A 55 días de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, continúan las muestras de indignación que se han manifestado de muy diversas maneras mediante marchas, artículos de opinión, comentarios y hashtags en redes sociales, así como pronunciamientos y consignas en conciertos, eventos deportivos y culturales.
A lo anterior se han sumado algunos otros acontecimientos que han contribuido a exacerbar los ánimos, como la revelación de una residencia en las Lomas con un valor estimado en 86 millones de pesos que supuestamente fue adquirida en abonos por la esposa de Enrique Peña Nieto, y que curiosamente se encuentra a nombre de la empresa de un importante contratista del Estado de México que recientemente ganó la licitación del Tren México-Querétaro -misma que fue revocada ante el escándalo que desató-.
Desafortunadamente no faltan quienes han aprovechado la situación para causar desorden y llevar a cabo actos vandálicos que naturalmente han provocado irritación entre la población, restando legitimidad y apoyo a un movimiento social en esencia pacífico.
Sin embargo, y aun siendo muy positivo que la gente ya no esté dispuesta a pasar por alto hechos que la agravian y le hacen tanto daño al país la pregunta obligada es ¿que sigue para trascender la coyuntura y garantizar mejores condiciones en términos de respeto a los derechos humanos, seguridad, justicia, equidad y combate a la corrupción? Porque más allá de la crítica necesaria, de los discursos vacíos de contenido y de la “ocurrencia” de firmar un nuevo pacto entre los mismos actores que en buena medida son responsables de la crisis por la que atraviesa el país, no se ha empezado siquiera a discutir la ruta a seguir.
Me parece que un documento que puede darnos algunas luces, es el que hace un par de días circuló el Instituto de Estudios de la Transición Democrática (IETD) “México: Las Ruinas del Futuro” en el que además de cuestionar que México esté sobre-diagnosticado y advertir que la hipótesis de los cambios estructurales en un plazo tan breve ha sido demasiado frágil frente a los acomodos de la realidad, propone una agenda mínima que bien puede servir de base a un acuerdo político y social urgente y que a continuación enuncio en un apretado resumen:
1) Los derechos humanos deben colocarse en el centro de los debates y de todas las políticas.
2) La atención a las víctimas vuelve a ser tema de enorme relevancia, porque son el centro del dolor y de la indignación de nuestro país.
3) La discusión y rehabilitación del poder municipal. La re-centralización no es opción, pero tampoco el abandono y la indiferencia ante gobiernos tan débiles y expuestos a los poderes criminales que los superan ampliamente.
4) La impartición de justicia es otra área clave que no se resolverá con mayores presupuestos ni con la magia atribuida a los juicios orales. La corrupción condiciona el funcionamiento de las instituciones y agrava la precariedad de la convivencia social.
5) La pobreza y la desigualdad son el abono de la violencia endémica y del tránsito cada vez más expedito de la juventud hacia los mercados delincuenciales. Esta es la coyuntura para replantear seriamente el conjunto de programas sociales en los tres órdenes de gobierno; actualizar los programas contra la pobreza extrema y contra el hambre, y enviar un mensaje de cohesión social inequívoco; revisar la propuesta para incrementar el salario mínimo y generar alternativas innovadoras e incluyentes para el sistema de educación media y superior que den cabida a más jóvenes y ofrecerles un tránsito vital y significativo a la multiplicación de la demanda de una sociedad que todavía cruza por la oportunidad de su bono demográfico.
6) El combate a la corrupción es la forma concreta que adquiere hoy, esa enorme exigencia contra la impunidad y por el estado de derecho. La elaboración de otra forma de combatir la corrupción está madura, lo mismo en la academia que en la política, y no hay razones para seguir posponiéndola.
7) Crisis de representatividad, crisis administrativa y crisis en la capacidad de respuesta del Gobierno, un cuadro perturbador que debería convocar a una discusión amplia acerca del régimen y la forma en que se organiza el poder público en el país. La reforma del poder público, es el horizonte que puede encuadrar la discusión nacional de los siguientes meses.