Las redes sociales mostraron de forma casi inmediata las terribles imágenes de policías municipales de Tulum sometiendo y violentando a Víctoria Esperanza Salazar hasta arrebatarle la vida.
La ola de indignación por esta salvaje acción llevó al gobierno de El Salvador, lugar de origen de Victoria, al reclamo y a la condena.
Sin lugar a dudas, la muerte de una mujer a manos de elementos policiales, precisamente a manos de una mujer policía según mostraron las imágenes, nos lleva al cuestionamiento sobre la preparación de las fuerzas de seguridad en nuestro país.
Desde los últimos años del siglo XX; en México se empezó a estructurar un entramado institucional para formar a las policías, sobre todo las estatales y municipales, porque el antiguo sistema centralizado dio paso al reconocimiento de las funciones del municipio libre, particularmente las de la seguridad.
Cuando en la década de los años 90 se decretó la asignación de funciones y recursos en materia de seguridad a los Ayuntamientos, la mayoría de los más de dos mil municipios mexicanos contaba con muy exiguos cuerpos de policía, únicamente los suficientes para resguardar el Palacio Municipal y “vigilar” la cabecera.
Todo cambió con la procuración y financiamiento de más elementos, más patrullas, más equipo. Pero quedaba pendiente el factor humano: la capacitación y la especialización en las habilidades de vigilancia, combate a la delincuencia, investigación incluso.
Entonces se fueron creando academias de policía, institutos de especialización en ciencias policiales, cursos tácticos, capacitación en materia de derechos humanos, protocolos de actuación ante diferentes escenarios de riesgos, protocolos para el uso de la fuerza, leyes específicas…
En paralelo, nuestras sociedades fueron creciendo y cambiando de hábitos, la migración trajo consigo nuevas conductas y costumbres, y llegó una época en que la delincuencia organizada se empezó a infiltrar a las policías municipales y estatales.
Entonces, se establecieron controles de confianza, pruebas especiales para evaluar a las y los elementos de seguridad pública de estados y municipios. Incentivos a los gobiernos para cumplir con la evaluación de sus corporaciones, nuevos fondos y asignaciones para llegar a las metas en número de policías y en su adecuada capacitación.
Pero llegamos al año 2021 y las imágenes de policías matando a Victoria evidencian un absoluto descontrol en el uso de la fuerza y la total ignorancia o lo que es peor: la indiferencia ante los derechos humanos.
Victoria no estaba armada, no representaba un peligro. Se dice que había bebido alcohol, pero incluso así, ella no registraba conductas muy distintas de las que todos los días tienen miles de turistas extranjeros que acuden a la zona.
Sin embargo, fue víctima de un abuso de autoridad y de un trato inhumano y mortal por parte de los policías de Tulum.
Desde luego, tiene que haber justicia. Y tiene que haber un resarcimiento del Estado mexicano a la familia de Victoria, quien estaba huyendo de su país y llegó al nuestro únicamente para encontrar su muerte a manos de quienes debieron estar para protegerla.
Lo ocurrido en ese punto del Caribe mexicano es una llamada de atención sobre lo que pasa todos los días en cada municipio.
Es necesario capacitar y especializar a cada elemento de las corporaciones de seguridad si no queremos que estos lamentables episodios se repitan. Los municipios y los estados necesitan el respaldo de la Federación en la forma de fondos para seguridad, en la forma de un acompañamiento institucional y en la forma de estrategias conjuntas, coordinadas.
La desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) va en sentido contrario al desarrollo de cuerpos policiales bien entrenados. Hay que cambiar esa decisión.