Opinión

¿Vale más la vida del delincuente que la del militar?

Se les olvida que el personal militar que vemos en los videos son también ciudadanos mexicanos que tienen derechos humanos y procesales. | César Gutiérrez

  • 25/08/2020
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La filtración del video publicado por El Universal, es un clara muestra que la guerra de filtraciones y desprestigios seguirá, y que no importa a quien tengan que sacrificar con tal de conseguir desacreditar al enemigo. Vieja táctica de las agencias de inteligencia y contrainteligencia. 

El día de hoy 24 de agosto del 2020, el diario El Universal publicó una nota llamada “Esta vivo… mátalo” donde militares ordenan asesinar a un civil. En dicha nota periodística firmada por Iñigo Arredondo, se muestra un video del operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la madrugada del 03 de julio del presente año. Un enfrentamiento entre personal militar y presuntos delincuentes pertenecientes al Cartel del noroeste, con saldo de 12 civiles muertos. La nota menciona de acuerdo con quien la escribe, que el diario tiene un su poder el video y el informe policial homologado de los hechos. Se hace una narrativa según lo que puede percibir del video filtrado por ese medio, donde trata de hacer creer a quien lee la nota, que personal militar sin ninguna agresión previa inicia una balacera contra quien podrían ser presuntos miembros de la delincuencia organizada, pero que del mismo video se puede percibir que no existen detonaciones ni agresiones contra el personal uniformado, donde en la parte final del video del operativo, por la cámara que portan los elementos militares, de acuerdo con los protocolos de operaciones urbanas, se puede escuchar que personal militar manifiesta que “está vivo, está vivo”, a lo lejos se escucha a otro elemento militar gritar “mátalo a la verga”, segundos después termina el video.

Como abogado defensor de militares por los últimos 20 años, me surgen muchas preguntas que me hacen creer que las filtraciones y la nota van mucho más allá de un interés periodístico. Curiosamente las Fuerzas Armadas pasaron de ser desaparecidas, para convertirlas en guardias nacionales, al ser el caballito de batalla del presidente de la república y de la 4T, aunado al hecho de que en días pasados se filtró igualmente por diversos medios de comunicación, la supuesta investigación de la DEA (Drug Enforcement Administration) contra el gobernador panista del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la cual es llevada en México por la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), de la FGR, por presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.

Es curioso que en este juego de filtraciones de videos y acusaciones cruzadas, se quiera atacar a la SEDENA para atacar al presidente de la república y a su gobierno, lo cual en política puede ser una herramienta muy útil. Sumado también al hecho de que un gran sector de políticos, intelectuales, especialistas y organizaciones pro derechos humanos, ven con malos ojos el involucramiento de personal militar en diferentes trabajo que consideran exclusivos de los civiles, manejando de forma incorrecta que existe un militarización del país.

Hasta ahí todo parecería ser una simple vendetta contra la institución que más ha trabajado a favor de la 4T, y más ha protegido al presidente de la república. Pero como siempre en estos casos, los que crean estos ambientes de linchamiento contra las instituciones se les olvida que el personal militar que vemos en los videos son también ciudadanos mexicanos que tienen derechos humanos y procesales, curiosamente eso se les olvida a todos lo que hoy aseguran y afirman que existió una ejecución extrajudicial. Se les olvida a todos esos especialistas y defensores de derechos humanos y del debido proceso, que al asegurar que existió un delito, están violando la presunción de inocencia del personal militar. Que más allá de una institución armada, están haciendo una imputación de imposible reparación contra ciudadanos mexicanos y que en su legítimo derecho pueden pedir no sólo el derecho de réplica, también pueden denunciar estas filtraciones por parte de la autoridad ministerial, ya que es obvio que quien filtró la información del video y el informe policial homologado, no fue personal militar.

Se tiene la mala costumbre de imputar delitos a policías, marinos y militares, ya que como institución no pueden salir a debatir las imputaciones, pero que no se les olvide que en estos nuevos tiempos de respeto a los derechos humanos y al debido proceso, la presunción de inocencia opera en ambos sentidos, eso significa que imputar delitos a la autoridad también es un delito y que estos elementos militares no están solos, ya que existimos mucho profesionistas y especialistas en derecho que los defendemos.

