Ya a nadie sorprenden los comentarios que, de cuando en cuando, nos regala el Presidente ante lo que considera como incomprensión de la ciudadanía por no reconocer los logros de su administración. Tal parece que conforme pasa el tiempo, las voces críticas cada vez le son más incómodas como lo demuestra la reacción ante el duro pero bien sustentado posicionamiento de la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, respecto a la política de seguridad del actual gobierno.
Resulta incomprensible que Peña Nieto se lamente que la sociedad civil haga bullying a las instituciones, por mostrar su inconformidad y señalar las evidentes deficiencias y rezagos en los diversos temas que integran la agenda pública. Además, el presidente pasa por alto que para poder calificar algo como bullying, se deben cumplir algunas características como la sumisión de la víctima, su incapacidad para defenderse o el abuso de poder por parte del agresor, que claramente no aplican en este caso.
Por ejemplo, no creo que el gasto de 37 mil millones de pesos tan solo en los primeros cuatro años de su gobierno para promocionarse, le permitan aducir que no tiene forma de defenderse ante las críticas de las perversas organizaciones y su activismo en redes sociales. Tampoco las decenas de auditorías del SAT que coincidentemente les han caído parecen sostener esta idea y, en cambio, generan suspicacia respecto al uso faccioso de las instituciones. Pero lo más preocupante, es la absoluta incapacidad para reconocer que algo anda mal, como premisa básica para aceptar ayuda y buscar alternativas de solución.
¿Cómo es posible que se ofendan ante la crítica en temas tan delicados como la grave inseguridad y violencia que padecemos? Si atendemos a la información oficial, en el mes de octubre se cometieron 2,371 homicidios con dolo que representa una cifra sin precedentes, y todo indica que 2017 será el año más violento de la historia reciente, superando incluso por amplio margen al penúltimo año del gobierno de Felipe Calderón que penosamente ostentaba el record con 22,223, pudiendo llegar a 25 mil asesinatos dolosos. Otro dato muy ilustrativo de la situación prevaleciente, es que de acuerdo al Programa Nacional de Seguridad Pública, la meta para este sexenio consistía en alcanzar 12.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo que lo más probable es que cerremos en poco menos del doble.
Si revisamos otros delitos de alto impacto como el secuestro o robo con violencia, encontraremos que los resultados tampoco son muy alentadores, a pesar de que el porcentaje de denuncias es bajo y se pueden maquillar las cifras; al igual que en rubros como desapariciones forzadas y violaciones a derechos humanos en los que también salimos reprobados.
Desde luego tiene razón María Elena Morera al cuestionar al gobierno federal y exigir un replanteamiento de fondo en las tareas de seguridad –y amerita un reconocimiento a la invaluable labor que realiza–, por lo que son inadmisibles tanto la descalificación a la crítica, como los discursos triunfalistas que no corresponden a la realidad. Nuestros políticos deben tener la piel más gruesa para escuchar a la sociedad, y ser más sensibles para atender los problemas.