La pregunta ya es un clásico no sólo en comederos políticos, sino en la sobremesa de los ciudadanos de a pie. ¿Quién será capaz de contener la violencia que han desatado supuestos maestros y presuntos estudiantes, para condenar la violencia contra normalistas en Iguala?
Pero a la anterior interrogación ya empieza a sumarse una segunda pregunta que podría ser más reveladora: ¿No pueden con esa violencia o no quieren impedirla?
Lo cierto es que son muchos los indicios de que los tres órdenes de gobierno –municipal, estatal y federal-, parecen haber coincidido en que “el horno no está para bollos”.
¿Y qué quiere decir eso? Casi nada, que tanto munícipes como gobernadores y el propio gobierno federal, están dispuestos a pagar el costo de “no mover un dedo” para contener, evitar y/o sancionar el vandalismo, la violencia, el saqueo, la agresión a policías, la quema de instalaciones públicas y el robo descarado que, en vivo y a los ojos de todos, cometen supuestos normalistas o dizque maestros.
Y a pesar de que en todos los tonos y en todos los foros, la autoridad ha prometido que “no tolerará impunidad”, lo cierto es que en poco más de dos meses –y en rigor desde hace muchos años- los supuestos estudiantes y presuntos maestros son una “casta de intocables”; verdadero crimen organizado que comete toda clase de delitos, incluso algunos de alto impacto como el secuestro.
¿Y quién los sanciona, quién los persigue, quién los castiga? Nadie.
Por lo pronto, todo indica que la consigna tanto en Los Pinos, como en el Ayuntamiento del DF, las casas de gobierno estatales y las oficinas municipales de todo el país, es no tocar a los vándalos, no impedir los saqueos y no castigar los delitos. ¿Y por qué esta montaña de impunidad contra esos integrantes de la nueva modalidad de crimen organizado?
La respuesta se llama miedo; miedo a que la furia del fanatismo expresado en las redes cuelgue del palo más alto a Enrique Peña, a Miguel Mancera y a gobernadores como el de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez.
Miedo a pasar a la historia como “gobiernos represores”, a pesar de que todos los gobernantes en México saben perfectamente que impedir el vandalismo y castigar el saqueo está lejos de la represión; cuando saben que el Estado mexicano y sus tres órdenes de gobierno tienen en la policía y en los cuerpos de “represión” el monopolio de la fuerza.
Y en este caso no actúan, tanto Enrique Peña como Miguel Mancera y los gobernadores y alcaldes de todo el país, porque no quieren darle, en bandeja de plata, un nuevo mártir a los grupos violentos.
Sin embargo, esa “dejadez” confirma que la gobernabilidad del Estado mexicano está seriamente cuestionada; que sirve de poco para garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos de a pie y que, en el extremo, no existe.
¿Qué tiene que pasar para que los gobiernos de Peña, el de Mancera, el de Oaxaca, Guerrero y Michoacán –entre otros-, sean capaces de cumplir con su responsabilidad? ¿La crisis tiene que ser más profunda? Al tiempo.