Sin duda el tema que recibió mayor atención durante las pasadas elecciones y uno de los principales factores por el que muchos ciudadanos rechazaron a los partidos tradicionales y optaron por apoyar a López Obrador fue el de la corrupción. El entonces candidato de Morena supo identificar con gran precisión el hartazgo de la gente provocado por la casa blanca, los moches, la estafa maestra o la ofensiva voracidad de no pocos gobernadores, y que contrastaba con la austeridad que proyecta AMLO.
Sin embargo, a un mes de su contundente triunfo y en el que ha hecho anuncios importantes sobre las medidas que impulsará el próximo gobierno, se ha puesto poco énfasis en este tema que acaparó prácticamente toda la campaña. Parece que la apuesta sigue centrada en su honestidad personal y en que deberá permear el ejemplo a todos los integrantes de su administración.
En este sentido, vale la pena revisar el oportuno análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) respecto a los 50 puntos que comprenden el plan de anticorrupción y austeridad presentado recientemente por Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a dicho análisis, únicamente 8 de los 50 puntos se refieren a la prevención de corrupción y 6 se pueden clasificar como propuestas tendentes a poner fin a la impunidad. El resto son relativas a austeridad (24), eficiencia (6), mejora de procesos (9) y de hecho, 13 de las propuestas ya existen aunque quizá ha fallado la aplicación.
20 preocupaciones
A partir de ello, el IMCO ha manifestado 20 preocupaciones entre las que se encuentran: la omisión respecto al proceso de creación e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción; la ausencia del compromiso de respetar la autonomía de las autoridades fiscalizadoras, investigadoras y sancionadoras; tampoco se asumió el compromiso de investigar y sancionar los casos de corrupción del gobierno saliente; no se hace mención al servicio profesional de carrera y a la generación de capacidades de los servidores públicos, así como el uso de nuevas tecnologías para mejorar el control y vigilancia de los recursos públicos, o la colaboración de la sociedad en la supervisión y rendición de cuentas del Estado.
Es cierto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni siquiera ha declarado aún a López Obrador como presidente electo y que será hasta que el nuevo gobierno entre en funciones cuando se pueda evaluar su compromiso con el combate a la corrupción. Pero como se desprende del documento del IMCO son muchos los temas pendientes a discutir y llama la atención que, cuando menos hasta el momento, no se advierta una intención clara de investigar los múltiples señalamientos que se han hecho sobre presuntos actos debidamente documentados que han ocasionado serios daños al erario público durante el sexenio de Peña Nieto, ya que si bien no se trata de iniciar una persecución política o cacería de brujas, tampoco se puede permitir que siga imperando la impunidad a partir de consideraciones políticas.
Preocupa también que se estigmatice a quienes trabajan en el gobierno pues pareciera que se les responsabiliza a todos por igual de la ineficiencia, excesos y corrupción gubernamental. Por supuesto que se deben cortar de tajo los gastos superfluos, eliminar duplicidades, exigir mayor compromiso en el desempeño del servicio público, pero las medidas de ahorro poco tienen que ver con la prevención y combate a la corrupción y tal y como se han anunciado se entienden más bien como un castigo al burócrata. Se debe tener cuidado en no buscar el aplauso fácil mediante anuncios que no están sustentados por un proceso de análisis y racionalidad administrativa pues en el mediano plazo podría resultar contraproducente y la amplia mayoría con la que obtuvo el triunfo electoral no es un cheque en blanco, por el contrario, ha generado grandes expectativas y representa sobre todo una gran responsabilidad a cumplir.