Opinión

Veracruz es la evidencia: Iguala no nos enseñó nada

El estado vive una crisis de inseguridad y violencia sin importar cuánto intente minimizarla el gobernador Duarte.

  • 20/01/2016
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En un año cuatro meses, las autoridades estatales y federales han buscado tomar distancia de las desapariciones forzadas de estudiantes perpetradas en Iguala. Este ha sido un caso emblemático, pues ha exhibido la colusión entre funcionarios con grupos delincuenciales, la elección de narco-candidatos, la violación a derechos humanos, la negligencia institucional. Esto significa que cada una de las autoridades desde sus respectivos ámbitos han tratado de omitir sus responsabilidades de cara a estas acciones que se resumen en delitos de lesa humanidad.

 

Todos lo confirmamos, la noche del 26 de septiembre de 2014, la policía municipal coludida con el narco, en un municipio con un narco-alcalde mató e hirió a transeúntes y privó ilegalmente de la libertad a por lo menos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Posteriormente, las víctimas fueron entregadas a policías corruptos de otro municipio, quienes en contubernio con criminales, perpetraron la desaparición de los jóvenes.

 

Sin lugar a dudas, el caso Iguala generó vergüenza e indignación en un sector importante de la población, empañó la imagen de un gobierno federal que “estaba salvando a México” y derivó en la renuncia del gobernador de Guerrero.

 

Dieciséis meses después, más de 100 personas se encuentran detenidas y en proceso judicial, entre los que destacan el ex alcalde de Iguala y su esposa, los policías de Iguala y Cocula y quienes confesaron ser delincuentes pertenecientes al cartel Guerreros Unidos. Además en este periodo “la mejor investigación hecha por la Procuraduría General de la República” (PGR) se ha visto empañada por cuestionamientos que han hecho de la verdad histórica una gran duda histórica respecto a lo que realmente pasó y de la suerte de los estudiantes.

 

Al mismo tiempo, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y el actual Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, gozan de plena libertad y nadie cuestiona su participación o posible omisión frente a tan terrible ilícito y violación de derechos humanos donde se pudo haber actuado a tiempo y evitado la tragedia.

 

Ni la caída en la popularidad del Presidente de la República y su gobierno; ni las múltiples manifestaciones nacionales e internacionales de repudio ante este evento y apoyo a las víctimas directas e indirectas; ni la mera obligación que, primero como personas y luego como servidores públicos, debería guiar la conducta de autoridades, pudo evitar un nuevo caso de desaparición forzada: el caso de los 5 jóvenes privados ilegalmente de la libertad en Veracruz a manos de la policía estatal y que fueron entregados a un grupo del crimen organizado, de acuerdo con declaraciones del Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras.

 

El lunes 18 de enero, el Fiscal dio a conocer que 7 policías estatales fueron detenidos y están siendo investigados por la desaparición forzada de 5 jóvenes en contubernio con delincuentes locales. Según las investigaciones, todo apunta a que autoridades estatales destacadas en Tierra Blanca fueron los responsables de este ilícito. Esto ocurrió en una entidad en la cual el gobernador en repetidas ocasiones se ha mofado de las víctimas del delitos y ha minimizado los problemas de inseguridad tanto como para refiere a ellas como meros robos de frutsis y gansitos.

 

Las desapariciones forzadas, la violencia en el país, este nuevo caso, son ejemplo y exhiben la simulación y falta de análisis profundo de nuestras autoridades para lograr solucionar eficientemente los problemas, así como muestra el cansancio de la sociedad ante la multiplicidad de este tipo de hechos.

 

Por ejemplo, el pasado 10 de diciembre el Presidente Peña -después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas publicara severas críticas sobre esta situación en México- envió al Senado la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, misma que aún no se ha discutido ni aprobado, siendo que la ley debió expedirse el pasado 6 de enero.