En mi caso en particular seré quien defienda a estos elementos militares ante las instituciones de justicia y las filtraciones mediáticas que se hagan por parte de diversos medios, ya que el que asegura está obligado ha demostrar. Es muy lamentable que un diario tan serio, y de circulación nacional, de forma ligera asegure que existió un delito tan grave como una supuesta ejecución extrajudicial, sin ninguna resolución por parte de la autoridad judicial, violando el debido proceso y la presunción de inocencia de los elementos del Ejército Mexicano.

Como litigante y defensor del personal militar o como nosotros nos denomínanos, defensor del sindicato del rifle, me queda claro que han facilitado mi trabajo al violar flagrantemente la presunción de inocencia del personal militar como lo establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de hechos delictivos de alto impacto. 

Hasta el momento la fiscalía en sus diferentes etapas procesales no ha realizado aportación de datos de prueba que puedan demostrar que los delincuentes no ejercieron un grado de violencia e inseguridad que puso en peligro el bien jurídico tutelado del interés público y social de la población en los supuestos hechos o dar certeza de éstos. Como los establecen las tesis: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. Tesis: 1a. XCV/2013 (10a.) y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.) emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora bien, mientras no se declare su responsabilidad del personal militar mediante sentencia emitida por el juez competente, toda declaración en medios de comunicación es desinformación ante la opinión pública.

Lamentablemente algunos medios de comunicación se han convertido en magistrados y jueces para determinar de manera dolosa que hubo una orden de matar a un grupo de personas inocentes que andaban viajando sobre la carretera. 

Existe un mar de diferencia entre un corresponsal de guerra y la opinión de un periodista que realiza una filtración ilícita de información de una carpeta de investigación, la cual se debe de investigar por la violación al debido proceso. También se puede observar que el video fue editado, ya que únicamente dejan ver lo que necesitan que las personas vean y juzguen, vejándose la presunción de inocencia. Lo que sí es un hecho cierto es que el personal militar es agredido por un grupo armado, portando armas de uso exclusivo del Ejército, que utilizaron ropa tipo militar y equipo táctico.

La ley establece que el estado mediante sus autoridades de seguridad pública y las fuerzas armadas mexicanas, pueden repeler cualquier tipo de agresión por medio del uso de las armas. Debemos tomar muy en cuenta que este grupo armado tiene un alto grado de PELIGROSIDAD, lo que hace la diferencia con un delincuente común, así como su perversidad constante y activa de los integrantes de este grupo armado como autores y participantes de la comisión de un delito. La agresión revela como entendida la saña y maldad manifestada por el sujeto activo del ilícito penal en la realización de actos criminales.

Por último, es importante entender que la vida de un delincuente parece importar más que la vida de un elemento militar. Se nota la molestia que existe en un gran sector de los especialistas e intelectuales que hablan de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior. Todos están molestos por el hecho de que sean las Fuerzas Armadas las encargadas de llevar a cabo la estrategia de seguridad en el país, ya que muchos de ellos se han visto relegados, y no son tomados en cuenta como en administraciones anteriores, tal vez por esa situación sus opiniones van siempre en contra de los elementos castrenses

Es increíble que en ese afán de desprestigiar al Ejército o la Marina, terminen violando lo que según ellos tanto defienden, que son los derechos humanos y el respeto irrestricto al debido proceso de los ciudadanos mexicanos que forman parte de la SEDENA, asegurando situaciones y hechos propios única y exclusivamente de la autoridad judicial, utilizando filtraciones de datos de prueba agregados a una carpeta de investigación, mismos que han sido obtenidos de forma ilegal e ilícita, situación que celebro y agradezco ya que me facilita el trabajo de defensa que tendré que llevar a cabo con los elementos militares que maliciosa y perversamente han sido acusado de un delito que no a manera de indicio pudieron cometer.

No cabe duda, no sé por qué alguien quisiera ser militar. Arriesgan su vida por desconocidos, son poco valorados, les pagan poco, sirven como carne de cañón y además cualquiera puede salir a calumniarlos y acusarlos, sin prueba alguna, solo por el hecho de que no pueden salir a defenderse. Pero se les olvidaba que son ciudadanos mexicanos también y que tienen el derecho de contratar a un abogado particular especialista, como el que escribe esta columna. Porque el espíritu de cuerpo y la hermandad que existe en el sindicato del rifle será una vez más puesta a prueba, pero como siempre saldremos victoriosos de todas las injurias y mentiras de quienes, en su afán de venganza y protagonismo, atacan sin bases a la raza de bronce que todos los días sale a trabajar por el bien de México. 

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