Opinión

¿Y dónde quedó el Plan?

Al revisar el denominado Plan Nacional de Desarrollo nos encontramos con un documento político, eminentemente declarativo. | Agustín Castilla

  • 09/05/2019
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En los últimos minutos del pasado 30 de abril, en que concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso y venciera el plazo establecido en el régimen transitorio de la Ley de Planeación, el presidente López Obrador dio cumplimiento a la obligación de enviar a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para ser aprobado por este cuerpo legislativo en el transcurso de dos meses a partir de su recepción.

De acuerdo con la citada Ley, el Plan Nacional de Desarrollo debe contener: un diagnóstico sobre la situación actual de los temas prioritarios que permitan impulsar el desarrollo nacional con una perspectiva de largo plazo; los ejes generales que agrupen los temas prioritarios; los objetivos específicos que hagan referencia clara al impacto positivo que se pretenda alcanzar para atender los temas prioritarios; las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos, y los indicadores de desempeño y sus metas para dar seguimiento al logro de los objetivos.

Sin embargo, al revisar el denominado Plan Nacional de Desarrollo que aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria acompañado de los oficios correspondientes que así lo acreditan, nos encontramos con algo totalmente diferente. Se trata de un documento político, eminentemente declarativo como le gusta al presidente, pero que carece de los elementos básicos que se supone deben caracterizar a cualquier ejercicio de planeación -diagnóstico, objetivos, estrategias, indicadores-, y por tanto no cumple con los requisitos establecidos por la legislación.

Tan sólo para darnos una idea, buena parte del documento replica textualmente el contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública -que ha sido ampliamente cuestionada por las mismas razones-, hace una descripción de los programas sociales impulsados por este gobierno, por lo menos incurre en una inconsistencia seria al anunciar que se prohibirán las adjudicaciones directas como medida para combatir la corrupción, siendo que ha sido una práctica recurrente en los primeros meses de esta administración, y únicamente en la parte final establece unas cuantas metas sin que quede claro cómo se logrará su consecución.

Por ejemplo señala que en el último año la economía crecerá 6% con un promedio de 4% en el sexenio, los salarios tendrán una recuperación de cuando menos 20% de su poder adquisitivo, los índices delictivos respecto a homicidios dolosos, secuestro, robo de vehículos, a casa habitación, asalto en vía pública y en transporte público disminuirán en 50%, y para 2024 cesará la emigración de mexicanos al exterior por necesidad laboral, inseguridad o falta de perspectivas.

En estricto sentido, la Cámara de Diputados tendría la obligación de analizar dicho documento y probablemente de devolverlo al presidente para que lo adecúe en términos de lo que disponen la Constitución y la Ley de Planeación. Pero al mismo tiempo se publicó como anexo, otro documento mucho más robusto -al parecer fue elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como corresponde- que no obstante que cuenta con un formato y tipografía distintas, y también se observan algunas discrepancias en las metas, cuando menos cumple en su estructura con los elementos que debe contener el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora los diputados deberán definir cómo procesar el análisis del PND y sobre todo si, en una interpretación quizá forzada, van a considerar el anexo como parte del documento que oficialmente les remitió el presidente. Por lo pronto queda demostrado una vez más que la planeación, las cuestiones técnicas y el trabajo en equipo son menospreciados por López Obrador para quien la única visión válida es la suya.

¿Por qué acabar con las estancias?

@agus_castilla  | @OpinionLSR  | @lasillarota

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