Opinión

Violaciones a derechos humanos de un gobierno espía

Por Vladimir Cortés | Artículo 19

  • 22/06/2017
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Un caballo blanco de códigos binarios despliega sus alas y se lanza al ataque, busca traspasar las fronteras digitales y apoderarse del control total de la información, le llaman Pegasus, y es el malware más poderoso que los gobiernos usan como herramienta de espionaje digital. NSO Group, una empresa isarelí, es su creador y el gobierno mexicano, uno de sus clientes.   

La vigilancia arbitraria y abusiva en la vida privada de una persona constituye una violación grave a los derechos humanos. Una afrenta a la liberta de expresión y al libre flujo de información.

De acuerdo a los Estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “tanto a nivel regional como universal se reconoce que las prácticas de vigilancia y la intercepción y recopilación ilícita o arbitraria de datos personales no sólo afectan el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión sino que también pueden ser contrarios a los preceptos de una sociedad democrática.”

El reportaje publicado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth en el diario The New York Times revela sólidas evidencias técnicas del uso gubernamental del programa malicioso Pegasus para infectar los teléfonos móviles de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción con el fin de obtener información confidencial e intervenir sus comunicaciones.

Las acciones perpetradas para intervenir las comunicaciones no son casuales. Coinciden con el trabajo que realizaban los periodistas Carlos Loret de Mola, la organización de derechos humanos Centro Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh) o la periodista Carmen Aristegui y el equipo de investigación que contaba con la participación de Rafael Cabrera y Sebastián Barragán en el portal de noticias (Aristegui Noticias).

Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, víctimas de tortura sexual, discusiones sobre leyes anticorrupción, conflictos de interés, uso de empresas offshore para evadir el pago de impuestos. Todo esto quedó plasmado en el informe que las organizaciones, Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, Social Tic y Artículo 19, elaboraron en colaboración con Citizen Lab, un laboratorio digital e interdisciplinario que pertenece a la Universidad de Toronto para analizar a profundidad cómo opera el programa Pegasus y cómo se vincula con el trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.   

En total, el informe documentó 76 mensajes que usaron como estrategia de intervención, la ingeniería social, una forma personalizada de provocar emocionalmente a una persona para que abra un vínculo que se le envía a través de un mensaje SMS. Una vez que se ha hecho clic en el vínculo, el teléfono se conecta con un servidor que verifica el sistema operativo del móvil para enviar un exploit o secuencia de comandos que toma el control del dispositivo. A partir de ese momento, el control es total. El acceso remoto permite acceder a los mensajes que están cifrados de punto a punto como whatsapp, a las llamadas, activar la cámara, grabar con el micrófono…

Cada licencia de infección, según el reportaje de Ahmed y Perlrot, tiene un costo de 77 mil dólares americanos, aproximadamente 1 millón 400 mil pesos. El gobierno mexicano, según el reportaje, habría gastado desde 2011, 80 millones de dólares en software para espionaje.  

Las acciones de vigilancia no solo comprometen la información personal de las personas. Supone, para el caso de los periodistas, un riesgo para las fuentes de información con las que trabajan. Los mensajes que recibió el periodista Carlos Loret de Mola coinciden con las revelaciones que hizo sobre el caso de las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán. Con la intervención en las comunicaciones, el riesgo es doble, para el periodista y para sus fuentes.  

El gobierno mexicano, a través de su vocero Eduardo Sánchez H., emitió una parca respuesta al reportaje del NYT señalando que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano seas responsables del supuesto espionaje”. Sin embargo, tanto la PGR como SEDENA han adquirido herramientas de espionaje como Pegasus. Además, el mensaje del vocero omitió que las personas que fueron objetivos de espionaje habían hecho una denuncia ante la Procuraduría General de la República.  

Por otra parte, las denuncias tampoco son una garantía de que se sancionen lo delitos. La impunidad es el signo emblemático del gobierno mexicano cuando se trata de delitos cometidos contra periodistas. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) solamente tiene registro de 3 sentencias condenatorias de 798 denuncias por agresiones (47 de ellas por asesinato) que admitió entre julio de 2010 y diciembre de 2016. Esto indica que el 97.7 por ciento de las denuncias no obtuvieron una sentencia.

La vigilancia ilegal contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, merece una investigación exhaustiva que sancione a las personas responsables de intervenir en las comunicaciones. Pero también, será de vital importancia, que se promuevan leyes claras y detalladas sobre las facultades excepcionales de vigilancia del Estado, asegurarse que cualquier acto de vigilancia se base en los principios de necesidad y proporcionalidad, se garantice un efectivo control judicial y sobre todo, que se establezcan mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.


Por Vladimir Cortés, Es oficial adjunto del programa de
derechos digitales en Artículo 19. Ha trabajado como consultor
internacional especializado en derechos humanos, libertad de expresión,
medios de comunicación y periodismo..

@article19mex



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