Opinión

Videos y escándalos

Desde el doble rasero del presidente, mientras unos “delinquen”, su hermano recibe dinero de origen y monto desconocidos, “para fortalecer el movimiento”.

  • 24/08/2020
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Algo no está bien cuando la aplicación de la ley y la justicia se subordinan a los intereses y tiempos políticos del jefe del Ejecutivo federal.

Andrés Manuel López Obrador sabe que la exhibición de la supuesta o real corrupción ocurrida en administraciones anteriores, le representa dividendos que no le tocan, si se considera que el éxito o el fracaso de las investigaciones de los delitos corresponde a la Fiscalía General de la República y no al Poder Ejecutivo.

El presidente de la República no tiene la intención de esperar las respectivas resoluciones judiciales para pronunciarse respecto de la culpabilidad o inocencia de quienes han sido denunciados o exhibidos por la comisión de supuestos hechos de corrupción.

Por tanto, el tema Lozoya —y sus correspondientes filtraciones— debe leerse como un asunto que se desenvuelve en un contexto más amplio y cuyos efectos están pensados para incidir en el proceso electoral de 2021, más que en la aplicación justa del Derecho, en el respeto a los principios de presunción de inocencia y debido proceso y en los límites a la máxima publicidad impuestos por la propia Ley General de Transparencia.

De paso, las filtraciones también le sirven como distractores ante el fracaso de su gobierno en temas como el control de la pandemia que —según el propio calificativo utilizado el jueves cuatro de junio por el sonriente vocero y subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell— constituye un “escenario catastrófico”, al haber rebasado la cifra de 60 mil decesos oficiales, amén de que los números relativos al “exceso de mortalidad” podrían superar las 180 mil pérdidas humanas.

Por eso, el primer mandatario se congratuló con la filtración de la denuncia previamente presentada ante la FGR por Emilio Ricardo Lozoya Austin, el 11 de agosto, a la que López Obrador reconoció como “auténtica”, lo que supone la confirmación de su autenticidad, por parte del titular de la fiscalía, quien ha demostrado que la autonomía de esa institución puede ser vulnerada a petición del titular del Ejecutivo.

Alegando transparencia, López Obrador se pronunció a favor de que todos los mexicanos se enteren del contenido de la denuncia, por más que dicha publicidad proporcione una ventaja indebida a quienes supuestamente delinquieron. Al presidente no le preocupa la vulneración del debido proceso ni las consecuencias jurídicas favorables para los señalados, sino el promover el juicio público contra éstos.

Timorato, el fiscal Alejandro Gertz Manero informó, mediante el comunicado FGR 260/20, la apertura de una carpeta de investigación referente al delito relativo a la divulgación del documento indiciario, según lo establece la fracción XXVIII del artículo 225, del Código Penal Federal.

López Obrador sabe que el contenido de la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin es de interés público, aun cuando los dichos de éste, no tengan valor probatorio alguno, a menos que se vean acompañados de elementos que soporten sus dichos o que el Ministerio Público pudiera hallarlos en el transcurso de sus indagatorias.

Por lo pronto, los juicios a priori del presidente no sólo no abonan a la impartición de justicia —que en este caso corresponde al Poder Judicial de la Federación—, sino que representan un atentado contra el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas señaladas en la denuncia de Lozoya Austin.

Ocurre lo mismo cuando el presidente publicita en su conferencia de prensa, el video que exhibe a los ex funcionarios del Senado, Rafael Jesús Caraveo Opengo y Guillermo Gutiérrez Badillo, recibiendo fajos de dinero de origen y destino desconocidos. Para López Obrador, la exhibición de la “corrupción” no puede someterse a la lógica del debido proceso, pues le urge el desprestigio de los señalados.

Desde luego que no tiene la misma opinión respecto de los videos en que se exhibe a su hermano, Pío López Obrador, recibiendo paquetes con dinero, de manos de David León Romero, quien encabezará la nueva empresa del Estado, responsable de distribuir medicamentos y equipos médicos. Mientras unos “delinquen”, otros “fortalecen el movimiento”, dice el “supremo juez” López Obrador.

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