A principios de año, Pedro Kumamoto y Manuel Clouthier, ambos diputados local y federal, respectivamente, presentaron una iniciativa ante la Cámara de Diputados para reducir el financiamiento público a los partidos políticos.
En la iniciativa se refiere que además de las ventajas de índole presupuestaria que traería aparejada la propuesta, se podría dotar de fuerza a posicionamientos ideológicos y políticos como el voto nulo.
La propuesta de Kumamoto y Clouthier parte de modificar la fórmula general para el cálculo de la bolsa del financiamiento a los partidos políticos. Hasta ahora, se toma como base del cálculo el 65% del Salario Mínimo Diario Vigente y se multiplica por el padrón electoral. En la iniciativa únicamente se sustituye el factor “padrón electoral” por el de “votación válida emitida”, lo que implicaría que sólo se tomara en cuenta para el financiamiento de los partidos, aquellas personas que votaron por ellos, y no así toda la gente anotada en el padrón electoral.
Evidentemente al reducir uno de los factores en la multiplicación de la fórmula del financiamiento, el resultado sería menor. De ahí que, de manera muy general, el núcleo de la propuesta es reducir uno de los factores de la operación aritmética para generar ahorros y para que sirva como mecanismo de protesta o de posicionamiento político de la ciudadanía.
Otras experiencias
La propuesta de reducir el financiamiento a los partidos no es nueva, incluso en la propia iniciativa se mencionan antecedentes de otras iniciativas presentadas en el pasado por diversos Grupos Parlamentarios, así como por dirigentes de algunos partidos políticos en el mismo sentido. Así también se refieren las experiencias de legislaciones similares en otros países latinoamericanos, en los que se establece una relación entre el financiamiento público y el desempeño electoral.
Al final del día la propuesta de Kumamoto y Clouthier no alcanzó a discutirse en la Cámara de Diputados al no reunirse el quórum de diputados necesario para ello, y como muchas otras iniciativas legislativas se envió a la congeladora parlamentaria.
Independientemente de lo anterior, la iniciativa tuvo el mérito de regresar a la mesa de discusión nacional la reducción en los costos del financiamiento público a los partidos políticos, y en general del aparato “democrático” mexicano.
¿Qué quedó pendiente?
La gran incógnita de la iniciativa es cómo hacer para que el dinero que se propone ahorrar se use para otros fines. Los promocionales de Kumamoto a la iniciativa transmiten el mensaje de que ese dinero se va utilizar para mejorar las universidades y las pensiones, además de un transporte público digno. Sin embargo, ni en la iniciativa, ni en los comunicados se refiere cómo se planea lograr esos objetivos. Incluso pudiera ser que eventualmente se aprobara una reducción drástica al financiamiento de los partidos, pero que esos recursos se destinaran para comunicación y propaganda gubernamental, bonos a altos funcionarios u otro fin con poco arraigo popular.
Aunado a lo anterior, si vemos con detenimiento el esquema de financiamiento público y fiscalización a partidos políticos, nos podremos dar cuenta de que se trata de recursos que son fácilmente rastreables y fiscalizables porque están ingresados en el sistema financiero.
Es decir, los partidos tienen una cuenta bancaria en la que se les depositan los recursos, y su uso debe ser reportado en un sistema contable en tiempo real al que tiene acceso la autoridad electoral. Esos recursos están divididos en tres grandes rubros: gastos ordinarios, campaña y actividades específicas. En todos los casos, los partidos están obligados a presentar informes de ingresos y gastos, y pueden ser sancionados por alguna irregularidad en éstos.
Todo parece indicar que el problema mayor no está en el financiamiento público, sino en la existencia del financiamiento ilícito que fundamentalmente fluye en efectivo por las venas de las campañas mexicanas, sin que las autoridades encargadas de su fiscalización se percaten de ello.[1]
Por último, en la iniciativa y en diversos comunicados se plantea la idea de que el voto nulo y el abstencionismo sean mecanismo de protesta y que los votos a los candidatos independientes operen como castigo a los partidos.
Sin embargo, resulta difícil pensar que actualmente los partidos o cualquier otro actor en la democracia mexicana pondría en duda el hartazgo, desconfianza y desencanto ciudadano con el rumbo de la política mexicana. Más aún, partiendo de ese desencanto ciudadano por la política, no me queda claro el por qué votar por un independiente necesariamente sería mejor que por un partido. Sobre todo si tomamos en cuenta que gran parte de esos independientes han sido militantes añejos y parte de ese sistema de partidos, y ahora se arropan con camiseta de “independientes”.
En fin, seguramente tendrán tiempo y el espacio para meditar y replantear su propuesta.
Como colofón solo queda esperar a las elecciones de este domingo que seguramente traerán nuevos cambios en el panorama nacional…
[1] Ver. Navarro Fabiola, “David Monreal Ávila y el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización”, en La (in) justicia electoral a examen, UNAM, IIJ, CIDE.