Opinión

Venezuela intento fallido

Sin duda la cruzada contra el gobierno de Venezuela en la OEA fue un fracaso monumental.

  • 24/06/2017
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La cuadragésimo séptima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se celebró en Cancún, Quintana Roo. Es la primera vez que México es sede de la reunión diplomática de los 35 Estados miembros, que hasta hace muy poco la conformaban, recordemos que Cuba fue suspendida de sus derechos, a través de la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962, sin embargo, dicha Resolución quedó sin efecto en la organización, a través de un nuevo resolutivo del 3 de junio de 2009 que nulificó los efectos de la anterior determinación. Empero, Cuba, ha decidido desde entonces no participar en la Asamblea General de la OEA de manera unilateral.

Por otra parte, Venezuela, anunció su salida de la organización el pasado 23 de abril, derivado de la convocatoria realizada por el Consejo Permanente de este organismo para analizar la crisis en ese país. Este proceso de separación por parte de Venezuela, no es un mecanismo automático, sino que se trata de un procedimiento que prevé la desvinculación de la organización en los siguientes dos años, a partir de la notificación de denuncia presentada ante la Secretaría General, prevista en el artículo 143 de la Carta de la OEA, por tanto, la ex canciller venezolana Delcy Rodríguez, pudo participar en la Asamblea de Cancún, con el único propósito de bloquear las dos propuestas de resolución sobre la crisis política y social de Venezuela.

Sin duda la cruzada contra el gobierno de Venezuela fue un fracaso monumental, pues no se logró el consenso necesario para que se calificara la Resolución, misma que requería 23 de 35 votos de los Estados representados en la OEA. El resultado de la votación fue de 20 a favor, 8 abstenciones, 5 en contra y 2 ausencias (Venezuela y Cuba).  Ahora bien, cabe preguntarnos qué hubiera ocurrido en caso de aprobarse dicha Resolución, muy poco en términos prácticos, pues las determinaciones de los organismos internacionales de carácter ejecutivo no son vinculatorias, es decir, que no son de obligado cumplimiento y no son exigibles más allá de la potestad de los actores involucrados. No obstante, políticamente puede dar pauta a una intensa presión internacional, además de justificar medidas diplomáticas y económicas en contra del gobierno venezolano en virtud de su desacato a las resoluciones de la OEA y al incumplimiento a la Carta Democrática Interamericana de 2001, que en el artículo 3 refiere “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.”

Ante este escenario, resultó deplorable el bajo nivel diplomático y la mala estrategia política de algunos actores para lograr los consensos necesarios, la retahíla de improperios e insultos intercambiados entre cancilleres y delegaciones, fue la nota principal. La descalificación mutua y las constantes denuncias de los grandes problemas existentes en varias de las naciones participantes, nos mostró, una vez más, lo distanciados que estamos de verdaderas acciones en favor de la democracia y el estado de derecho. La prevalencia de intereses particulares de los líderes de los países participantes, siempre por encima de la edificación y conformación de mejores naciones.

Sin duda los gobiernos de Venezuela y México tienen una gran deuda con sus pueblos: pobreza extrema, desigualdad atroz, crímenes de lesa humanidad, corrupción exacerbada, violencia generalizada, democracia quebrantada. Ninguno se encuentra exento de graves daños y omisiones lacerantes, el problema nodal es que tampoco ninguno muestra el mínimo interés por resolver sus graves problemas internos, sin embargo, vaya paradoja, sí pretenden erigirse en jueces para condenarse mutuamente, todo ello en afán de protagonismos y encomiendas no cumplidas.

Es evidente que las ambiciones por el poder ponen en riesgo el desarrollo político, económico y social del continente americano. Es por ello, que en caso de exigirse el cumplimiento la Carta Democrática Interamericana, dicho apremio deberá ir dirigido a más de uno de los Estados representados en la Asamblea de Cancún.

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