Por años la izquierda mexicana ha manejado como un estandarte el pensamiento antiyanqui y todo lo que huela a gringo es mal visto. El problema para el presidente López Obrador es cómo ha navegado en medio de este pensamiento para no darle la espalda a sus principios, pero al mismo tiempo pedir a Estados Unidos que nos considere un aliado y de paso, si se puede, que nos mande más vacunas.
En esta relación de amor y odio al principio de su mandato, AMLO le juró amor eterno a Trump y con ello le vendió su alma al diablo, y de paso comprometió al país; con ello mandó a su negociador a dar lo que fuera necesario para que se concretara el T-MEC.
Después en su visita a la Casa Blanca despreció reunirse con el entonces candidato a la presidencia Joe Biden, calculando que perdería las elecciones.
Hoy se pagan las consecuencias de estos hechos, por un lado con los efectos laborales que ya sufre en carne propia GM, abriendo un sistema de denuncias que puso contra las cuerdas al sindicato que encabeza Tereso Medina y que en días recientes recibió el más duro golpe al sindicalismo nacional y a la CTM en lo particular, al ser desconocido el contrato colectivo de la armadora en Silao, Guanajuato, y al mismo tiempo desconociéndolo como líder de este sindicato, todo promovido desde Estados Unidos por la USTR.
Esto abre la caja de pandora para todas las empresas que tienen contratos con la central obrera que en algún momento fue una de las más poderosas del país, al tiempo que puede ser la entrada de Napito y otros sindicatos nacionales y extranjeros que se relamen los bigotes para meterse por cualquier rendija a la industria automotriz que no había abierto las puertas a estos sindicatos.
Pero no sólo el tema laboral pone en predicamentos a la industria automotriz y su cadena de suministro, también el gobierno americano, el cual nuevamente por conducto de la USTR ha desconocido los acuerdos y ha expresado una interpretación diferente para el cálculo del Valor de Contenido Regional, que no sólo se incrementó del 62.5% al 75% para los vehículos ensamblados en la región de Norteamérica, sino que hace aún más estricta la forma de cómo alcanzar este porcentaje de integración regional para el ensamble de los vehículos en México.
Como resultado de esta interpretación, la propia secretaria Tatiana Clouthier ha intervenido para tratar de concientizar a la encargada de asuntos comerciales de la Unión Americana Katherine Tai, intentando convencerla de que su interpretación no coincide con el texto del acuerdo en el capítulo de Valor de Contenido Regional; sin embargo, después de varios intentos, la respuesta de la encargada de comercio de Estados Unidos ha sido contundente, nosotros decidimos qué se debe hacer conforme lo interpretamos y háganle como quieran. ¡Quihúboles!
De hecho, la propia Clouthier ya le transmitió el mensaje a la industria automotriz y al parecer lo único que queda por hacer es –redoble de tambores– iniciar un periodo de consultas que durará 75 días. Concluidas éstas, si no se llega a un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, se tendrá que acudir a un panel de controversias, lo que no anticipa una solución en el corto plazo.
Con este ambiente de distanciamiento entre Estados Unidos y México, donde el presidente Biden no trata con AMLO, sino su vicepresidenta Kamala, pues aunque es una súper política no son pares, por lo que se vislumbran tiempos oscuros en la relación entre ambos vecinos y socios comerciales.
Al final haber vendido el alma a Trump parece que no fue una buena idea.
Coincidencias, casualidades…
Ya que hablo de temas escabrosos de justicia, qué les cuento, que la jueza Karla Montes Ortega, a la que un Tribunal de Alzada le ordenó la reposición de procedimiento del cateo a Claudia Sánchez Mayorga, por no haber hecho bien su chamba, ya no será su verdugo... ah no, perdón, la jueza encargada, pues la cambiaron al Centro Federal de Justicia Penal de Juicios Orales con sede en Cuernavaca desde el 16 de agosto. ¿Ella habrá pedido su cambio o la Judicatura lo habrá hecho? Ya nos enteraremos. Por cierto, hoy se debe llevar a cabo la constitucional para ver si le cambian la medida cautelar tras ocho años de prisión, pues el Tribunal de Alzada también le revocó la sentencia y hoy su estatus jurídico es de prisión preventiva. Ya les contaré qué pasa con el chivo expiatorio del Solid Gold, Claudia Sánchez Mayorga, quien ha sufrido un sinfín de vejaciones, cero respeto a sus derechos humanos y ni hablar de un debido proceso.
La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.
* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.