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Violencia rampante

El Estado debe actuar coordinadamente en todos los niveles de gobierno para que en el país no avancen más los ataques, los actos violentos. | Ivonne Ortega

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Escrito en OPINIÓN el

Desde que inició la campaña electoral, cada día amanecemos con una noticia de actos violentos contra candidatas, candidatos, dirigentes de partidos, y en general, violencia en muy diversos niveles, en ocasiones con efectos lamentablemente mortales.

Hace unos días, en Cajeme, Sonora, balas criminales acabaron con la vida de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal. La violencia lo alcanzó mientras repartía volantes de campaña, con su lema: “Cajeme va a dejar de tener miedo”.

En el otro extremo de la República, en mi tierra, Yucatán, Xóchitl Delgado es una valiente mujer candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Kanasín, un municipio conurbado a Mérida.

Xóchitl se ha enfrentado a los intereses de los grupos de poder enquistados en Kanasín y que han ejercido violencia política de género en su contra. Ella los denunció y los tribunales le dieron la razón. Ahora está en la contienda y va de frente para acabar con la corrupción y la violencia.

Ella y su familia han recibido amenazas de muerte, y ahora tiene que hacer campaña con custodia oficial.

No dejo de preguntarme, ¿quién sigue? ¿acaso en nuestro país ya no es posible ejercer nuestros derechos políticos sin temor a ser violentadas, violentados?

La espiral de violencia que se ha volcado sobre el país no es privativa del proceso electoral. Se trata de un grave problema que no ha dejado de afectar y hacer víctimas entre las familias mexicanas de muchas regiones.

En definitiva, la política oficial de “abrazos, no balazos”, ha sido un rotundo fracaso.

El crimen organizado no solo ha dejado de ser combatido, sino que la conducta permisiva de las autoridades federales ha propiciado que se incrementen las células delictivas y que actúen a sus anchas. Muchas poblaciones del norte, centro y sur del país viven en constante temor por la presencia y ataques de los delincuentes.

Mientras la violencia flagela al país, ¿qué hacen las autoridades federales, que deberían encabezar la lucha por la seguridad? Reciben con toda clase de atenciones a los criminales “por instrucciones superiores”, apapachan y consienten a los familiares de los capos del narcotráfico, y liberan criminales.

El Estado Mexicano ha sucumbido ante la violencia, ante el crimen. Esto no puede seguir así.

La violencia en el proceso electoral es el reflejo de las intenciones de grupos criminales hacia nuestra democracia. El Estado debe actuar coordinadamente en todos los niveles de gobierno para que en el país no avancen más los ataques, los actos violentos.

La urgencia de actuar está presente mientras el presidente que debiera ser de todos los mexicanos, todos los días se ocupa de sembrar más gérmenes de violencia, más encono y más odio. Y es precisamente esa siembra la que más divide a quienes debieran estar ocupándose de la seguridad.

México necesita que los responsables del gobierno dejen de sembrar odio y divisionismo, y asuman su responsabilidad con el país.