Los acontecimientos de Iguala, Guerrero, me han llevado a pensar en la utilidad que pueda tener compartir con los lectores una experiencia personal podría, tal vez, ayudar a reflexionar sobre el tratamiento del tema de Ayotzinapa y, particularmente, sobre las implicaciones y alternativas que se presentan a partir del concepto de desaparición forzada.
Unos días antes del Paro Cívico Nacional del 18 de octubre de 1983 un grupo de cinco jóvenes que no llegábamos ni a los 18 años de edad nos dispusimos a pintar una barda de los lavaderos públicos ubicados en las esquina de Romero y Cumbres de Maltrata, en la Colonia Niños Héroes de Chapultepec, delegación Benito Juárez del DF.
Comenzamos a hacer la pinta cuando aún había luz del día. No obstante que se vivían ya los tiempos de la Reforma Política que permitió a la izquierda participar en elecciones, tuvimos la previsión de dejar a un compañero cuidándonos en la acera de enfrente. El texto plasmado en la barda era muy sencillo, solamente decía: "Paro Cívico Nacional, 18 de octubre". Se trataba de difundir la primera gran batalla social contra el neoliberalismo.
Cuando ya se estaba escondiendo el sol llegaron dos patrullas de la delegación Benito Juárez. Se bajaron los policías y preguntaron "¿dónde está su permiso para pintar la barda?". Con mucha seguridad les dijimos: "El permiso está en la Constitución, no necesitamos ningún papel, la barda no es propiedad privada, es pública, es de todos".
"Lo que están haciendo es un delito muy grave", nos espetó un uniformado. Acto seguido nos subieron a las patrullas a los cuatro. Dentro del vehículo policial nos golpeaban con la mano abierta especialmente en el pecho y en la espalda. Pensamos que nos llevarían a la delegación, a un juzgado cívico, acusados de una falta administrativa.
Después de un rato, los policías que insistentemente se comunicaban por radio con otras personas estacionaron las patrullas en una calle poco transitada. Nos sacaron de los vehículos y fuimos entregados a unos personajes vestidos de civil que conducían coches tipo Galaxy LTD sin placas.
Al interior de estos coches nos ordenaron agacharnos contra el piso, no mirar a la cara a ninguno de ellos y taparnos la cara con nuestras propias camisetas. Después recorrimos calles y avenidas. Llegamos a un lugar en el que escuchamos que se abrían grandes puertas y entramos a una suerte de desnivel, un estacionamiento subterráneo.
Nos envolvieron toda la cabeza con una venda y con la cara tapada nos llevaron a una especie de "separos" o cuartos. Nos interrogaron exhaustivamente. Nos amenazaron y advirtieron que desconocían cuál sería nuestro destino.
Nos encerraron en un cuarto pequeño y sucio que tenía la luz prendida y así permaneció toda la noche. Nos prohibieron hablar. Algún compañero que emitió un ligero murmullo se hizo acreedor de una golpiza de la que podíamos tener conocimiento por sus gritos de dolor. Nadie volvió a hablar.
Al amanecer nos bañaron a manguerazos, con agua fría. Regresamos al cuarto donde pasamos la noche en medio de insultos y amenazas constantes de muerte. "No saben en lo que se metieron hijos de la chingada. Los vamos a matar", decían a gritos.
Pasaron las horas bajo una gran tensión. La situación parecía eterna hasta que uno de los sujetos dijo: "Parece que los vamos a tener que soltar, ya los rastrearon". La expresión nos regresaba el alma al cuerpo pero también nos daba miedo.
Horas después nos juntaron, seguíamos con los ojos vendados. Escuchamos una voz hostil decirnos: "Escuchen bien, se van a subir a la camioneta, los vamos a soltar. Cuando bajen corran. El que miré hacia atrás le damos un plomazo".
Nos subieron a una camioneta donde estuvimos largo rato con la cara contra el piso. La camioneta no se movía. Todo ese tiempo persistía en nuestras mentes el temor de que nos fueran a disparar de cualquier manera.
Por fin iniciamos la marcha. Después de un rato, sorpresivamente, se abrieron las puertas del vehículo y nos gritaron "¡corran!" Al avanzar desesperados nos dimos cuenta que estábamos en dirección a la Secretaría de Gobernación. Al llegar a la misma nos encontramos con un mitin en el que se exigía nuestra presentación y la de otras personas que también habían sido desaparecidas por los mismos motivos. Ahí estaban doña Rosario Ibarra; Pablo Gómez, secretario general del PSUM; dirigentes de la Asociación Nacional de Jóvenes del Partido Mexicano de los Trabajadores, y nuestros familiares, entre otros. De nuevo estábamos libres y a salvo.
La policía nos detuvo pero nunca nos presentó ante la autoridad. En cambio, nos entregó a unos individuos extraños que nos llevaron a una especie de cárcel clandestina.
Más de 500 personas por aquellos días también fueron desaparecidas y conducidas a cárceles clandestinas. De ellas, alrededor de 150 fueron regresadas después de meses o incluso años.
Cuando escucho al inefable Enrique Peña Nieto pedir al pueblo de México que ya supere el caso Ayotzinapa pienso en la existencia de esa guardia negra, ilegal e irregular pero al servicio del Estado que desaparece a personas por motivos políticos.
El PRI está regreso y el grito de ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!, también.