Todo sistema político debe garantizar, desde su norma fundamental y leyes generales, la seguridad de toda su ciudadanía para que, en sociedad, pueda desenvolverse plenamente teniendo la garantía que varios derechos humanos le protegen.
En un sistema democrático como el nuestro y en pleno desarrollo de las campañas electorales a lo largo y ancho de las 32 entidades federativas que componen nuestra República, la seguridad tanto de candidatos, candidatas, partidos políticos o coaliciones y de la sociedad en general, debe ser un referente obligado del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno, es decir, el nivel federal, estatal y municipal.
Sin embargo, en estas elecciones se ha dado un fenómeno que camina en sentido contrario con lo que todo Estado democrático debe garantizar: la seguridad de su ciudadanía, en este caso, del proceso electoral mismo.
En la presente elección, de acuerdo con la empresa Integralia y que han retomado varios medios de comunicación, la violencia política se ha registrado prácticamente en todo el país toda vez que en 27 de los 32 estados se han registrado al menos uno de los 169 incidentes, los cuales han sido perpetrados por grupos criminales como uno de los fenómenos que más deben de preocupar al Estado mexicano.
De acuerdo con el mismo informe, de septiembre de 2020, fecha en que dio inicio el presente proceso electoral concurrente, es decir, que agrupa elecciones federales con las locales, hasta abril de 2021, se han registrado 2010 víctimas de violencia política destacando que 143 fueron asesinadas y 67 heridas (El Universal 28/05/2021).
Asimismo, es de destacar que entre las víctimas se encuentran activistas, líderes partidistas, militantes de partidos políticos, periodistas, entre otros, por lo que la violencia no solamente está registrada a quienes buscan el voto de la ciudadanía.
Ante este desolador panorama que ha sido calificado por diversos especialistas como el más violento registrado en la historia de México, y que el mismo presenta un registro negativo de la presente contienda electoral en donde están en juego más de 20 mil cargos de elección popular, existen otros elementos que pueden incidir en la contienda electoral.
La violencia política en elecciones puede ser un indicativo que merme las directrices de nuestra democracia, es decir, la violencia puede provocar, entre otros aspectos, los siguientes:
· Podría inhibir la participación ciudadana en determinada región, municipio o entidad, debido al miedo que prevalezca en la ciudadanía ante los hechos violentos registrados.
· Puede ser un elemento que lleve a determinados actores políticos a declinar por presiones aún y cuando goce de la mayoría de las simpatías de los posibles electores.
· Puede ser un aspecto que lleve, por ejemplo, a los partidos políticos a carecer de cuadros que los representen como candidatos o candidatas en elecciones.
· Podría ser un referente de baja representatividad partidista en las casillas que se instalen el día de la jornada electoral.
· La violencia política también podría ser interpretada como la probable incorporación de grupos criminales en la esfera pública, entre otros aspectos.
Por ello, resulta fundamental que el Estado mexicano, insisto, en sus tres órdenes de gobierno y de manera urgente, establezca la coordinación, vigilancia y protección palpable a candidatos y candidatas que lo requieran, y a generar una estrategia que lleve a la población a poder votar en paz y en secrecía por el partido, coalición, candidato o candidata de su preferencia con lo que estaremos fortaleciendo nuestra democracia en contra de aspectos que buscan debilitarla.