Opinión

¿Violación a la privacidad o ejercicio de transparencia?

Por: Mtro. Víctor Pichardo.

  • 27/02/2016
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City Manager de la Miguel Hidalgo.

 

El pasado 23 de febrero de 2016 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió un comunicado en el da a conocer que: “investiga y documenta tres expedientes de queja en los que se atribuye a personas servidoras públicas de la Delegación Miguel Hidalgo, actos presuntamente violatorios de los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la honra y la protección de la imagen.” Esto derivado de las transmisiones, realizadas vía Periscope, por el City Manager o director General de Administración de la delegación.

 

Dicha situación ha puesto en el centro de atención a Arne, quien cuenta con más de 43 mil seguidores en Periscope, una nada despreciable cantidad, superando a todos los Secretarios de estado del país, que poseen este tipo de cuentas, y quedando solo por debajo del Presidente Enrique Peña Nieto que tiene 81 mil 500 seguidores. Sin llegar a superar a una de las locutoras de radio con mayor rating en el país, Martha Debayle, a quien siguen 95 mil 200 usuarios.

 

Tomando en consideración que la ahora Ciudad de México tiene, según datos del censo del INEGI 2010, 8, 851,080 habitantes, el impacto de los videos del City Manager, podría considerarse como mínimo. Sin embargo, algunas de sus transmisiones han trascendido a los medios de comunicación considerados como tradicionales, radio, televisión y periódicos impresos, llevando a una sobreexposición mediática a los protagonistas de sus videos, creando a pseudocelebridades, como #LadyBasura y #LordMeLaPelas los cuales son conocidos a nivel nacional, situación que pudo ser la causa de las quejas que se presentaron ante la CDHDF.

 

Dicha situación puede analizarse desde diversas aristas, pero en este espacio hago referencia a tres:

1.- Desde el punto de vista normativo. Las quejas se sustentan en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. Instrumento normativo en el que, a su vez, la delegación sustenta el uso de Periscope (artículo 19), lo que abre la puerta a un debate que podría impactar en diversos temas relacionados con los derechos humanos, el uso de internet, la rendición de cuentas y la delimitación del actuar de los funcionarios públicos en un contexto digital.

 

Lo que deja la definición del tema de la violación de la privacidad en las manos de las áreas jurídicas de la CDHDF, la delegación Miguel Hidalgo y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), e incluso podría trascender al ámbito Federal y llegar a alguna instancia internacional.

 

2.- El cambio de paradigma dominante acerca del uso de las redes sociales como espacio de denuncia ciudadana. Hasta el momento, las redes sociales se habían enfocado, principalmente, a evidenciar las deficiencias y abuso de las autoridades. Fórmula que ha sido invertida por Arne, quien a través de Periscope exhibe las presuntas infracciones que comete la ciudadanía, lo que el funcionario define como un ejercicio de transparencia, hecho que no concuerda con el actual paradigma de la rendición de cuentas.

 

Lo obliga a buscar una respuesta que brinde protección a los ciudadanos ante posibles abusos de autoridad por parte de funcionarios públicos que usen las diferentes redes sociales para exhibir presuntos actos ilegales, así como la emisión de protocolos y/o cambios normativos para que las y los funcionarios hagan un uso adecuado de la tecnología para informar a la ciudadanía acerca de las labores que llevan a cabo, sin que exista una violación de los derechos humanos.

 

3.- El debate que se aproxima. Los juicios de valor, a favor y en contra, que han alimentado twitter, Facebook y notas periodísticas acerca del actuar y las declaraciones de Arne, han fortalecido una corriente de opinión respecto al tema de los derechos humanos, la cual debería preocupar a más de uno, ya que los comentarios vertidos en contra de la CDHDF y su actuar, la están situando como defensora de quienes transgreden alguna ley, lo que sin lugar a dudas afecta la legitimidad del trabajo que realiza dicha Comisión y por ende, pone en entredicho el contenido del tema de los derechos humanos, llegando incluso a presentarse un discurso de odio en redes sociales respecto a este tema.  

 

A manera de conclusión, se puede decir que existen elementos normativos que apuntan a una presunta violación de los derechos humanos de las personas que han sido periscopedas y que este ejercicio no puede ser considerado, como un ejercicio de transparencia.

 

En este sentido, la resolución técnica del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), será en gran medida, más allá de un insumo para la emisión o no de una recomendación por parte de la CDHDF, el punto de partida de un debate, solicitado por la misma Comisión al Poder Legislativo, que esperemos, no solo se enfoque al análisis y posible modificación de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho  la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal o la Ley de la Cultura Cívica de la ciudad de México.

 

De no ser así, se estará perdiendo la oportunidad de encuadrar el actuar de las autoridades de la Ciudad de México a un paradigma que concuerde con el avance tecnológico, teniendo como eje principal, el respecto a los derechos humanos y de actualizar el modelo de comunicación gubernamental dominante, el cual permita añadir a la rendición de cuentas la posibilidad de ser proactiva y no reactiva.   

 

@vicpiang

@institutomora

www.mora.edu.mx

 

*Mtro. Víctor Pichardo.

Politólogo con maestría en Sociología Política por el Instituto Mora. Analista e investigador sobre temas políticos, derechos humanos, perspectiva de género, prevención y atención de la violencia, medios de comunicación, comunicación política y gubernamental, procesos electorales, inteligencia y contra-inteligencia empresarial, políticas públicas y relaciones inter e intrainstitucionales.

 

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