 

La ingenuidad de la medida se puede entender si consideramos que Veracruz- así como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí y el mismo estado de Guerrero- ya contaba desde junio de 2014 con el tipo penal de desaparición forzada de personas sin que esto previniese este último terrible evento.

 

Aunado a esto, la superficialidad de las soluciones propuestas a los problemas del país, se puede observar en el posicionamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y el Ejecutivo Federal sobre la Policía Única Estatal. Gobernadores y autoridades federales han insistido en que la única manera de resolver la corrupción de las policías municipales, coludidas e incapaces de enfrentar el embate de la criminalidad, es la desaparición de las mismas y concentrarlas en una única policía estatal.

 

Bajo este argumento, la solución a la debilidad institucional de la labor policial en los municipios se encuentra en centralizar estrategias, recursos y cadena de mando en las policías estatales que sí representan una posición sólida de contrapeso a los criminales.

 

De primera instancia, me atrevo a afirmar que lo que estamos viendo en Veracruz (aunque sabemos que hay muchos otros casos) demuestra que el argumento no se sostiene. Se desmorona y, con este ejemplo, deberíamos dar carpetazo a un argumento que carece de evidencia sólida.

 

Veracruz vive una crisis de inseguridad y violencia sin importar cuánto intente minimizarla el gobernador Duarte. La entidad, de acuerdo con datos de la PGR es el primer lugar en desparecidos y concentra el 24% de todos los reportes del país, es decir, 1 de cada 4 casos de personas desaparecidas suceden en Veracruz. Además en 2015, la entidad se colocó en el quinto lugar en averiguaciones previas de secuestro con una tasa de 1.12 por 100 mil habitantes, 43% más alta que la nacional, lo que representa 72 casos. Y todo, en un escenario donde, en repetidas ocasiones las autoridades abiertamente han mentido o encubierto la magnitud de los delitos que se padecen en la entidad en las estadísticas oficiales. Esto mismo sucedió en Guerrero y los resultados están a la vista de todos.

 

No puedo dejar de mencionar mi sorpresa ante el silencio de la sociedad con referencia a este caso. Si el caso Iguala, los 43 jóvenes desaparecidos, los fallecidos y heridos, generaron una respuesta masiva de rechazo y enojo, los 5 jóvenes veracruzanos han pasado casi desapercibidos y no han movilizado la respuesta social esperada contra un gobernador y un gobierno que está terminando su mandato y que deja un desastre en muchas materias, en particular en la de seguridad.

 

Es triste afirmar que el dolor de tantas y tantas víctimas no nos ha enseñado cómo fortalecer instituciones, cómo prevenir el delito, cómo generar inteligencia, cómo atender un evento delictivo, cómo atender víctimas, cómo respetar los derechos humanos. Tal parece que la única acción en común son estrategias de comunicación para minimizar el problema. El Estado ha vuelto a actuar en contra de sus ciudadanos; ha pasado otras veces y no siempre ha existido evidencia, en casos como este que sí la hay, no debemos permanecer pasivos.

 

Señor Duarte, usted ha minimizado una y otra vez la gravedad de lo que se vive en su entidad, es hora que rinda cuentas y de la cara por un delito que su gente cometió en contra de ciudadanos.

 

Al mismo tiempo, es importante que, como sociedad, reflexionemos juntos si los supuestos que llevan a una reforma profunda de las policías del país, en un escenario donde la ley en materia que existe desde 2009 y que debía prevenir las evidentes asimetrías y debilidades no se ha cumplido, son el camino que debemos emprender.

 

Veracruz nos enseña que ni minimizando, ni mintiendo, ni ocultando se puede encubrir la dolorosa realidad que vivimos. Veracruz es el claro reflejo de que por lo menos la mitad del país vive una innegable crisis de seguridad humana que alcanza tales dimensiones que no puede esconderse a través de narrativas oficiales.

 

@frarivasCoL

@ObsNalCiudadano

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