personas, instituciones o actores de la sociedad, en donde el último lugar se lo llevan los partidos políticos que, en principio, son instancias de interés público quebuscanhacerse del poder público para elbeneficio de la sociedad”.

Esperemos que el 2020, traiga mejores números, de lo contrario podríamos estar hablando de un fracaso tanto en discurso como en acciones al combate a la corrupción en las atenuantes más recurrentes y cotidianas que involucran a la población y que éstos, finalmente, son los que cambian el destino o el rumbo de un país con la fuerza de su voto.

¡Hasta la próxima!

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