Uno de los principales aspectos para que coexista y se desarrolle plenamente un sistema democrático es que la opinión y, sobre todo la participación de los ciudadanos, valga en un Estado libre y soberano. Qué mejor reflejo en una democracia que la concurrencia de la población en elecciones en donde su derecho constitucional a participar y emitir su voto esté garantizado, en donde tenga la plena libertad y la seguridad de que la jornada electoral será una auténtica fiesta cívica en donde los electores confluyan a las urnas a emitir su sufragio por al partido político, coalición o candidato de su preferencia en paz.
Sin embargo, ante lo que ha venido sucediendo y de manera más marcada en esta semana, estamos ante la presencia de diversas acciones que bien pueden inhibir dicha participación ciudadana. Lo sucedido en Oaxaca, en donde de acuerdo a lo comunicado por el Instituto Nacional Electoral (INE)[1], once juntas distritales y la local de la entidad sufrieron la destrucción de diversos materiales de oficina, papelería y equipo. En la sede del INE en Juchitán se sustrajeron paquetes electorales, lo mismo que en Teotitlán de Flores Magón. Es importante referir que dichos paquetes contenían boletas electorales. Estos hechos también alcanzaron al Organismo Público Electoral Local de dicha entidad.
La reacción del INE no se hizo esperar condenando los hechos que dieron como resultado la destrucción de boletas electorales, de listados nominales de dichas localidades y diversos materiales y muebles de oficina; pero en una decisión acertada, ordenaron la reimpresión de las boletas electorales respectivas.
Ahora bien, diversos medios de comunicación refirieron otra serie de hechos ocurridos en otras entidades federativas, entre las que destacan Chiapas, Guerrero, Puebla, Michoacán y Veracruz, en tanto que la disidencia magisterial se manifestó por una insuficiente respuesta del gobierno Federal, por lo que amenazaron con intensificar las protestas en otros estados. También hubo protestas en la sede de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE ubicada en la Ciudad de México.
Ante este panorama, parecería que el país vive un caos por muchas razones: Primero, por que los hechos violentos siempre son registrados como notas importantes que trascienden y porque ante la cercanía de las elecciones son el reflector perfecto para llamar la atención de quienes actúan de esta manera.
Segundo, porque parecería que no existe un Estado de derecho y que las autoridades sólo vigilan de “lejos” a quienes hacen este tipo de actos por demás reprobables, aunque hay que decirlo se tomaron las providencias para proteger a los trabajadores de los órganos electorales, pero eso no es precisamente un estado de derecho.
Tercero, se han abierto canales de comunicación para encontrar caminos hacia una solución a los conflictos sociales e inclusive el gobierno federal, para sorpresa de todos y el enojo de la mayoría, retiró, por decir lo menos, una de las reformas estructurales anunciadas como una de las fortalezas del presente gobierno basadas en la exigencia social de fortalecer, modernizar y reencauzar la educación, y base para incrementar el nivel de desarrollo de nuestro país: la Reforma Educativa.
Con esto último se renunciaba a que los docentes tuvieran que ser examinados y pasar por evaluaciones. Sin profundizar más en este tema por falta de espacio en esta columna, si debo decir que la historia juzgará estos hechos.
Sin embargo, este aparente caos generalizado envuelto en demandas de cierto segmento de la población tiene una intención política, tan evidente queda a la luz pública que los consejeros electorales del INE, además de reprobar cualquier intento de atentar contra la realización de las elecciones, hicieron énfasis en estar en contra de cualquier “método de presión en la búsqueda de intereses particulares que nada tienen que ver con la jornada Electoral”.
El resultado de estos sucesos lamentables son al final, hechos focalizados a los que diversas instancias han exigido la aplicación de la ley; así lo manifestaron las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD en el Senado, en tanto que el PRI en la Cámara de Diputados hizo un llamado a la disidencia magisterial a terminar con la violencia y con ello permitir la celebración de las elecciones que están ya en puerta. Por su parte la COPARMEX, entre otros aspectos, señaló su descontento sobre la suspensión de la evaluación docente e indicó que no deben tolerarse las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en contra del INE. Muchas manifestaciones más han alzado la voz en contra de estos hechos violentos, entre los que destacan además de los que ya referí, los órganos electorales locales, analistas, periodistas, académicos, políticos, etcétera.
Hoy ya es jueves, y ayer terminaron las campañas electorales, y en unas horas del domingo 7 de junio, abrirán a partir de las ocho de la mañana las casi 149 mil casillas electorales que se instalarán en todo el país para estar en posibilidades de que las autoridades electorales puedan recibir la votación de los ciudadanos mayores de 18 años que, dicho sea de paso, son poco más de 83 millones de electores. Nuevas reglas electorales están en práctica y con ello, de manera concurrente a la elección federal, 16 entidades federativas y el Distrito Federal celebrarán elecciones.
Por ello, debe pararse esta situación, deben las autoridades reencauzar los canales de comunicación inmediatos y aplicar la ley, lo merece el país y lo merecen quienes tomarán la gran decisión de darle dirección a nuestra nación con su voto para los próximos tres o seis años según corresponda: Los ciudadanos.
[1] Fuente: INE - Comunicado de Prensa