La violencia contra las mujeres en nuestro país es inadmisible, no sólo porque cobra vidas y lacera familias y sociedad, sino porque es responsable de la pérdida de valiosas capacidades de millones de personas. Una de cada 3 mexicanas ha sufrido violencia alguna vez en su vida.
El Estado Mexicano, desde hace varias décadas, ha reconocido la existencia de este fenómeno indecente que conspira contra la vida y el desarrollo de las mujeres. Desde hace 3 décadas se han tomado medidas legislativas, punitivas y de creación de instituciones que prevengan, atiendan y trabajen por su desaparición como práctica de discriminación y subordinación de las mujeres.
El problema, que no sólo es responsabilidad pública, ha sido enfrentado, en ocasiones, con toda la fuerza del Estado. Sin embargo, habría que reconocer que lo que parece imposible es el cambio de mentalidades, porque la mayor parte de las prácticas violentas contra las mujeres, a su integridad, su sexualidad, su desarrollo, libertad y vida pública, vienen de los hombres más cercanos a ellas.
Por eso desde el Gobierno de la República se ha dado prioridad, tanto en inversión y recursos, como en programas y el fomento de la participación de la sociedad en su prevención. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres, se ha dado vuelta y se ha reformado el reglamento para la Alerta de Género; se han favorecido los programas de capacitación para funcionarios públicos y de manera sistemática se ha involucrado a los gobiernos de los estados y a los poderes Judicial y Legislativo.
Cabría preguntarse porque aparentemente hemos avanzado tan lentamente. En estos años la tendencia ha ido a la baja, sin embargo, la violencia contra las mujeres estará presente mientras se considere que es natural, que las mujeres deben ser corregidas y llamadas a cumplir obligaciones y papeles del pasado; mientras se otorgue a los varones cercanos el derecho a controlarlas y a castigarlas.
En eso reside el trabajo del INMUJERES, en horadar en la idea de que las mujeres valen menos que los hombres. Crear conciencia, obliga en esta época a trabajar con todos los hombres de la sociedad. La violencia contra las mujeres es inadmisible, contradice el signo de la modernidad y la democracia.
En México tenemos una Ley de Acceso de las Mujeres a una vida sin violencia en cada entidad de la República; existen 332 sistemas estatales y federales donde los tres niveles del gobierno se encargan de prevenir y atender el fenómeno. Aun así, no hemos logrado el cambio de paradigma.
Hoy sabemos que es necesario redoblar el paso. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres lo preside el Secretario de Gobernación; se trabaja estrechamente con las organizaciones civiles de mujeres, se han puesto en práctica los modelos de atención construidos por la academia y estamos trabajando en el área de impartición de justicia.
Tenemos, sin embargo, que transformar las mentalidades autoritarias de nuestra ciudadanía; crear mecanismos de educación y difusión mejor enfocados; nuevas campañas de sensibilización entre la juventud. Hoy se ha detectado que la violencia contra las mujeres y las niñas se fomenta en todos los espacios de la vida, en las relaciones de noviazgo, matrimonio y familiar, pero también en los espacios de trabajo y comunitarios. De ahí que hay que considerar la corresponsabilidad entre el o los gobiernos y la sociedad. El papel de las y los maestros es sustantivo, como el de los ministros de las distintas iglesias para recuperar para las mujeres su humanidad y su prestigio. En eso todas y todos tenemos responsabilidad.
*Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.