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Violencia organizada en Chiapas

El asesinato del alcalde de Teopisca es un hecho atribuible a la delincuencia organizada, cuya brutalidad se ha hecho particularmente visible en la entidad.

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Escrito en OPINIÓN el

Delinquen porque pueden, porque la probabilidad de que sean detenidos, enjuiciados y sentenciados es prácticamente nula. Delinquen porque las instituciones del Estado carecen de la fortaleza necesaria para prevenir y sancionar sus actividades criminales. Delinquen porque México es un Estado fallido y su actual gobierno “transformador”, pecho-bodega retacada de excusas relativas al uso legítimo de la fuerza contra las organizaciones delictivas.

Delinquen porque, más allá de sus vínculos con policías, agentes del Ministerio Público y jueces corruptos, sus hechos violentos son de enorme utilidad para el gobierno, pues funcionan como catalizadores que —a través del terror— inhiben la protesta y la movilización ciudadanas.

Delinquen porque ejercen sin límites su poder violento contra los habitantes del país, mientras el presidente de la República les llama “gente buena y trabajadora” y pide que no le digan “Chapo”, sino “don Joaquín” al sujeto sentenciado en Estados Unidos, cuyo hijo fue liberado por sus instrucciones, luego de un fracasado operativo diseñado ex profeso para fallar y con ello evitar su extradición.

En Chiapas, la delincuencia organizada ha escalado gravemente su nivel de violencia. A los secuestros, despojos y asesinatos cometidos en la región de frontera Comalapa y San Cristóbal, se suma el homicidio del alcalde de Teopisca, Rubén de Jesús Valdez Díaz. Con él van diecisiete alcaldes asesinados en lo que va del gobierno de López Obrador; veintiuno por ciento más que los ocurridos en el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto y setenta por ciento más, que los registrados durante la administración de su némesis, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Por su parte, el titular del Ejecutivo local, Rutilio Escandón Cadenas, se afana en contener la difusión del hecho criminal, como lo ha hecho durante toda su gestión frente a la violencia atribuible a la delincuencia organizada. No sabe hacer más que imitar a quien cobra como presidente, pues también minimiza la realidad que lo supera y lo embarra.

Convenientemente, la Guardia Nacional mira para otro lado. Sin esforzarse demasiado, espera que la violencia en la zona ayude a contener el fenómeno migratorio, acorde con el interés del gobierno de los Estados Unidos.

Las personas migrantes que logran pasar, pagan cuotas que benefician a las organizaciones criminales, a las fuerzas de seguridad y, desde luego, a los gobiernos corruptos de la bandera política que sean.

Chiapas se pierde. Pierde su paz, su economía. El turismo se reduce; el comercio mueve menos mercancías. La pobreza histórica de la entidad enfrenta ahora una nueva amenaza, más hostil, más perversa. Esta no era la transformación que esperaban los chiapanecos que votaron por Morena.

Los representantes del estado en el Senado de la República callan como momias; no exigen justicia; se saben cómplices de la tragedia que hoy vive el estado, porque durante años, en otras responsabilidades, fueron permisibles y condescendientes con las organizaciones criminales.

En una de sus cuentas de Twitter, la diputada comiteca, Carmen Patricia Armendáriz Guerra, se conduele del asesinato del presidente municipal de Teopisca. Dice que su “querido” Chiapas “ha sido el estado más pobre y abandonado. Pero era un lugar seguro. Ahora impera la inseguridad, las armas y la violencia. Ahora hasta en eso estamos abandonados”.

Va siendo tiempo de que le reclame con mayor vehemencia al habitante de Palacio Nacional, que vive en el país de las maravillas.