Opinión

Vitalizar el agua

Especialistas nacionales e internacionales han resaltado la urgencia de actualizar la ley de aguas. | Leonardo Bastida

  • 03/10/2020
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A casi 30 años de haber entrado en vigencia la Ley General de Aguas es urgente un cambio que se adecue a las necesidades actuales de la sociedad y a los escenarios complejos derivados de su acceso inequitativo para ciertos sectores sociales, la urgencia de la garantía del derecho humano del acceso al agua y al saneamiento y el agotamiento de las fuentes de abastecimiento como resultado de una gestión ya rebasada por el aumento de la población, y el crecimiento exponencial de los núcleos urbanos sin planeación. 

Frente a este panorama, y al retraso de una década en su actualización, a pesar del mandato existente para hacerlo después de la inclusión del derecho al agua en el artículo 4 constitucional, esta semana se llevó a cabo el foro “Avances y reflexiones hacia la Ley General de Aguas”, convocado por el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Programa de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se presentaron cinco iniciativas de reforma a la ley desde la perspectiva de la sociedad y la academia. 

Una de ellas fue la de la Iniciativa Ciudadana, que ha trabajado en el tema por ocho años, involucrando cientos de especialistas a través de seminarios, foros y congresos con la participación de pueblos indígenas y comunidades, afectados por la contaminación y la sobreexplotación del agua, usuarios urbanos y empresarios que buscan el buen gobierno del agua

Otra fue de la Coordinación Temática de Medio Ambiente de Morena en la Cámara de Diputados, que realizó un proceso ampliamente participativo de año y medio para generar su propuesta. Y una más, la de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento basada en 35 foros estatales, cubriendo toda la República. 

Como parte de las reflexiones, Leo Héller, relator especial del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, comentó que es urgente la subsanación de los rezagos en la materia a través de la inclusión de la mayoría de los puntos de vista posibles, pero sobre todo, de quienes son afectados directamente por problemas asociados al acceso al agua.

Además de compaginar la Ley con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y los principios de igualdad y no discriminación, tomando en cuenta las condiciones particulares de los grupos en mayores situaciones de vulnerabilidad. Y la participación libre y activa de las comunidades, y de la ciudadanía en general, en la gestión del líquido y la toma de decisiones correspondientes.  

Por otra parte, el relator, quien en 2017 redactó un informe sobre la situación en nuestro país, consideró que el derecho al agua tiene que estar acompañado de otros derechos como el de acceso a la información para contar con datos claros, sin tecnicismos, sobre la disponibilidad de agua, la calidad de la misma, sus costos, sus precios, entre otros datos de interés público. 

A su vez, recalcó que debe priorizarse el uso de agua para consumo humano por sobre todos los otros usos, así que los megaproyectos no deben obstruir la disponibilidad del agua para los grupos humanos y se debe obligar a las empresas a incorporar los principios de derechos humanos como parte de sus principios rectores y de acción.

En el foro, legisladores participantes estuvieron de acuerdo en la obligación del Estado para promover, respetar y garantizar el acceso humano al agua, y dejar de verla como una mercancía o una forma de control político y social. 

Datos como que 70 por ciento de las aguas concesionadas están en manos de sólo 7 por ciento de los concesionarios, que menos del 50 por ciento de las aguas residuales reciben tratamiento adecuado, que alrededor de 10 por ciento de la población aún carece de cualquier acceso al agua y 43 por ciento no cuenta con las condiciones sanitarias necesarias, como un excusado en su domicilio, para un nivel de vida adecuado, y que una de cada seis fuentes acuíferas ya está sobre explotada, demuestran la urgencia de tomar medidas para evitar escenarios catastróficos como la privatización de la misma para consumo humano y el desarrollo de conflictos armados para su acaparamiento.

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