La violencia basada en el género (VBG) es un término internacionalmente utilizado para describir los actos perjudiciales perpetrados en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Entre los ejemplos de violencia de género que afectan a las mujeres y las niñas en todo su ciclo vital cabe destacar: la violencia política de género.
En el libro “La hora de la igualdad sustantiva. Participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe hispano”, publicado por ONU-Mujeres, el organismo internacional denuncia que la violencia contra las mujeres en el ámbito político es la punta del iceberg de la discriminación y desigualdad que todavía sufren las mujeres que se atreven a disputar el poder político a los hombres, pero también con la ruptura de prohibiciones de los usos y costumbres indígenas.
Pese a lo reprochable de estas prácticas, la violencia política de género se ha encarnado en nuestro país como una forma de preservar y mantener la subordinación de la mujer con respecto al hombre.
México se encuentra plagado de ejemplos de estas aberrantes prácticas, una de las representativas es el caso de Elvia Carrillo Puerto, primera mexicana electa diputada al Congreso de Yucatán en 1923, mujer que al desempeñar su cargo, durante dos años, renunció debido a las amenazas de muerte que recibió.
También se ha documentado el caso de las diputadas electas en 2009 que fueron obligadas a renunciar a su cargo para dejarlo a los suplentes varones; y la violencia contra la indígena oaxaqueña Eufrosina Cruz, quien ganó la elección por una alcaldía, sin embargo en ese municipio no se aceptó su nombramiento “por ser mujer”. Con posterioridad gracias a su lucha fue electa diputada local y federal, teniendo el gusto de que fuera mi compañera legisladora en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión.
En 2015, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR), registró otros casos de violencia política de género, como el asesinato de la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista Aidé Nava González; la golpiza a la candidata a la alcaldía del municipio de Reforma, en Chiapas, y a la panista Yesenia Alamilla Vicente, y la agresión sexual y física contra la consejera electoral Lorena Nava Cervantes, en Oaxaca.
Otro caso de violencia política de género se registró apenas el pasado mes de mayo, cuando la alcaldesa constitucional de Chenalhó, Chiapas, Rosa Pérez Pérez, renunció a su cargo.
La gestión de la presidenta fue impugnada por supuestos malos manejos de recursos e incumplimiento de promesas de campaña, logrando el pasado abril que la presidenta municipal Rosa Pérez presentara solicitud de licencia, misma que el Congreso del estado no procesó de inmediato, por lo que el conflicto interno se profundizó, generando acciones violentas de un reducido número de habitantes que a través de los “usos y costumbres” buscaban imponer al síndico Miguel Sántiz Álvarez.
La primera mujer en ganar la presidencia municipal de Chenalhó, se vio obligada a renunciar después de que pobladores de ese mismo municipio secuestraran al presidente de la mesa directiva del Congreso chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar y al diputado del Partido Verde, Carlos Penagos.
Luego de quebrantar la voluntad de la mayoría a través de la fuerza, el pueblo tzotzil de Chenalhó se fracturó, quedando dividido, registrando enfrentamientos, en donde al menos una mujer de 54 años y una niña de 12 fueron alcanzadas por las balas que les ocasionaron la muerte; la violencia política de género ha alcanzado también al menos a 80 familias del ejido Puebla que han buscado refugio en la cabecera municipal para alejarse de los conflictos generados luego de la renuncia de la alcaldesa constitucional de Chenalhó, Chiapas.
El pasado 17 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el Decreto 216 emitido por la LXVI Legislatura del Congreso del estado de Chiapas y ordenó reincorporar de inmediato a Rosa Pérez Pérez, como presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, cargo para el que fue democráticamente electa.
En la resolución dictada por la Sala Superior se estableció además que las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública de Chiapas deberán implementar medidas de seguridad para proteger la integridad física de la alcaldesa reinstalada, así como para todos los integrantes del cabildo y de la comunidad.
En ese mismo sentido, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas (CEDH) emitió al gobierno chiapaneco la medida precautoria CEDH/MP/08/2016, con la cual pide garantizar la integridad física y la seguridad de Rosa Pérez Pérez luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la restituyó como presidenta del ayuntamiento de Chenalhó.
Hoy en día, en Mártir de Cuilapan (Apango), Guerrero está enfrentando una situación similar, en la que un reducido número de detractores de la democracia, una gavilla violenta que actúa como delincuencia política organizada han protagonizado actos de violencia en contra de la alcaldesa constitucional Felicitas Muñiz Gómez. Le han apedreado y balaceado su domicilio, amenazado a ella y a sus familiares, "levantado" a su chofer, la han extorsionado exigiéndole 10 millones de pesos para "dejarla" gobernar.
El incendio de vehículos propiedad del municipio, el robo de material para construcción también propiedad del municipio (50 tinacos, 6 mil láminas galvanizadas, 76 toneladas de maíz y 50 toneladas de varilla), por un monto aproximado de un millón 600 mil pesos, e incluso el allanamiento de la vivienda de la alcaldesa, son sólo algunas de las acciones violentas por medio de las cuales un pequeño grupo busca orillar a Felicitas Muñiz Gómez, para que renuncie al cargo para el que la eligieron miles de ciudadanos de Apango.
Ceder ante las presiones y la violencia política, además de implicar un retroceso a la democracia desmoronando a través de agresiones la voluntad de la ciudadanía, implicaría al igual que lo atestiguado en Chenalhó, Chiapas, fomentar un desequilibrio de poder y desigualdad estructural entre hombres y mujeres; se alentarían los actos de violencia contra las mujeres y las niñas como una manera de reforzar la dominación masculina, no sólo sobre las mujeres y las niñas individuales, sino las mujeres como una clase entera de personas.
Urge poner un freno total a la violencia política de género para poder alcanzar la igualdad sustantiva en un estado democrático de derecho.
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