Van por todo

No es de extrañar que con la llegada de un nuevo gobierno, los espacios en la administración pública se cubran con personas afines a su ideología y a su proyecto, o que pretendan aprovechar la mayoría con que cuentan en el Congreso para impulsar las propuestas que le corresponde presentar al Ejecutivo en los diversos procesos de designación en que intervienen ambos poderes como es el caso de organismos autónomos, órganos reguladores o en el poder judicial.

De hecho se trata de algo bastante común que no debería ser motivo de crítica o preocupación. Lo natural es que los gobernantes busquen conformar equipos políticos y de trabajo con personas de su confianza, e incluso que se destinen espacios para quienes les brindaron su apoyo en la contienda electoral. Pero lo menos que debe esperar -y exigir- la ciudadanía, es que los nombramientos correspondan a los perfiles que demandan los distintos cargos públicos, particularmente cuando corresponden a áreas técnicas o que implican toma de decisiones, y que se respeten los contrapesos que representan los demás poderes así como los organismos especializados que gozan de autonomía constitucional (Banco de México, INE, CNDH o INAI).

Sin embargo esto no es lo que ha prevalecido en los primeros cuatro meses de gestión del presidente López Obrador. Por el contrario, en lo que se refiere a la administración pública federal, son numerosos los casos de funcionarios de carrera que han sido sustituidos por militantes partidistas y operadores electorales sin la preparación y experiencia necesarias en el servicio público, cuyo único mérito es la supuesta lealtad y coincidencia con la visión del presidente.

Lo mismo ha ocurrido con las ternas que ha enviado al Senado y que, por lo general han sido muy cuestionadas ya sea por su evidente falta de independencia o por su baja calificación técnica como fue el ominoso caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en la que terminó por imponerse una decisión que pareció más bien caprichosa, pues los perfiles propuestos no acreditaban ninguna evaluación con un mínimo de objetividad.

De distintas formas, el presidente ha dejado ver su incomodidad hacia todo aquello que considera se le opone o puede interferir con su proyecto político -el cual transciende su periodo de gobierno-, como se evidencia con las constantes descalificaciones al INAI, el desmedido recorte presupuestal al INE, la eliminación del INEE o la presión a los consejeros independientes de Pemex que de plano han optado por renunciar al igual que sucedió en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Tampoco olvidemos que fueron capaces de intentar suprimir de un plumazo la autonomía de las universidades públicas o aliarse con partidos como el PVEM para garantizar amplia mayoría en el Congreso, lo que una vez más demuestra su vocación totalitarista.

Por todo ello, no es difícil pensar que la iniciativa presentada recientemente por el coordinador de los senadores de Morena para crear una sala destinada a atender asuntos de corrupción en la Suprema Corte e incrementar en 5 el número de ministros -lo que va en contrasentido al tan cacareado principio de austeridad-, tiene el propósito de controlar el Poder Judicial a través de los nuevos nombramientos con personajes que les sean cercanos. Como lo ha señalado José Woldenberg, tal parece que hay una clara tendencia a colonizar las instituciones del estado o, dicho de otra manera, en la 4T van por todo sin ningún miramiento, y eso nos debe poner en alerta.

Cuidado con el acoso

@agus_castilla  | @OpinionLSR | @lasillarota



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