Tradicionalmente, la Ciudad de México ha sido un refugio para muchos periodistas, en un país que es en gran parte zona de peligro para el ejercicio de una profesión que es fundamental para el desarrollo democrático de nuestra sociedad. Para continuar cumpliendo ese papel es indispensable analizar los retos que se presentan en la materia y diseñar nuevas soluciones, así como demandarle al Gobierno de la Ciudad y a la Federación que cumplan con sus compromisos.
Por ello, el pasado 14 de agosto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la ALDF, en coordinación con la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, encabezada por el Lic. Valdimir Galeana Solórzano, convocamos al foro “Violencia, poder y libertad de expresión”.
Al evento fueron invitados destacados periodistas, activistas, expertos y legisladores que en tres distintas mesas de trabajo ofrecieron testimonios y reflexiones sobre la situación actual del ejercicio del periodismo en México, las respuestas institucionales que se han dado a esta situación, y sobre el papel que debe desempeñar la sociedad civil en la misma.
El diagnóstico es preocupante. Las agresiones a los periodistas continúan en aumento. Tan solo en el último año, se registro una tasa de crecimiento de alrededor del 60% en el número de agresiones o amenazas registradas contra periodistas. Aún más preocupante es saber que 6 de cada 10 de éstas, provienen de funcionarios públicos.
De acuerdo con información de la Casa de los Derechos de los Periodistas, cuya administradora general, Sara Lovera López, participó en una de las mesas, entre 2000 y 2013, hubo 76 periodistas asesinados y otros 16 desaparecidos. Sólo entre enero y julio de 2014 se han presentado 483 quejas de agresiones directas contra periodistas. Los casos más graves se han dado en Guerrero, Durango, Veracruz y Tamaulipas.
Las respuestas institucionales han sido, en el mejor de los casos, insuficientes. La mayoría de las solicitudes hechas al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación no han sido atendidas.
En muchos casos la libertad de expresión se convierte en una concesión del gobierno que obliga a muchos periodistas a huir por escribir un artículo o un libro, o simplemente por pedir información.
A pesar de lo desolador que pareciera presentarse el panorama, el foro arrojó luz sobre áreas de oportunidad y acciones concretas que se pueden impulsar localmente, y específicamente desde el legislativo, para ofrecer seguridad y respeto al ejercicio de esta profesión.
Llama la atención el caso de la Casa de Protección de Derechos de los Periodistas, surgida en 2010. El Gobierno local adquirió con esta asociación el compromiso de adquirir un inmueble que hasta la fecha no se ha podido instalar, y de destinar recursos para el cumplimiento de sus funciones.
De la misma forma, se presenta una ambiente político propicio para la promoción de leyes que ofrezcan una protección efectiva a los periodistas. Más aún frente una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, que como expuso en el espacio el Mtro. Agustín Ramírez, presidente de la AMEDI, abandona la defensa de los derechos ciudadanos.
Valdría la pena destacar en este espacio el compromiso del diputado Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, con este tema. Durante su intervención en el foro hizo el anuncio de que actualmente se trabaja en un Ley para la Protección Integral de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México.
El periodismo está íntimamente relacionado con libertades fundamentales de cualquier sistema democrático como la libertad de expresión, de prensa y de asociación. También, es una profesión que facilita el goce de distintos derechos humanos como el derecho a la información y en consecuencia tiene implicaciones en la vida diaria de todos los capitalinos. Entre las reflexiones del foro estuvo, por ejemplo, que no se trata únicamente de una libertad individual, sino de un auténtico derecho colectivo.
La Ciudad de México, a través de su órgano legislativo, tiene en sus manos la oportunidad de garantizar una protección efectiva para los periodistas y contribuir de esta forma al desarrollo de la capital del país. No debemos dejarla pasar.