Prácticamente no pasa un día sin que nos enteremos a través de los medios de comunicación, las redes sociales o por familiares y amigos, de múltiples delitos como homicidios, secuestros, agresiones sexuales o asaltos violentos que agravian a la población exigiendo por consiguiente la intervención inmediata de las autoridades. Las constantes desapariciones de mujeres en el Estado de México, la aparición de cuerpos colgados en Uruapan, así como la violación de una joven perpetrada por policías en la Ciudad de México son algunos de los hechos más recientes que han indignado a la sociedad.
Sin embargo, hay un delito que, sin demérito de lo anterior, es de la mayor gravedad por sus consecuencias tanto personales como sociales, pero que generalmente es ignorado, me refiero a la violencia sexual infantil. Se trata de un delito silencioso que, al presentarse en el entorno más cercano a las víctimas y por personas supuestamente de su confianza que debían cuidar de ellos, permanece oculto y no es denunciado por lo que no se cuenta con datos duros que permitan conocer la dimensión real del problema.
Pero gracias al esfuerzo sobre todo de organizaciones sociales, se estima que cerca de 5 millones de niñas y niños han padecido estos crímenes sexuales de los cuales sólo se denuncia 1 de cada 10 casos y se logra justicia en menos del 2%. Algunos estudios han señalado que el 60% se cometen en los hogares por lo que las víctimas difícilmente encuentran a quien recurrir y optan por mantenerse callados, mientras que otros focos de riesgo se pueden ubicar en la escuela, las iglesias o espacios deportivos. Otro dato alarmante es que de acuerdo a una investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, México genera alrededor del 60% a nivel global de la pornografía infantil que se consume, y según Early Institute 1 de cada 5 menores de edad son captados a través de Internet.
Es importante dejar claro que, lejos de lo que se llega a pensar, la vulnerabilidad de niñas y niños no depende de su condición social o económica, los depredadores sexuales están en todos lados. Como se puede apreciar, el nivel de impunidad es enorme, los pederastas actúan con gran libertad y pocas veces las víctimas reciben la atención que requieren cargando con ello el resto de sus vidas.
De todo esto y mucho más se habló en el foro organizado el pasado martes por la comisión de derechos de la niñez y de la adolescencia del Senado, en el que especialistas, organizaciones, representantes de instituciones públicas expusieron la problemática en los distintos ámbitos y desde diversos enfoques, además de que se contó con los testimonios de algunas víctimas en el entorno familiar, indígenas, de pederastia clerical, en el deporte que resultaron muy dolorosas a la vez que ilustrativas.
Esta no es la primera vez que se aborda el tema, pero lo que sin duda puede hacer la diferencia, es que no sólo se contribuyó a su visibilización y a identificar los principales retos que deriven en una agenda común, sino que se asumieron compromisos concretos para discutir, en un formato de parlamento abierto, las propuestas que se presentaron y que van desde: eliminar la prescripción del delito, revisar el diseño institucional para fortalecer a las procuradurías de protección, definir protocolos de actuación así como la sensibilización y capacitación para policías, ministerios públicos, jueces, médicos, psicólogos y maestros, revisar los procedimientos para evitar la revictimización, establecer políticas públicas y programas de prevención, la creación de un registro nacional de agresores sexuales, o abrir el debate en torno a la alienación parental.
La violencia sexual infantil debe convocar a todas y todos sin distingo de ideología o filiación partidista, por lo que esperemos que el ánimo mostrado por los senadores de todos los grupos parlamentarios realmente se traduzcan en acciones concretas y un trabajo efectivo que no dependa de las coyunturas políticas ni se vea entorpecido por esas resistencias soterradas que seguramente se presentarán. Como bien señaló la presidenta de la comisión organizadora, Josefina Vázquez Mota, “es tiempo de romper el silencio que es el paraíso de los victimarios y el temor de las víctimas”.